“No
hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del
supuesto espionaje descrito en su artículo”. De este modo respondió la
administración de Enrique Peña Nieto al diario The New York Times que
hoy hizo público que su gobierno ha venido
espiando a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas
anticorrupción.
Este
lunes el diario estadounidense refirió que estos actores se han visto afectados
por el uso de un avanzado programa de espionaje adquirido por la administración
de Enrique Peña Nieto que “en teoría, solo debe ser utilizado para
investigar a criminales y terroristas”.
Daniel
Millán Valencia, Director General de Medios Internacionales de la Presidencia
de México, refirió que para el gobierno en turno “el respeto a la
privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son
valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho”.
En la
carta compartida en Twitter, el gobierno federal invita a “quienes
pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas en su artículo, a que
presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República a fin de que
se puedan realizar las investigaciones correspondientes”.
Al
respecto, el periodista Daniel Lizárraga, de Mexicanos Contra la Corrupción, al
filo de las 8 de la noche escribió en su cuenta de Twitter: “1) No niegan
que compraron el software 2) Ese software solo se vende a gob”.
El informe elaborado por las organizaciones ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC, con asesoría técnica de Citizen Lab, fue publicado este lunes por The New York Times. Estas organizaciones destacan que el uso de malware para espiar es “altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción”.
De acuerdo con el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, el software “Pegasus” infecta los teléfonos inteligentes, luego de que que se envía un mensaje SMS dirigido a una persona objetivo de un ataque que, cuando le es imposible abrir un texto se ve forzada a hacer clic en un enlace adjunto. Cada licencia de infección cuesta aproximadamente 77,000 dólares, es decir, “cerca de un millón cuatrocientos mil pesos provenientes del erario público”.
2:30pm | Activistas
y periodistas mexicanos presentan denuncia por espionaje gubernamental
El
grupo de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas que habrían
sido objeto de vigilancia por parte de un programa adquirido por el gobierno de
México para prevenir actos criminales han presentado este lunes una denuncia
penal contra actos de espionaje.
Los
demandantes han exigido que las autoridades investiguen y castiguen a los
autores materiales e intelectuales de la contratación de este malware. En
la denuncia también se pide que se inicie una reforma de ley para regular estas
prácticas.
“Estos
casos, que no son aislados, permiten presumir la ausencia de proporcionalidad
para realizar prácticas de vigilancia, que inhiben la libertad de expresión”,
dijo Ana Cristina Ruelas, directora de la organización internacional Artículo
19 en rueda de prensa.
“Exigimos
rendición de cuentas por parte del gobierno federal para realizar espionaje,
así como sanciones que mediante abuso de poder ha vulnerado derechos sociales y
humanos”, resaltó.
John
Scott, investigador del Citizen Lab dijo que detrás de los 76 nuevos casos de
espionaje hay “un vigilante tan poderoso que abre la puerta a la
vulnerabilidad de defensores de derechos humanos y periodistas”. Y explicó que
este caso adquiere relevancia porque este tipo de herramientas se comercializan
con la idea de que se van a perseguir criminales.
En un
video, el periodista Carlos Loret de Mola dijo que el espionaje abre la puerta
para que lleguen más abusos como golpizas, levantones, además de favorecer la
impunidad. “Todo va en la misma dirección con distintas magnitudes. Es claro
que quieren que sepamos que saben de nuestros hijos, de nuestros temas
laborales, que buscamos difundir verdades incómodas”, comentó.
“Ahora
podemos afirmar, que somos víctimas de espionaje de una vieja y nueva escuela.
La mejor medida para protegernos debe ser la no impunidad. No queremos más
comisiones de investigación que no han servido para nada”, destacó Mario
Patrón, director del Centro Prodh.
El
activista mencionó que es necesario que la investigación de este caso se
realice de forma independiente, “no hay lugar a dudas de que agentes del Estado
mexicano como el Ejército, la PGR y el Cisen han adquirido esta tecnología”,
mencionó.
La
periodista mexicana Carmen Aristegui resaltó que el presidente Enrique Peña
Nieto está obligado a dar respuesta a la investigación, pues es el responsable
de las instancias que han adquirido los equipos de espionaje. “No sabemos si
los periodistas que han sido asesinados fueron espiados antes, pero da luz a
podemos pensarlo”. mencionó.
“¿Para
qué quería Peña Nieto, la información de un adolescente? ¿Pensaba sacar algo de
ahí para atacar, además de un golpe de censura y de golpes judiciales?
¿Presidente, no le parece siniestro ser capaz de entrar al extremo de espiar a
un joven estudiante, entonces menor de edad?¿Que pensaba hacer con todos estos
temas?”, cuestionó.
“¿Cuántos
delitos ha cometido el gobierno de Enrique Peña Nieto en contra de sus ciudadanos
en este y otros casos?”, preguntó la periodista mexicana.
8:25am | Exhiben
espionaje a periodistas y activistas mexicanos
Un
programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano, el cual a petición
del fabricante solo debería ser utilizado para investigar a criminales y
terroristas, habría sido usado para vigilar a algunas de las personas que han
sido más críticas del gobierno, entre ellas destacados defensores de derechos
humanos, periodistas y activistas anticorrupción, refieren The New York Times
y analistas forenses independientes conforme a decenas de mensajes examinados.
La
investigación publicada este lunes en la primera plana del diario
estadounidense, el cual adelanta conclusiones de un informe elaborado por
Citizen Lab y tres organizaciones mexicanas, menciona que entre los blancos
habrían estado abogados relacionados a la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, el economista, Juan E. Pardinas, director del IMCO, que ayudó a
redactar un proyecto anticorrupción conocido como “Ley 3de3”, Carmen
Aristegui y Carlos Loret de Mola, dos de los periodistas más influyentes de
México, y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales
cometidos por la policía.
En
mayo pasado, diez organizaciones sociales dejaron el Secretariado Técnico
Tripartita (STT), con el que opera en México la Alianza para el Gobierno
Abierto (AGA), al afirmar que la administración de Enrique Peña Nieto no ha
actuado ante el caso de espionaje a investigadores y defensores de la salud en
México, un caso que fue revelado el 11 de febrero pasado por The New York
Times, a partir de un informe técnico elaborado por Citizen Lab, con la
ayuda de las organizaciones SocialTic y R3D.
The New York Times
menciona este lunes que desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas
han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una
empresa de origen israelí. Detalla que el software conocido como Pegasus se
infiltra en los teléfonos para monitorear llamadas, mensajes de texto, correos
electrónicos, contactos y calendarios, con un costo de 77, 000 dólares por cada
infección. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos.
La
empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de
forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para
combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que
han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.
De
acuerdo con el informe de Citizen Lab y de las organizaciones Artículo
198, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC, el principal
método de infección documentado consiste en el envío de mensajes SMS con
enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software
malicioso.
La
investigación tiene documentados cerca de 50 mensajes recibidos en los años
2015 y 2016 por Carmen Aristegui, por su hijo menor de edad, Emilio Aristegui y
por integrantes de su equipo de investigación como Sebastián Barragán y Rafael
Cabrera.
En el
mismo periodo, Carlos Loret de Mola recibió al menos siete mensajes que
pretendían infectar su dispositivo con el malware Pegasus, la mayoría
de ellos fueron recibidos alrededor del extenso trabajo periodístico que llevó
a cabo durante los meses de agosto y septiembre de 2015 respecto de las
ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán.
También
se tiene registro de que los periodistas Salvador Camarena y Daniel Lizárraga,
Director General de Investigación Periodística y Jefe de Información de la
organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI),
recibieron al menos 3 mensajes intentando infectar sus teléfonos en el mes de
mayo de 2016.
El
informe documenta de igual forma que Juan E. Pardinas, Director del
Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO), y Alexandra Zapata,
investigadora en dicha organización, han recibido al menos 4 mensajes
intentando infectar su dispositivo a finales de 2015 y en el mes de mayo de
2016.