México, Colombia, Indonesia, Siria, Rusia y Nigeria son los países con los más altos niveles de robo de combustible cuyo costo que puede ascender hasta los 11.9 mil millones de dólares, una estimación conservadora ante la falta de estadísticas, plantea un informe de Global Financial Integrity.
En el reporte “La delincuencia transnacional y el mundo desarrollado”, la organización con sede en Washington menciona que mientras en Siria el robo de crudo representa la gran mayoría de la producción total de petróleo del país, debido al control del Estado Islámico sobre los principales campos de petróleo, en México el volumen de crudo es menor, aunque la participación de grupos del narcotráfico lo convierte en un tema serio.
“El volumen de crudo robado en México cada día es menos del uno por ciento del total de la producción diaria nacional, pero la participación de las organizaciones de tráfico de drogas en el robo de petróleo ha aumentado los costos directos e indirectos para el país. Los ladrones roban entre 10,000 y 23,500 barriles diarios, por un valor estimado de 523,000 a 1.2 millones de dólares. Sin embargo, México sufre pérdidas adicionales por el robo de productos de combustibles renovables, como la gasolina. Pemex, la petrolera estatal de México, pierde entre 1000 a 5000 millones de dólares al año por robo de combustible”, refiere el informe.
Global Financial menciona que los habitantes de países en desarrollo suelen participar en el robo de petróleo crudo como una alternativa económica al desempleo o a la pobreza. En ese sentido, expone que en México, el robo de 10,000 litros de petróleo rinde aproximadamente 4600 dólares, lo que implica que por 20 a 40 minutos de trabajo, pequeños grupos ganan casi la mitad del PIB anual per cápita del país (10,353 dólares). “Si bien se pueden obtener mayores ingresos del tráfico de drogas, los menores riesgos de arresto y violencia en el robo de petróleo pueden ser más atractivo para algunos”, dice.
En ese sentido, detalla que las organizaciones del tráfico de drogas y del crimen organizado han diversificado sus actividades incluyendo el robo de petróleo debido al aumento de la presión sobre el tráfico de drogas. Precisa que estos grupos delictivos, en particular Los Zetas y el Cártel del Golfo, ampliaron considerablemente su participación en el robo de petróleo alrededor de 2010. “Ellos han desarrollado una industria criminal sofisticada y de gran escala con importantes beneficios. Los Zetas presuntamente han dedicado toda una unidad especializada al robo de petróleo, ya que un gran número de oleoductos circulan por sus territorios”, menciona.
“El robo de productos refinados es más rentable que el robo de crudo, es el caso de la gasolina que es más fácil de vender en el país, tanto informalmente por la carretera o formalmente a través de gasolineras. Los Zetas y el Cartel del Golfo combinados ganan alrededor de 268 millones de dólares anuales de la venta de gasolina robada a distribuidores, a pesar de que la venden por menos de la mitad del precio de venta”, menciona el reporte.
No obstante, estos grupos roban tanto combustible refinado como sin refinar, aunque para las bandas criminales no es ni necesario ni rentable refinar productos robados. Por el contrario, el crudo y el condensado de gas a veces se contrabandean a los compradores en los Estados Unidos con el uso de falsos documentos para ofuscar los orígenes ilícitos del combustible. Pemex ha encabezado demandas judiciales contra corredores de petróleo y compañías que han comprado robados Productos petrolíferos.
“El petróleo crudo es un recurso natural increíblemente valioso que puede servir como fuente importante de ingresos para los países en desarrollo. Por consiguiente, el robo de petróleo crudo puede tener graves repercusiones en la capacidad de los países exportadores de petróleo para movilizar recursos internos. La mexicana Pemex estima que la empresa pierde hasta 5 mil millones cada año por el robo de combustible, una pérdida importante ya que los ingresos petroleros subsidian habitualmente cerca de un tercio del presupuesto del gobierno. La pérdida de ingresos sustanciales por robo ilegal de petróleo tiene repercusiones directas en el presupuesto del gobierno y, por extensión, en su capacidad para prestar servicios públicos, invertir en infraestructura, administrar la deuda pública y desempeñar otras funciones y obligaciones”, detalla el documento.