El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, continúa en la mira de las autoridades federales y su expediente se amplía con nuevas líneas de investigación a partir de la presunción de irregularidades en el manejo de fondos millonarios durante su mandato.
Borge no cuenta con ninguna orden de aprehensión en su contra, sin embargo, enfrenta cuatro denuncias presentadas en la Procuraduría General de la República (PGR) y dos más en la Fiscalía estatal.
Al exmandatario se le acusa por la “venta ilegal de bienes públicos, sobre todo en predios que son reserva territorial de Quintana Roo vendidos de forma ilícita”, explicó el gobernador Carlos Joaquín González, en entrevista con Radio Fórmula.
Joaquín González dijo que su administración aún no tiene una orden de aprehensión contra Borge, pero sí contra algunos exfuncionarios. Además aseguró no tener información del paradero de su antecesor.
La PGR tiene en la mira una supuesta red de lavado de dinero utilizada por Borge y sus familiares para la compra de 24 terrenos.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) datos financieros de ocho personas y nueve empresas como parte de la carpeta de investigación donde Borge es el principal objetivo, publicó este lunes el diario Reforma.
Las cuentas que se investigan son las de la madre del exgobernador, empresarios allegados, el abogado de la familia y la secretaria del padre de Borge.
La indagatoria inició luego de la denuncia que interpuso el actual gobierno de Quintana Roo, en la que se detallan 24 contratos de enajenación de terrenos entre 2011 y 2014 a cargo del IPAE.
Las propiedades, que en conjunto tienen una extensión aproximada de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados y un valor comercial de 5 mil millones de pesos, fueron aseguradas por la PGR el 24 de febrero.
Las autoridades consideran que al menos 10 de los inmuebles no eran susceptibles de venta y que prácticamente todos fueron subvaluados y rematados a familiares y miembros del círculo cercano de Borge.
A las investigaciones se agrega una más realizada por el el Sistema de Administración Tributaria (SAT) queinvestiga a la empresa naviera Barcos Caribe por ocultar la compra de cinco embarcaciones cuyo costo total fue de 299.9 millones de pesos.
Barcos Caribe es una sociedad naviera cuyo dueño y apoderada legal son empleados de la familia del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, quien desde su cargo promovió la creación de la compañía.
La compañía intentó ocultar la compra de 5 embarcaciones valuadas en 300 mdp, presuntamente realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita, según una denuncia presentada ante el SAT.
De acuerdo con la denuncia promovida ante el SAT por un particular, y que fue admitida el pasado 7 de marzo, la compañía pretendió ocultar la compra de las embarcaciones “porque los socios estaban conscientes de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Borge, junto con César y Javier Duarte fueron calificados por el entonces candidato Enrique Peña Nieto como el “nuevo PRI”. En 2012, Peña Nieto presumió que los gobernadores de Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz eran ejemplo de renovación de su partido. Pero las tres administraciones terminaron en un desastre debido al incremento de la deuda pública y a los altos índices de violencia, envueltos en múltiples escándalos de corrupción.