Una masacre a manos de efectivos del Ejército que terminó con la vida de 22 personas, no ha tenido castigo a tres años de perpetrarse el hecho en una bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México, en el marco de la llamada “Guerra contra el narco” comenzada desde hace 10 años.
El crimen cobró relevancia a nivel mundial por su gravedad, sin embargo no ha sido esclarecido desde el 30 de junio de 2014. La impunidad del caso ha puesto en alerta a más de una veintena de organizaciones civiles, que advierten que hechos similares podrían replicarse en el país de aprobarse la Ley de Seguridad Interior, que otorga mayores facultades a las Fuerzas Armadas.
Video vía: Centro Prodh
“La seguridad pública es una tareareservada a civiles y contraria a la formación de marinos y militares, como han reconocido sus propios mandos y como lo demuestran los recientes hechos en Palmarito, Puebla”, dice un comunicado de prensa emitido por el Centro de Derechos Humanos Agustín pro Juárez.
Mientras las autoridades sostenían la versión de que los civiles habían muerto durante un enfrentamiento con los elementos del 102 Batallón de Infantería, testigos y pruebas recabadas por periodistas revelaron que las autoridades encubrieron el ataque contra civiles y además, coaccionaron a las testigos para callar lo que presenciaron.
La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 51/2014, acreditó que existió privación arbitraria de la vida en contra de los civiles, el deficiente trabajo de la Procuraduría General de la República y la condescendencia del Poder Judicial de la Federación ha provocado que al día de hoy no haya nadie rindiendo cuentas por este delito.
Un primer aspecto a señalar en esta falta de diligencia es que no se ha esclarecido ni siquiera el número de víctimas, afirman organizaciones.
En mayo de 2016, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito revocó el auto de formal prisión contra los tres soldados acusados de homicidio calificado al considerar que se requerían más pruebas para acreditar su responsabilidad, sin que la PGR haya hecho mayores esfuerzos hasta ahora por perfeccionar la indagatoria. La resolución del tribunal no significa una exoneración, pero a pesar de los ofrecimientos de pruebas y propuestas de diligencias por parte de la coadyuvancia, no existe en el expediente un avance sustancial.
La CNDH también alertó sobre la alteración de la escena del crimen,“al grado tal que algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo”, cuyas pruebas quedaron evidenciadas en investigaciones periodística, identificadas también por la defensa de una de las sobrevivientes.
Como tercer elemento se suma la falta de acciones para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, revelada por el Centro Prodh hace ya dos años. Veinticuatro meses después, la PGR, dentro de la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/DGASRCMDH/DDMDH/CNDH-1/298/2014, no ha llamado a declarar a los mandos relacionados con la Orden de Relevo citada, con excepción del Teniente Coronel de Infantería Sandro Díaz Rodríguez, quien afirmó que el documento es un “machote” y que existen otras órdenes con las mismas instrucciones. De ser cierta esta afirmación, el Ministerio Público de la Federación debería identificar la identidad del autor de dicho “machote” o del mando que debió supervisar tales órdenes, se lee en el documento emitido por las organizaciones civiles.
“Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente las cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas”, mencionaron.