LOS ATAQUES a la prensa mexicana no solo son perpetrados por las bandas delincuenciales. Provienen, en muchos casos también, de los poderes instituidos. Es el caso de lo que ocurre actualmente en el estado de Guanajuato, donde el Congreso local pretende aprobar una iniciativa titulada “Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato”.
Al momento de escribir este artículo, se tiene agendada la votación de esta iniciativa de ley para el día de mañana, jueves 25 de mayo. De aprobarse, lo que estaría en juego, de manera paradójica, es nada menos que la seguridad e integridad de las personas que la citada ley buscaría proteger.
¿Qué aporta esta iniciativa? En realidad, es difícil dilucidarlo. Su estructura interna es caótica; su técnica legislativa es pésima; su aparato conceptual es paupérrimo; y en general, su visión de lo que es el periodismo y el activismo a favor de los derechos humanos es, por decir lo menos, descontextualizada y anacrónica.
¿Cuáles son las deficiencias de la Ley? Ahí sí pueden contabilizarse por decenas. El primero, es que no asume que, en el fondo, lo que debería proteger es la libertad de expresión y la prensa libre; así como generar una potente estructura institucional y presupuestaria para garantizar la seguridad y la viabilidad de las acciones que desarrollan las personas defensoras de derechos humanos.
La iniciativa no incorpora, además, principios fundamentales del orden jurídico nacional: principio de máxima publicidad; criterios amplios en torno a datos abiertos; mecanismos de sanción administrativa eficaces, para funcionarios que intimidan, amenazan o intentan restringir la libertad de expresión; regulación del gasto gubernamental, estatal o municipal, en materia de comunicación social; o bien, apoyos para el crecimiento o consolidación de medios de comunicación independientes.
Por el contrario,la iniciativa es desproporcionada en los mecanismos de regulación y control a la prensa, los cuales resultan oprobiosos en un contexto de democracia y libertades: a) establece la creación de un directorio estatal de periodistas y defensores de derechos humanos; b) establece un capítulo de “deberes para la prensa”; c) establece mecanismos ambiguos, que de hecho limitarán el acceso a información y generación de datos a partir del trabajo en campo o recintos públicos; d) establece medidas restrictivas de la libertad de expresión, bajo el argumento del “respeto a la dignidad humana”; e) no propone reformas adicionales a otros ordenamientos jurídicos, que permitan una protección judicial eficaz para quienes han sido víctimas de violencia u agresiones por el desarrollo de su trabajo.
Por si fuera poco, en el estado de Guanajuato se mantiene vigente el delito de “difamación”, el cual, a la sombra del contenido de esta ley, se puede convertir en el instrumento favorito para que los gobernantes intimiden o pretendan limitar el ejercicio del periodismo.
La iniciativa no considera además que vivimos en un mundo digital, en donde las redes sociales, y en general las distintas plataformas de internet, han llevado al periodismo a una nueva etapa que, por la evidencia mostrada en la iniciativa que aquí se comenta, ni es asumido ni mucho menos comprendido por quienes promueven y defienden la iniciativa.
Dejar pasar esta ley es abrir la puerta para que otras legislaturas, de espíritu reaccionario y partidarias de gobiernos proclives a la corrupción y la violencia, pretendan utilizar la puerta trasera, como ocurre ahora en Guanajuato, para cerrarle el paso al periodismo y el activismo crítico e independiente.