El espionaje cibernético dirigido a activistas y defensores de los derechos humanos por parte del gobierno de México, el incremento súbito de las amenazas a la libertad de expresión que aumentan la desconfianza e impiden el diálogo entre pares con el gobierno y el enfriamiento de las relaciones con las organizaciones participantes de la Alianza para el Gobierno Abierto, fueron las razones por las que las organizaciones de la sociedad civil que conformaban esta iniciativa surgida en la ONU, y de la cual forman parte siete países más, decidieran abandonarla.
Conformada por Artículo 19, CIDAC, Contraloría Ciudadana, Cultura Ecológica, Fundar, GESOC, IMCO, Observatorio Nacional Ciudadano, SocialTic y Transparencia Mexicana, la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP, Open Government Partnership, por sus siglas en inglés), representantes de estas organizaciones anunciaron este martes de manera conjunta la decisión de salirse del proceso de colaboración por falta de
condiciones de co-creación y diálogo.
VIDEO: Denuncian espionaje del gobierno de México a activistas
“En México no existen las condiciones para una
participación libre y segura de la sociedad civil que permitan avanzar en la
agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto. El espionaje dirigido a defensores de
derechos humanos y el incremento súbito de las amenazas a la libertad de
expresión aumentan la desconfianza e impiden un diálogo entre pares con el
gobierno. El núcleo de Sociedad Civil abrirá un
expediente a través de la Política de Respuesta que será enviada al Comité
Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto”, señalaron durante el evento celebrado en la Ciudad de México.
Las organizaciones, que trabajaban desde hace cinco años con el gobierno federal el Insituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) puntualizaron que en México no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil que permita avanzar en la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto, destacando la evidencia revelada en un informe técnico elaborado por Citizen Lab con la ayuda de ONG locales
de derechos digitales, SocialTic y R3D,
y publicada por el periódico The New York Times el pasado 11 de febrero de 2017
acerca de la participación de diferentes oficinas del gobierno mexicano en la vigilancia digital ilegal a por lo
menos tres destacados investigadores y defensores de la salud en México.
Dos de estos tres defensores colaboran en instituciones que trabajan en conjunto con la Sociedad Civil y el gobierno en la
iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), en específico para la
construcción del compromiso de Obesidad del Tercer Plan de Acción / 2016-2018.
Ante dicha situación, las organizaciones exigieron al
Poder Ejecutivo Federal (representado por la Secretaría de la Función Pública)
y a los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), contrapartes en el Secretariado Técnico
Tripartita (STT), actuar de manera efectiva ante este delicado asunto, pero no hubo una respuesta concreta en más de
tres meses.
“Esta vigilancia resulta ilegal, como sistema
de control y sin que medie una orden judicial, deja en estado de indefensión a los ciudadanos y vulnera su privacidad (…) además de ser una práctica asociada
a estados totalitarios contraria a la apertura gubernamental que se
promueve a través de los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto”.
A lo anterior se suma la actuación de
distintas dependencias del Ejecutivo Federal que buscaron “disminuir el alcance o modificar sustantivamente, de
manera unilateral, los compromisos y
líneas de acción tal y como fueron acordados en las mesas de trabajo del
año pasado para llevar a cabo la agenda planteada para el Tercer Plan de
Acción”, acciones que llevaron a que de manera unánime, las diez organizaciones
que lo conforman concluyan su participación tras más de cinco años de trabajo en dicho espacio de interlocución.
“Continuaremos trabajando para impulsar la
agenda de apertura gubernamental en el país con la intención de construir las
condiciones necesarias para que el gobierno abierto en México sea una
plataforma de trabajo confiable y fortalecida, que retome los principios de
diálogo y colaboración para la resolución de problemas públicos”, expresaron los representantes.
Por último, anunciaron que iniciarán la apertura de un expediente a través de
la Política de Respuesta (Response Policy)
que será enviada al Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto
(Open Government Partnership).