Una convulsión de indignación sacudió a México por la trágica noticia del brutal asesinato de Javier Valdez Cárdenas, un renombrado reportero sinaloense por su intrépida labor periodística sobre la guerra contra el narco que ha sembrado el caos en todo el país.
Su trabajo era especialmente conocido en su ciudad natal de Culiacán, Sinaloa, donde miles de personas son rehenes virtuales de una lucha entre los despiadados cárteles de drogas y un gobierno que, en el mejor de los casos, es incapaz de proteger a la ciudadanía y en el peor, está coludido con quienes afirma combatir.
Javier fue abatido a tiros por hombres no identificados cerca de las oficinas de Riodoce, el semanario que fundó y uno de los pocos del estado que siguen informando sobre la oleada de muertes que asola la región.
Al conocerse la noticia del tiroteo que segó su vida, comenzaron a llegar mensajes desde todos los rincones de México… y el mundo entero. Javier fue un periodista reputado como una fuente de información confiable, y gozó del respeto de todos cuantos lo conocieron.
Sin embargo, uno de los mensajes enviados a la zaga de su muerte resaltó entre los demás; tal vez porque resultaba irónico.
Poco después que se hizo pública la noticia del crimen, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tuiteó que su gobierno estaba “comprometido con la libertad de prensa” y que había dado instrucciones a la fiscalía federal de ayudar con la investigación iniciada por las autoridades estatales.
El presidente Peña Nieto no debió escandalizarse por el homicidio de Javier. De hecho, de haber estado al tanto de las noticias, desde enero, ni siquiera se habría sorprendido.
Desde que inició 2017, Javier es el sexto periodista asesinado en México como castigo por su trabajo. A decir de la organización Article 19, 106 reporteros han sido asesinados en el país desde el año 2000, 33 de ellos desde que Peña Nieto ocupara la presidencia, hace casi cinco años.
Eso equivale a un periodista asesinado cada mes.
El periodismo en México es un negocio mortal. Maximino Rodríguez, Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Jonathan Rodríguez y Javier: todos murieron desempeñando una profesión que no solo debiera ser celebrada, sino protegida por las autoridades.
Los periodistas están a la vanguardia de la crisis de derechos humanos en México. Para muchos de ellos, parte de la rutina diaria es jugarse la vida para arrojar luz sobre los males que corroen al país. Y la situación se agrava conforme te alejas de la Ciudad de México. Acosados por poderosos carteles de drogas, e ignorados por las autoridades locales y federales (quienes, a menudo, es bien sabido que están coludidas con grupos criminales), los reporteros no tienen adónde correr para protegerse. Con todo, su inquebrantable compromiso los impulsa a seguir adelante, a pesar de las amenazas, los peligros, y el magro reconocimiento y apoyo.
Muchos de los caídos desde enero, incluido Javier, informaron haber recibido numerosas amenazas antes de ser asesinados.
El mes pasado, Javier reveló a Index on Censorship, una organización que trabaja por la libertad de expresión: “He recibido llamadas ordenándome que deje de investigar ciertos asesinatos o a ciertos capos. He tenido que suprimir información importante porque, si la menciono, podrían matar a mi familia”.
Sin embargo, una y otra vez, las autoridades han ignorado esas amenazas.
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Las investigaciones de los 106 periodistas asesinados desde el año 2000 han sido superficiales, en el mejor de los casos. Y jamás se ha responsabilizado a un sospechoso por alguno de esos crímenes, lo que ha enviado el mensaje escalofriante de que matar reporteros está permitido.
En 2010, México inauguró con orgullo una fiscalía especial para crímenes contra la libertad de expresión, pero, hasta ahora, dicha fiscalía ha demostrado una absoluta ineficacia, y lo mismo ha hecho el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, otra iniciativa de la que mucho se jactan las autoridades.
No queda la menor duda de que la oleada de ataques contra periodistas va en aumento. Entonces, ¿por qué las autoridades no se esmeran en clausurar esta “temporada de caza” contra los trabajadores de los medios?
¿Acaso tienen miedo de lo que estos reporteros puedan desenterrar?
México enfrenta una crisis de derechos humanos muy grave, con más de 30,000 personas desaparecidas hasta la fecha; las ejecuciones son moneda corriente; y la tortura es el “método de investigación” común de la policía.
Sin la labor valerosa de periodistas como Javier, muchos de esos abusos jamás saldrían a la luz del sol.
Pero, en vez de proteger su trabajo, y reconocer las contribuciones cruciales de los reporteros a la lucha por la justicia en el país, Peña Nieto y su presidencia prefieren concentrar esfuerzos en desplegar al ejército en un intento de combatir la violencia con más violencia, una estrategia que nada hace más que exacerbar una situación que ya se salió de control.
Peña Nieto está equivocado.
Más que tuitear promesas vanas, su presidencia debería concentrar todos sus esfuerzos en desarrollar una estrategia integral para prevenir y responder a la violencia y los ataques contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas. Una estrategia que trascienda los tuits compasivos y los discursos públicos sobre la libertad de expresión, que cuente con fondos adecuados y se implemente de manera eficaz. Y, ante todo, tiene que poner fin a la impunidad casi absoluta de estos crímenes.
Y si la presidencia Peña Nieto no está a la altura del desafío, debe tener la humildad de pedir ayuda a expertos u organizaciones internacionales especializadas en investigar abusos de los derechos humanos, y cumplir, cabalmente, las recomendaciones de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Cuando un periodista reconocido, como Javier, es asesinado a sangre fría, el crimen lanza una amenaza de muerte a todos los reporteros en cada rincón de México. Mientras el país intenta digerir la noticia del trágico fin de Javier, la pregunta que todos se hacen es: ¿Quién sigue?
Solo la acción puede acabar con estas matanzas. Cualquier otra cosa –incluso tuits con lindas palabras- se han vuelto ya inaceptables.