AGUASCALIENTS, AGS.— La negación y el silencio. Mientras que el municipio y el gobierno de Aguascalientes no han fijado una postura oficial acerca de la desaparición y la tortura que por un lapso de tres horas sufrieron 26 normalistas de Tiripetío, del municipio de Morelia, en Michoacán, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las organizaciones civiles y la dirección de la carrera de derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) se han levantado voces que solicitan castigo para los responsables.
El 9 de junio pasado los normalistas salían de Aguascalientes para regresar a Michoacán luego de haber participado en varias manifestaciones de apoyo a las alumnas de la Normal Rural “Justo Sierra Méndez”, de la comunidad Cañada Honda, Aguascalientes, que exigían la no disminución de la matrícula de 120 a 100 alumnas, y no convertir la escuela en internado mixto.
Al pasar por la colonia Constitución, en el norte de la capital del estado, fueron cercados por patrullas, en su mayoría de la policía municipal (aunque también se encontraban elementos estatales) y fueron obligados a bajar de los dos camiones en los que se trasladaban.
Algunos lograron huir, los menos, fueron detenidos, esposados a camionetas y postes de luz, golpeados y mordidos por perros policía sin ser puestos a disposición de alguna autoridad. Por tal razón, el director de la carrera de derecho de la UAA, Eloy Morales Brand, no duda en señalar que esta detención puede ser calificada como privación ilegal de la libertad, muy cerca de la desaparición forzada.
Al saber sobre el asunto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una investigación y uno de sus visitadores, Roberto Reyes, constató que los estudiantes atendidos en clínicas particulares presentaban heridas provocadas por los elementos de la policía municipal.
Mientras tanto, un grupo de abogados —que optaron por no dar a conocer sus nombres— prepara una denuncia para pedir que se esclarezca la desaparición y tortura que sufrieron ese viernes los 26 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga”.
Al menos diez de los estudiantes fueron encontrados en clínicas privadas de la capital del estado, donde fueron atendidos por lesiones que iban desde heridas profundas en el cráneo, pasando por heridas causadas por mordedura de perro, toques con chicharras en los testículos, hasta, el más grave, atendido por un golpe que le podría provocar la pérdida de un ojo.
Desde el municipio capital argumentaron que el trato a los normalistas equivale a la protección que brinda el estado a personas que están en riesgo de ser linchadas, pues, aseguraron, los jóvenes corrieron ese riesgo por la peligrosidad de la colonia donde fueron detenidos, aunque, de acuerdo con testimonios recabados por Newsweek Aguascalientes, ninguno de los vecinos de esa zona trató de lincharlos y, por el contrario, señalan a los policías como los agresores.
Lo que ocurrió el pasado viernes 9 de junio se investiga de oficio por cuatro diferentes instancias: la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo municipal y la propia Secretaría de Seguridad Pública municipal, cuyo titular, Héctor Benítez López, aseguró que son 87 los elementos policiacos que intervinieron en los hechos.
De los 76 estudiantes michoacanos que se encontraban en Aguascalientes, 36 resultaron con lesiones de diversos niveles de gravedad, lo que para Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, días después de lo sucedido (el 13 de junio) fue una “garrotiza” que, dijo en rueda de prensa, “ojalá les haya servido de lección”.
Momento de la detención de 26 estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga en Tiripetío, Michoacán, por policías municipales de Aguascalientes. FOTO: MÓNICA CERBÓN.
Entrevistados en el interior de una clínica privada donde fueron atendidos, los normalistas relataron que un automóvil chevy blanco se les atravesó varias veces con la intención de que detuvieran su marcha, logrando que uno de los dos camiones se impactara contra una patrulla municipal, lo que los elementos de seguridad habrían usado de pretexto para arremeter con toletes y piedras en contra de los normalistas. Además, testigos aseguran que los policías utilizaron esquirlas para intentar ponchar las llantas de los camiones.
“Corrimos para donde pudimos y nos agarraron. Nosotros pudimos brincar a un terreno, pero de ahí nos sacaron (los policías). Nos hicieron brincar de una azotea, les decíamos que el compañero tenía un pie fracturado, pero no les importó. Nos tiraron al suelo, nos empezaron a patear y a pegar con la macana. Nos subieron a la patrulla y nos esposaron”, declaró uno de los estudiantes.
Los 26 jóvenes detenidos y no consignados fueron apareciendo a diferentes horas de la tarde y noche de ese viernes. Unos con ayuda de ciudadanos lograron regresar a la Escuela Normal Rural de Cañada Honda, otros fueron rescatados por estudiantes.
“Nos detuvieron, nos golpearon, nos fueron golpeando en la patrulla y no sé en dónde nos bajaron, nos amenazaron con que nos fuéramos a nuestro estado o nos iban a matar o a desaparecer. No conocemos la ciudad y no andamos con dinero, no sé si a los demás compañeros los soltaron, no sabemos qué pasó con ellos”, relató un joven.
Contrario a la versión oficial ofrecida por las autoridades del municipio de Aguascalientes, habitantes del fraccionamiento Constitución relataron a Newsweek Aguascalientes cómo los policías violentaron a los estudiantes. Y que, incluso, dieron libertad para que robaran las pertenencias de los normalistas que se encontraban en el interior de los camiones destrozados.
“Para empezar, los policías nos asustaron, nos dijeron que no saliéramos de nuestras casas y que cerráramos nuestros comercios, los normalistas no nos asustaron, sino los policías. Pasó una patrulla llena de muchachos golpeados, escurrían sangre. Algunos vecinos vieron cómo los policías quebraron los vidrios de los camiones en donde venían los normalistas. Corrieron hacia las vías y como no eran de aquí, no se dieron cuenta de que ahí los iban a arrinconar. No se metieron en las casas para robar, ellos con el miedo se metieron en las casas para esconderse, le decían a la gente que los ayudaran para que no los golpearan. Cuando se fueron los policías se quitó el miedo, algunas personas estaban molestas porque los chavos se quisieron meter a la fuerza, tres chavos de aquí sí golpearon a uno, pero nos dimos cuenta de que no fue culpa de los normalistas. Una señora escondió a uno, lo ayudó a llamar por teléfono y vinieron más tarde a recogerlo”, señaló un comerciante cuyo negocio se encuentra por la zona.
“Yo vi cuando soltaron a dos perros contra los normalistas, eran pastor alemán. El gobierno debió de haber arreglado ese problema antes de que los golpearan así, vi también cuando policías aventaban de azoteas a los jóvenes que habían podido subirse y uno se fracturó la pierna. Los policías actuaron con alevosía y ventaja porque ellos tienen el poder, o porque alguien se los mandó, les decían a los normalistas que era su vida o la de ellos”, señaló otro de los testigos.
La versión de los habitantes de la Constitución coincide con múltiples videos dados a conocer en redes sociales donde aparecen los policías como principales agresores.
En un primer momento, los 26 normalistas detenidos fueron trasladados a la Agencia Número 7 de la Fiscalía General del Estado, pero no fueron consignados ni bajados de las patrullas. Lo anterior fue aceptado tanto por René Urrutia, fiscal general, como por Héctor Benítez, secretario de Seguridad Pública Municipal, en entrevistas ofrecidas la mañana del 10 del junio.
“Efectivamente, elementos de la policía municipal estuvieron en las inmediaciones de la Fiscalía, de la Vicefiscalía de Investigaciones, aparentemente, de inicio, con la intención de poner a disposición. Y digo aparentemente porque no lo tengo plenamente confirmado. Sin embargo, en ningún momento el ministerio público ni la policía ministerial recibieron la disposición de ninguna persona por parte de los elementos de policía municipal”, dijo Urrutia de la Vega.
Por estos hechos, elombudsmanen la entidad, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, dijo que, al haber sido detenidos, aunque fuera para protegerlos, los jóvenes debieron ser presentados ante alguna autoridad, lo que no sucedió.
“Incluso, en el supuesto caso del rescate, su obligación era presentarlos ante una autoridad, y habiendo de por medio la probable comisión de un delito que indicaba por lo menos daño en las cosas y lesiones tendría que haberlos presentado al ministerio público, aunque este delito no necesita de privación preventiva”.
Tras el enfrentamiento, Raúl Silva Perezchica, director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), ofreció una conferencia de prensa para anunciar el acuerdo de gobierno para no convertir a mixta la Normal Rural de Cañada Honda y no reducir la matrícula escolar.
Las manifestaciones de normalistas en Aguascalientes comenzaron el 2 de junio pasado, y estuvieron apoyadas por cerca de 500 estudiantes de diversas entidades del país como Zacatecas, Durango, Sonora y Michoacán, quienes se reunieron en esta entidad para protestar y exigirle al panista Martín Orozco, gobernador del estado, que atendiera sus peticiones.
El conflicto desató una seria de opiniones en la sociedad de Aguascalientes, que en su mayoría reprochaban a los estudiantes con comentarios que académicos calificaron como xenofóbicos, como: “Que se vayan o los desaparecemos en fosas comunes” o “Pobres perros que mordieron a los normalistas, les dieron de comer porquerías”.
“Nos faltan 46 (sic), pero hay muchos más que deberían desaparecer en fosas clandestinas”, dijo el locutor de radio Exa, Ro Cortina, arengando a la violencia en contra de las normalistas. Aunque luego se disculpó, los dueños de la radiodifusora no han anunciado alguna sanción en contra del locutor.
Hasta el momento, ningún elemento de seguridad ha sido dado de baja por las agresiones perpetradas contra los normalistas. Desde la CEDH se habla de una recomendación a las corporaciones policiacas sin fecha para publicarse.
Una semana antes de la detención de los estudiantes, estos y policías estatales chocaron en la carretera 45 norte, cuando los normalistas bloquearon por espacio de dos horas el bulevar, provocando la molestia y el tránsito de esa zona industrial de la capital del estado. El desalojo duró no más de tres minutos, pues los estudiantes al verse superados se replegaron a los camiones que los transportaban.