La Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación en contra de los funcionarios que resulten responsables por ocultar una libreta de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, en la que aparecen nombres y teléfonos de supuestos contactos con el gobierno.
La libreta, que funcionaría como evidencia clave del caso, se ocultó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR durante la investigación de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Según autoridades del gabinete de Seguridad los datos de decenas funcionarios estatales, municipales y federales estaban incluidos en la libreta, entre ellos, los números telefónicos del actual titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Omar García Harfuch.
En múltiples ocasiones, los familiares de los estudiantes desaparecidos en Igual han rechazado la versión oficial de las autoridades y a los mandos policiacos.
La “libreta de contactos” de Guerreros Unidos nunca fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, pese a que Sidronio Casarrubias fue detenido desde octubre de 2014 como parte de la investigación, confirmaron autoridades federales.
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El posible nexo de García Harfuch con Guerreros Unidos, fue expuesta en diversas ocasiones por publicaciones periodísticas. Sin embargo, la Procuraduría General de la República determinó que “hasta ahora” no existen elementos que confirmen la relación de funcionarios con el grupo criminal.
La investigación, de acuerdo con autoridades, se limita en contra de quienes escondieron la existencia de la libreta al entonces subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos, por lo que no existe investigación alguna contra el ex titular de la AIC, Tomás Zerón de Lucio.