Tráfico de influencias, supuestos vínculos con integrantes del crimen organizado, compras a empresas fantasma y opacidad en la contratación de deuda pública, son algunas de las acusaciones que pesan contra los hermanos Humberto y Rubén Moreira, quienes han gobernado Coahuila por 12 años seguidos, un periodo que ya es denominado por algunos como el “Moreirato”.
Rubén Moreira ha estado inmerso desde el inicio de su administración, en 2011, en señalamientos por presuntos actos de corrupción. Uno de las acusaciones de mayor relevancia ocurrió en julio de 2016 cuando Adolfo Efrén Tavira, un miembro de Los Zetas, declaró en una Corte de Estados Unidos que miembros de la organización criminal habrían contribuido económicamente a la campaña de su gubernatura y además, le habrían entregado una camioneta llena de dinero en 2012, publicó en ese entonces el diario San Antonio Express News, que tuvo acceso al testimonio.
El supuesto enlace de los Moreira con el narco también salpicó a Humberto Moreira, cuando un presunto operador operador financiero del cártel de los Zetas, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, declaró en una Corte de Estados Unidos en julio de 2016 que el exgobernador de Coahuila habría recibido sobornos por al menos 2 millones de dólares, de parte de la organización criminal, estas declaraciones fueron desestimadas por el exmandatario.
El expresidente Felipe Calderón Hinojosa ha acusado en fechas recientes que Humberto Moreira permitió que los principales líderes del cártel Los Zetas vivieran “cómodamente en el estado”, mientras él gobernó la entidad.
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Rubén Moreira prometió a lo largo de su campaña acabar con el crimen organizado. Sin embargo, durante su mandato continuaron ocurriendo crímenes que golpearon la percepción de seguridad en la entidad. Entre enero de 2011 y en agosto de 2012, ya en su administración, 42 personas fueron víctima de desaparición forzada a manos del cártel de Los Zetas en el municipio de Allende. El estudio “En el Desamparo”, publicado en octubre de 2016 por el Colegio de México (Colmex), menciona que detrás de estos delitos está un “operativo selectivo de exterminio” como parte de una venganza planeada por líderes criminales. A la fecha, el número de víctimas del hecho no ha sido aclarado, aunque se habla que podrían ser hasta 300 personas las que fueron desaparecidas.
El de Allende no fue el único caso de “exterminio”. En noviembre de 2016, la organización civil Grupo Vida, integrada por familiares de personas desaparecidas reportó el hallazgo de cientos de fragmentos óseos carbonizados, casquillos de bala y ropa en un ejido llamado Patrocinio, en la Comarca Lagunera, a unos 80 kilómetros de Torreón. En el lugar, las autoridades estatales ubicaron 3488 fragmentos de restos humanos. La autoría de este crimen ha sido atribuida a Los Zetas.
En Coahuila han desaparecido 1627 personas, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob). Para el caso de homicidios, el estado gobernado por Rubén Moreira alcanzó en 2012 la mayor estadística por este delito en el país por 771 asesinatos por cada 100,000 habitantes, tasa que descendió a 226 en 2016.
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Humberto Moreira llegó a ser gobernador de Coahuila como abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto del que posteriormente fue dirigente nacional. En los últimos años ha enfrentado acusaciones de corrupción y presuntos vínculos criminales. Sin embargo fue exonerado recientemente por su hermano Rubén de los delitos de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tan solo 5 meses después de iniciar una investigación sobre el exmandatario estatal priista, según reportó el diario Reforma.
Humberto, involucrado en señalamientos de peculado, lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, gobernó Coahuila desde diciembre de 2005 hasta enero de 2011. Moreira pidió licencia a su cargo para dirigir el PRI nacional durante nueve meses, sin embargo se vio obligado a dejar este puesto tras de enfrentar diversas acusaciones. Su administración, por ejemplo, concluyó, con una deuda pública superior a 30,000 millones de pesos. Rubén prometió que esta cifra disminuiría, sin embargo no fue así.
La administración del actual gobernador ha abonado alrededor de 10,000 millones de pesos al pago de la deuda de su hermano. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas de Coahuila reporta que la deuda bancaria total del estado es de 36,629 millones de pesos. En abril pasado, el Partido Acción Nacional (PAN) denunció el desvío y desaparición de 32,000 millones de pesos del erario público durante la pasada y la saliente administración.
De acuerdo con información de la cuenta pública y del Sistema Integral de Inversión Pública (SIP), perteneciente a la Secretaría de Planeación y Desarrollo, donde se registran, procesan y almacenan la totalidad de la información sobre la inversión pública estatal, de 2006 a 2011 se declararon 32,000 millones de pesos como inversión, pero que no constan como realizadas en ningún lado, señalaron dirigentes de Acción Nacional.
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Rubén Moreira prometió bajar los niveles de deuda heredados por su hermano, pero pidió un nuevo crédito por 830 millones de pesos un día después de emitir su quinto informe de gobierno en noviembre de 2016, según publicó el diario Siglo de Torreón. Esta administración también se ha destacado por el subejercicio de recursos en obra pública. En los últimos 5 años la inversión estatal en obra ha quedado rezagada. La inversión estatal apenas llega a 4 mil 500 millones. De los 3 mil 971 millones de pesos presupuestados en 2016, la administración estatal no ha usado ni una tercera parte, expuso el diario en noviembre de 2016.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que para el tercer trimestre de 2016 el crecimiento económico del estado fue del 0.2 por ciento, cuando debería tener un aumento anual de productividad de alrededor del 4.5 por ciento.