El sol acababa de salir, y Khairy Masoud ya estaba en problemas. Era una mañana fría de febrero, y Masoud, un jornalero y padre de ocho niños, acababa de pasar por un puesto de control militar que separa su hogar, en la Franja Occidental, cerca de la ciudad de Tulkarem, de Israel. Mientras corría hacia el caótico estacionamiento para pedir un aventón al trabajo, dice que un pañuelo se cayó de su bolsillo. De repente, un guardia israelí armado le gritó en hebreo y con acento ruso y confiscó sus documentos más importantes: su permiso de trabajo e identificación. Su infracción: tirar basura. Masoud esperó por horas hasta que el guardia le regresó los documentos. Para entonces, había perdido ese día de trabajo.
Durante años, los hombres y mujeres israelíes que trabajaban en esos puestos de control eran soldados del ejército israelí. Pero hace una década, el cruce por el que pasó Masoud —conocido como Sha’ar Efraim en hebreo y Al-Tayba en árabe— fue de los primeros en privatizarse. Ahora guardias de seguridad privados israelíes son cada vez más comunes en la Franja Occidental.
Estos guardias son parte de una industria lucrativa que se beneficia de 200 millones de dólares al año en contratos gubernamentales en la Franja Occidental. Hoy existen más de treinta puntos de cruce entre Israel y la Franja Occidental y Gaza. Desde mediados de la década de 2000, alrededor de la mitad de ellos han subcontratado parcial o completamente su seguridad con compañías israelíes. El Ministerio de Defensa no emplea directamente los guardias, pero sí contrata a las compañías que los emplean y supervisa el entrenamiento, los salarios y las condiciones laborales.
El Ministerio de Defensa y la Patrulla Fronteriza se negaron a comentar [sobre ello] para este artículo, pero los partidarios del cambio a emplear guardias de seguridad privados en los puntos de cruce dicen que supuestamente esto les facilita a israelíes y palestinos el navegar por los puestos de control, donde la violencia a menudo estalla. “Es malo para los soldados jóvenes tener que lidiar con movimientos de gente y la carga en un conflicto en curso”, dice Baruch Spiegel, un general brigadier israelí retirado y alto asesor del Ministerio de Defensa. “Y, por supuesto, era malo para la imagen de Israel”.
Ilan Paz, exdirector de la Administración Civil Israelí de Fuerzas de Defensa, el organismo que gobierna en la Franja Occidental, está de acuerdo. Él dice que el trabajo es más apropiado para civiles con horas y directrices consistentes. “Para el israelí, no es aceptable que envíe a mi hijo al ejército y al final esté trabajando en estos puestos de control. No es un asunto militar. No es algo que pueda hacer un joven de 18 años”.
Pero algunos críticos dicen que la privatización insidiosa de la seguridad israelí en la Franja Occidental y Jerusalén Oriental es otra manera con la que el país cimienta aún más la ocupación de estos territorios, lo que reduce las posibilidades de la existencia de un Estado palestino o un final pacífico al conflicto. “Es parte de sostener el statu quo”, dice Lior Volinz, un investigador israelí de este fenómeno y candidato a doctorado por la Universidad de Ámsterdam. “Se trata de hacer ‘mejor’ una situación insostenible”.
Israel capturó la Franja Occidental, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza —que los palestinos reclaman para un Estado futuro— después de la guerra de 1967 contra varios estados árabes. Y al paso de cinco décadas, su ocupación de esos territorios ha cambiado considerablemente. Después de casi treinta años de gobierno israelí, los acuerdos de Oslo de 1994 crearon la Autoridad Palestina (AP) —la cual actúa como un gobierno semiautónomo en partes de la Franja Occidental y en Gaza— y aplazaron el estatus de Jerusalén para negociaciones futuras. Esas conversaciones siguen estancadas, pero la AP trabaja estrechamente con Israel sobre problemas de seguridad en la Franja Occidental, lo cual enfurece a muchos palestinos (en la última década, el grupo miliciano Hamas ha gobernado Gaza, la cual está actualmente bajo un bloqueo israelí y egipcio). Después de la segunda intifada (o levantamiento palestino) a principios de la década de 2000, los militares israelíes empezaron a construir una barrera entre Israel y la Franja Occidental, y montaron puestos de control a todo lo largo para disuadir a posibles asaltantes (los palestinos dicen que son parte de una acción para quedarse con su tierra).
Israel empezó como un Estado cuasi socialista, pero desde la década de 1980, oleadas de privatización, en especial con el primer ministro Benjamín Netanyahu, han remodelado el país y desmantelado partes del Estado de bienestar. El paso hacia la seguridad privada en la Franja Occidental, que empezó a mediados de la década de 2000, es una extensión de eso.
Algunos ven este cambio como un intento de sostener la ocupación de la Franja Occidental, al hacer que los israelíes se olviden de ella. La mayoría de los judíos israelíes tienen que servir en las fuerzas militares, y muchos han trabajado en los puestos de control. Ahora eso está cambiando, y menos y menos israelíes tienen experiencia de primera mano con ellos, conforme trabajar en los puestos de control se vuelve solo otro trabajo en el negocio de seguridad.
Los hombres y mujeres —muchos de ellos son inmigrantes e israelíes de clase baja que terminan en trabajos civiles de seguridad— que trabajan en los puestos de control se benefician con la privatización. Reciben un salario competitivo y tienen seguridad laboral a largo plazo. Pero el cambio no es barato para el Ministerio de Defensa, ya que emplear guardias privados es más costoso que usar soldados conscriptos. Por otra parte, contratar seguridad privada crea empleos y mejora la pericia de la industria de seguridad israelí, tanto en casa como en el extranjero, dice Shira Havkin, quien documentó la tendencia para el Instituto Van Leer, un grupo de expertos israelí.
Pero los críticos dicen que la privatización oscurece [por ejemplo] quién se haría responsable si hay un problema en un puesto de control: ¿el contratista o el Ministerio de Defensa?
“Es un desorden”, dice Ronit Selah, director de la unidad en los territorios ocupados de la Asociación de Derechos Civiles de Israel. Por ejemplo, si los palestinos se quejan de algo que sucedió en el puesto de control de Qalandia, el principal punto de cruce entre Jerusalén y la Franja Occidental, las muchas compañías de seguridad que trabajan allí a menudo se culpan unas a otras.
No importa quién esté a cargo, los palestinos desde hace mucho han aborrecido los puestos de control: “Es pura khara [mierda]”, dice Masoud, y añade que los guardias privados tratan a la gente menos “como animales” que como lo hacen los soldados, pero en general, “no hay diferencia”. Para los palestinos, los puestos de control son tanto un recordatorio físico de la ocupación como una inconveniencia tremenda. Cada día, decenas de miles de palestinos cruzan a Israel para trabajar, hacer negocios, ir a la escuela, recibir atención médica, orar y otros servicios; claro está, si pueden asegurarse el permiso israelí apropiado. Con el desempleo oficial en la Franja Occidental en 26 por ciento, muchos como Masoud no tienen más opción que seguir tratando de cruzar. Los retrasos o problemas con los permisos pueden llevar a que los palestinos pierdan un día de trabajo, o sus empleos.
Pero tanto los israelíes como los palestinos pueden perder mucho más en estos puestos de control. En años recientes ha habido una avalancha de apuñalamientos y atropellamientos en la Franja Occidental e Israel, conforme los palestinos han asaltado a soldados y civiles israelíes en ataques solitarios conocidos como “la intifada de los cuchillos”. Desde 2015, más de 200 palestinos y más de cuarenta israelíes han sido asesinados en esta oleada de violencia, la cual da pocas señales de terminar, sin importar quién esté a cargo de los puestos de control.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek