En Honduras, la justicia pasa de parecer lejana a volverse completamente
inasible.
El 23 de mayo, por tercera vez consecutiva, el Juzgado de Letras de la
ciudad de Tegucigalpa aplazó la audiencia preliminar en el caso del asesinato
de la defensora de derechos humanos y líder lenca, Berta Cáceres.
El Juzgado aceptó la petición de los abogados de la familia y del
defensor Gustavo Castro, único sobreviviente del ataque en el que Berta Cáceres
fue asesinada el 2 de marzo de 2016, de aplazar la audiencia preliminar de cuatro
de lasocho personas acusadas de haber participado en el crimen para el 7 de
Junio.
¿La razón? El Ministerio Público entregó la información probatoria que desde
hace meses habían solicitado tanto los abogados de la familia y del defensor
mexicano, como la defensa de los acusados, apenas el viernes 19 de mayo. Dicho
tiempo es a todas luces insuficiente para revisar la información y para
permitir que los abogados pudieran prepararse adecuadamente para la diligencia que
iba a ser realizada el 24 de mayo.
Ya el 19 de abril, la audiencia había sido suspendida apetición
de los abogados de los acusados y de la representación legal de la familia de Berta,
debido a que el Ministerio Público hondureño no había entregado la información
probatoria completa en la que basa su acusación. El 28 de Abril fue
suspendida otra vez porque la información todavía no se hallaba disponible.
Los aplazamientos reiterados de esta audiencia con la que se dará inicio
formal al proceso, derivados de la omisión reiterada del Ministerio Público de
entregar las pruebas, primero, y hacerlo a tiempo, después, generan muchos
interrogantes sobre la auténtica voluntad de las autoridades hondureñas de
investigar cabalmente y de manera independiente el crimen de Berta Cáceres.
Foto: Cuartoscuro
A más de un año del asesinato, la justicia se desdibuja como una
esperanza vana frente al crimen que marcó un antes y un después para quienes
defienden los derechos humanos en Honduras.
Pero nada de esto es una novedad.
Honduras es uno de los países donde la impunidad es la norma en casos de
ataques contra personas que defienden los derechos humanos.Esta impunidad alienta
que sigan muriendo más personas que son vistas como blanco legítimo de ataques
porque cuando atreven a defender
el medio ambiente son clasificadas como una “enemigas del progreso”.
En una muestra más de que el Ministerio Público no se preocupa por
rendir cuentas en su lucha contra la impunidad, no se presentó a participar en
una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar el
cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a la familia de Berta Cáceres y
al COPINH. No sobra señalar que Berta Cáceres fue asesinada a pesar de que ella
misma había sido cobijada por medidas de este tipo y de que las autoridades hondureñas
tenían el deber de protegerla.
Así, el riesgo es que nunca se haga justicia y que el nombre de Berta Cáceres
engrose la larga lista de personas que fueron asesinadas por el solo hecho de proteger
los recursos naturales de los que todos dependemos para sobrevivir.
Desde hace años, las autoridades Hondureñas hacen oídos sordos a las
innumerables voces que en cada rincón del planeta cuestionan la realidad que
viven quienes allí dedican su vida a la defensa de los derechos humanos.
Liliana María Uribe Tirado, miembro delGrupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE),
quienes están realizando una investigación independiente sobre el asesinato de
Berta, es una de esas voces.
“Nos preocupa mucho la naturaleza secreta del proceso y la falta de
atención a las varias posibles líneas de investigación. Las autoridades
deberían prestar atención a la sistematicidad de las agresiones contra el
COPINH. El crimen contra Berta se tiene que explicar en ese contexto. Hay más
de 12 personas asesinadas del COPINH entonces el nivel de agresión contra la
organización es muy fuerte. Todo eso debería ser parte de la investigación,”
dijo.
A más de 13 meses del asesinato de Berta Cáceres, las preguntas se acumulan
y las respuestas se evaporan.
Una sola cosa es clara: la justicia está en la cuerda floja y las y los
hondureños son y seguirán siendo la principal víctima.
—
Ariadna Tovar es investigadora sobre defensores de derechos humanos en las Américas para Amnistía Internacional.