Han pasado 11 años desde que los habitantes de San Salvador Atenco sufrieron una ola represiva por parte de policías federales y estatales. Estudiantes fueron asesinados y más de una decena de mujeres sufrieron vejaciones y abuso sexual.
Desde el 3 y 4 de mayo de 2006 las exigencias de justicia no han cesado. El sometimiento durante el despliegue de 700 elementos de la extinta Policía Federal Preventiva y de 1815 agentes municipales ha llegado a cortes internacionales bajo la premisa de erradicar en México la tortura sexual como técnica para desmovilizar, reprimir o fabricar culpables.
Las 11 mujeres denunciantes llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en espera que su caso siente precedentes para avanzar contra la tortura sexual, en busca de evidenciar que el Estado ha usado la violencia sexual como un arma contra las mujeres.
Además, el Estado mexicano está acusado ante la Corte IDH de mantener este caso en la impunidad, relató el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en un comunicado de prensa emitido este miércoles.
Según la organización “no se ha investigado la cadena de mando que posibilitó por acción u omisión que en el contexto del operativo policiaco se cometieran graves violaciones a los derechos humanos”, en un estado gobernado entonces por el ahora presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Amnistía internacional ha denunciado que las mujeres detenidas en México sufren abusos sexuales habituales a manos de las fuerzas de seguridad en busca de confesiones en el contexto del combate a la delincuencia, según lo documentó en el informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” en 2016.
En 2015 el informe del Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, enfatizó que la tortura es una práctica generalizada en el México.
Dentro de los próximos meses, la Corte IDH decidirá los detalles de la celebración de audiencias públicas sobre el caso Atenco, donde el gobierno mexicano tendrá que responder a las acusaciones.
Después de más de una década de haber ocurrido los hechos, las mujeres víctimas mantienen las exigencias de justicia y lanzaron la campaña “Rompiendo el silencio, todas juntas contra la tortura sexual”, para ayudar a otras mujeres que también han sido víctimas de vejaciones sexuales. La campaña actualmente está integrada por 24 mujeres de diferentes regiones del país.
Para este aniversario se sumaron Taylín Clotet Wang, víctima de tortura en la Ciudad de México y quien según el Centro Prodh ha sido procesada injustamente, y María del Sol Vázquez, torturada por la extinta Agencia Veracruzana de Investigación y procesada por secuestro, así como Verónica Razo Casales, sujeta a un proceso penal federal desde hace casi seis años.