La Corte Suprema del Poder Judicial de Perú absolvió a la defensora de derechos humanos y medio ambiente, Máxima Acuña por el delito de presunta usurpación agravada de terrenos y con ello venció a la minera Yanacocha con quien enfrentaba un proceso legal desde 2011.
La trama legal inició cuando la multinacional Newmont a la que pertenece Yanacocha y la peruana Buenaventura, le pidieron a Acuña, una humilde campesina, que dejara sus tierras, cercanas a unos depósitos de oro, para desarrollar el proyecto minero Conga. Ellos aseguraban que compraron todo ese territorio.
Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema peruana con “carácter de definitiva en vía ordinaria nacional”, representa una decisión histórica para quienes defienden el medio ambiente en su país, declaró la organización Amnistía Internacional en un comunicado de prensa.
“Muchas personas que defienden el medio ambiente en Perú han sido criminalizadas a través de infundados procesos penales que buscan obstaculizar su labor legítima en la defensa de derechos humanos mediante su desgaste físico, emocional y de los escasos recursos con los que cuentan, así como mostrarlos como delincuentes ante la sociedad,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Entre los años 2011 y 2014, Máxima Acuña Atalaya denunció diversos actos de acoso, agresiones e intentos de desalojo por parte de agentes de la Policía Nacional de Perú.
La lucha deMáxima, reconocida en 2016 por la fundación Goldman por su defensa al medio ambiente, su oposición al proyecto Conga tuvo un papel relevante ya que contemplaba el trasvaso de cuatro lagunas, con depósitos de oro, y una de ellas debía ser transformada en fosa para almacenar residuos, publicó en ese año la agencia de noticias AFP.
Las comunidades de la zona se opusieron al alegar que esa medida atentaría contra la biodiversidad. Se desató una protesta que paralizó el proyecto.Los enfrentamientos con la minera fueron violentos y en el camino fue hasta sentenciada a tres años de cárcel, pero a fines de 2014 la justicia anuló la sentencia y consideró que ella no usurpaba ningún terreno. Ella denunció una serie de actos de hostigamiento, en los intentos de la empresa por tomar posesión.