TIJUANA, B. C.— Si un policía de Tijuana te salva la vida en un tiroteo, es probable que las balas que usó para protegerte de los delincuentes provengan del mercado negro.
Policías y expolicías viajan a Estados Unidos para comprar municiones e ingresarlas ilegalmente en México. Unos compran para sí mismos, otros compran para revender. Prefieren correr el riesgo de ser detenidos que usar las balas que suministra la corporación porque, dicen, no confían en las municiones que entrega la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Walter Iván Zamora Rodríguez es uno de esos policías. Cruzaba la garita de San Ysidro a Estados Unidos para comprar cartuchos y venderlos en Tijuana a sus compañeros de la corporación. El negocio de Walter terminó el 24 de febrero pasado, cuando fue detenido por un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de San Ysidro, a metros de regresar a México.
Walter escondía en el tablero de su auto más de 700 balas que había comprado esa misma tarde en cuatro tiendas Walmart del condado de San Diego. El día de su detención, un agente federal de Estados Unidos le preguntó por qué traficaba cartuchos. Walter le respondió: porque “es difícil conseguir buenas municiones y equipo en México”.
El caso de Walter está documentado en la Corte Federal del Distrito Sur de California, donde se le investiga por el delito federal de contrabando de bienes, aunque ya se declaró culpable ante el juez, y recibirá sentencia el 7 de julio próximo.
En sus primeras declaraciones, Walter dijo que era policía municipal, luego dijo que tenía diez meses suspendido de la corporación. Pero en la nómina oficial del ayuntamiento aparece como miembro activo e integrante asignado a un “grupo especial”.
La compra de cartuchos en California no es una transacción ilegal o complicada para algunos policías de Tijuana. Vaya, comprar municiones en California no es complicado prácticamente para ninguna persona que esté libre de antecedentes penales.
Como muchos tijuanenses, varios policías gozan de doble nacionalidad, lo que les permite adquirir cartuchos de manera legal.
La venta de cartuchos en Tijuana, tampoco es una tarea complicada. En Facebook, la red social con más usuarios del mundo, hay un grupo privado administrado por siete policías de Tijuana y cuenta con 9,800 usuarios inscritos. En el grupo “Solo Policías” ofertan en precios dólar, las balas que te protegerán mañana.
Otra forma para vender municiones entre policías es de voz en voz. “Yo era uno de muchos que le compraba a Walter”, dice “Vaca loca”, un agente con 11 años de experiencia. Todos los agentes consultados para este reportaje han pedido proteger su identidad, y ellos han definido sus propios sobrenombres. “Vaca loca” está sentado a la mesa de un café en Tijuana. Viste su uniforme oficial y dentro de sesenta minutos empieza su turno de trabajo. Dice que prefiere comprar sus municiones de otros policías porque las que suministra la Secretaría de Seguridad Pública son Eagle, “una marca corriente” que le provoca desconfianza.
En México, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, es la proveedora y reguladora de armas y municiones para todas las corporaciones del país. Y la única marca de municiones que circula de forma legal en México para las policías es precisamente el cartucho Eagle y otros marca Sedena. Los policías consultados prefieren municiones marca Luger o Manchester. Unos más prefieren la marca Federal.
“Vaca loca” sospecha que, además, los cartuchos entregados en la policía de Tijuana son rellenados de pólvora por la propia policía, algo que sería ilegal y peligroso para los agentes porque las municiones podrían explotar en la pistola. La versión de los agentes dice que los casquillos usados en prácticas de tiro se rellenan por la corporación, pero esto no pudo ser comprobado.
De acuerdo con agentes entrevistados, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal solo provee cartuchos una vez, y sucede cuando los agentes ingresan en la corporación. Esto ha sido confirmado por este reportero a través de media docena de policías y expolicías que no se conocen entre ellos, y que fueron entrevistados de manera aislada. Uno dice que cuando ingresó en la corporación le dieron 15 balas y dos cargadores. Otros dicen que recibieron 25 y dos cargadores. Y otros más, dicen que recibieron 30 cartuchos y dos cargadores en mal estado. Todos coinciden en que, después de esa entrega, se abastecieron de cartuchos en el mercado negro.
LOS CARTUCHOS EXPANSIVOS están prohibidos en México, pero un policía compra la caja con 50 balas en 45 dólares, unos 800 pesos. FOTO: MARCO TUILIO CASTRO.
El director de Policía y Tránsito Municipal de Tijuana, Luis Felipe Chan, dice que a los agentes se les abastece de los cartuchos que requieran. “Nosotros tenemos la responsabilidad y obligación de dotarlos y es lo que les damos”.
—Los agentes se quejan de que no es tan fácil conseguirlos y los introducen de manera ilegal en México. ¿Ustedes están enterados de eso?
—Habría que ver. No creo que te lo digan públicamente, pero no es el caso porque hay miles de cartuchos y cada año se programan compras para mantener un stocksuficiente.
—El policía Walter Iván Zamora Rodríguez fue detenido en Estados Unidos contrabandeando cartuchos hacia México y en su testimonio dice que lo hizo porque no es sencillo conseguirlos en el país. Otros más se quejan de la calidad.
—Las corporaciones compran a la Sedena y son cartuchos marca Sedena y marca Águila, pero si los agentes quieren buscar otro tipo de cartuchos especiales o los perforantes, ahora sí que cada quien.
—¿Eso lo permite la corporación?
—Pues no es que lo avalemos, pero ahora sí que cada quien si gusta conseguir cartuchos especiales pues tampoco lo vamos a prohibir.
—Pero es ilegal.
—Sí es ilegal porque contrabandean equipo que no se debe de cruzar por las aduanas. Si cada quien lo quiere hacer por su cuenta pues ya es motu proprio, no es que uno les diga.
“PATA DE PALO” usa cartuchos marca Luger en el cargador de su pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros. FOTO: MARCO TUILIO CASTRO.
Luis Felipe Chan tiene 19 años como agente de policía y apenas seis meses en el cargo de director. Dice que el contrabando de cartuchos sucede desde entonces. “Si quieres vivir, si valoras tu vida, te tienes que equipar por tu cuenta”, dice “Pata de palo”, un policía que tiene siete años en la corporación.
“Pata de palo” compra cartuchos de policías que también contrabandean de Estados Unidos, pero en sus cargadores combina balas marca Águila y Luger. En el cargador de su pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros predominan las balas marca Águila. En el segundo cargador que porta en la fornitura, carga más Luger que Águila. Pero el tercer cargador de su fornitura mezcla cartuchos expansivos cuya marca no recuerda, con otras balas convencionales. “Pata de palo” los extrae y los muestra en sus manos para una fotografía. Los cartuchos expansivos están prohibidos en México, pero él compra la caja con 50 balas en 45 dólares, unos 800 pesos.
“Nariz de reno” es un expolicía de Tijuana que ahora trabaja como agente de seguridad privada. Él dice que, hace diez años, los agentes aduanales que lo inspeccionan en la Puerta México le permitían ingresar una caja de municiones a toda persona que se acreditara como policía. “Nariz de reno” nunca fue detenido contrabandeando municiones a México.
Aunque los municipios de México deben presupuestar cada año recursos propios para equipamiento de sus policías, algunos no lo hacen y basan su operación en subsidios federales. Este es un problema recurrente en todo el país, dice Óscar Vega Marín, exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en México. Vega Marín encabezó el Secretariado en 2012 en la administración que Felipe Calderón marcó por el uso de las fuerzas armadas en todo el país para combatir al narcotráfico. “En muchos casos, los gobiernos locales lo que hacen es utilizar el subsidio y no destinan nada del presupuesto propio para estos fines”, dice el exfuncionario federal.
Uno de ellos es el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), antes nombrado Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun). Vega Marín dice que el gobierno de Tijuana tiene cuando menos veinte años recibiendo subsidios federales para la seguridad, incluso desde antes de que se creara el Subsemun.
POLICÍAS Y EXPOLICÍAS van a Estados Unidos a comprar municiones e ingresarlas ilegalmente en México. Unos compran para sí mismos, otros compran para revender. FOTO: Custom Border Protection
El regidor Roberto Quijano, integrante de la comisión de seguridad del cabildo de Tijuana, dice que estado y federación acordaron unos 370 millones de pesos del Fortaseg, de los que tocarían 70 millones para Tijuana. Para ejercer estos recursos, los gobiernos tienen que presentar proyectos ante la federación. “Pero Baja California es de los estados que menos proyectos presenta”, dice Quijano.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal no ha presentado planes de trabajo para ejercer estos recursos, aunque aún hay tiempo para hacerlo, dice Quijano. Para Álvaro González, abogado penalista y doctorado en derecho constitucional, el contrabando de municiones tiene su origen en la corrupción. “Hay bastante corrupción en el manejo de recursos federales que llegan a los estados y municipios”, acusa González.
En sus diez años de práctica legal, González ha defendido a nueve policías detenidos en la aduana de Tijuana cuando intentaban contrabandear cartuchos. El abogado sospecha que en las corporaciones hay peculado de recursos que finalmente impacta en preparación y equipamiento de los policías. Él, que es un experto en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, cree que hay tres áreas donde no han implementado recursos: los agentes no están preparados para elaborar informes policiales homologados, no tienen capacitación científica y no tienen suficiente equipamiento técnico. Para estas tres áreas hay recursos para capacitación, pero González no identifica policías capacitados.
Pero ha habido algunos avances, reconoce. Antes el policía convertía sus automóviles propios en patrulla porque la corporación no los proveía. Hubo un tiempo en el que los policías de Tijuana veían la corporación como un negocio donde tenían que invertir para ganar, recuerda González. “Era visto como un negocio”, dice el abogado. Eso llevó a un profundo sistema de corrupción del que la corporación aún no se repone, donde el afectado era el ciudadano.
Pero si los agentes siguen invirtiendo recursos personales para comprar municiones, nadie podría descartar que el escenario se pueda repetir.