La intención reforzar la seguridad pública de Aguascalientes con la presencia de militares en diversas zonas del estado refleja ignorancia o agenda política de las autoridades que impulsan la iniciativa, que además sería inconstitucional y susceptible de ser impugnada.
Alejandro Madrazo Lajous, coordinador del Programa de Política de Drogas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro, cuestionó que se impulse esa medida cuando Aguascalientes es la segunda capital más segura del país, después de Mérida, además de modelo por buenos resultados de las corporaciones policiales.
“Yo entiendo dos explicaciones posibles a que la presidenta municipal haya salido con la idea de militarizar el estado. La primera es que simplemente parte de una agenda política porque pertenece a un grupo político que está impulsando, a nivel federal, la militarización de la seguridad pública. Y eso podría ser, precisamente, como Aguascalientes ha sido utilizado por quienes nos oponemos a la militarización como un ejemplo de dónde sí funcionan las policías, pues simbólicamente matar al gallo ahí donde estamos nosotros poniendo como ejemplo que no se necesita militarizar”, dijo el académico en entrevista con Newsweek Aguascalientes.
La segunda explicación, evaluó el académico, sería el desconocimiento o la irresponsabilidad de los gobiernos locales al delegar al gobierno federal, a través de la Sedena, la inversión y operación de la seguridad pública en el estado. En ese sentido, militarizar Aguascaliente sería, además, injusto con las fuerzas armadas.
Madrazo Lajous es parte de un grupo de intelectuales y activistas que, con base en estudios, se ha manifestado en contra de la Ley de Seguridad Interior cuya aprobación avanza en la Cámara de Diputados y que pretende legalizar la actuación de los militares en acciones de seguridad pública.
El investigador, que ha estudiado los resultados de la estrategia de militarización que Felipe Calderón emprendió como parte de su ‘guerra contra las drogas’, advirtió que lejos de mejorar la seguridad, la intervención de los militares en patrullajes y otro tipo de operativos podría elevar la incidencia de delitos como el homicidio.
“Probablemente pase lo que ha pasado en el resto del país a lo largo de los últimos 10 años y que lo tenemos muy bien documentado al menos durante los primeros cinco años, que fue justamente el inicio de la militarización. Tenemos ya estudios contundentes que nos hablan de una relación causal entre el inicio de las operaciones de las fuerzas federales, incluyendo las militares, en contextos municipales y estatales, y el crecimiento del homicidio a nivel municipal. La introducción de los operativos conjuntos con fuerzas federales, que en una enorme proporción son operativos de fuerzas armadas, ha detonado la violencia en donde ha ocurrido”, alertó.
Por eso, consideró también un ‘sinsentido’ el planteamiento del Ombudsman, Eduardo Martín Jáuregui, de usar al Ejército como elemento de disuasión en la Feria Nacional de San Marcos.
“Creo que sería altamente riesgoso poner al Ejército a hacer patrullaje civil, en población civil, cuando tu población es de millones de personas bebiendo alcohol. Un ejército no entrenado para lidiar con la población civil, lo vas a poner a lidiar con una de las poblaciones civiles más volátiles y complejas que puede lidiar una fuerza de seguridad. La Feria no es un lugar normal y se necesita tener a una policía con experiencia, como la de Aguascalientes, para lidiar con esos escenarios”, explicó.
Entre los hallazgos del CIDE en sus estudios de las bases de datos de fallecimientos por presunta actividad delincuencial durante la ‘Guerra contra las drogas’ de Calderón, destaca el incremento de la letalidad y letalidad perfecta (enfrentamientos con saldo de muertos, sin heridos) en los eventos donde participaron fuerzas federales, particularmente el Ejército Mexicano.