La empresa fabricante de armas Sig Sauer, ligada a la campaña y a gente cercana a Donald Trump, recibió en 2015 la autorización para vender durante cuatro años “la fabricación de rifles y pistolas de Sig Sauer y la renovación de inventarios actuales” para uso de las fuerzas militares y policiales de México, por un valor de hasta 266 millones de dólares.
El Departamento de Estado informó el pasado 25 de marzo al Congreso de Estados Unidos la autorización a Sig Sauer de la licencia para la Venta Directa Comercial (DCS por sus siglas en inglés). Se especificó que en el acuerdo está previsto 1.1 millones dólares para servicios, datos técnicos, y otros materiales. Los restantes 265 millones de dólares son para la transferencia de aproximadamente entre 300,000 a 400,000 armas de fuego, una cantidad enorme si se compara con lo adquirido a otras firmas.
Sig Sauer Inc. tiene su fábrica de producción en New Hampshire, en Estados Unidos, y está incorporada como empresa en el estado de Delaware y afiliada con Sig Sauer en Alemania. En agosto de 2016, la armería donó cien mil dólares a GunVote, una organización que apoyó la campaña presidencial de Donald Trump, meses después de que el magnate neoyorquino visitará la sede de la firma, como también lo hicieran después los hijos del mandatario Eric y Donald Jr, encuentro del cual la firma dio cuenta en sus redes sociales.
Los mismos reportes indican que en enero de 2017, seis días después de la toma de protesta de Donald Trump como presidente, Sig Sauer contrató a Bob Grand, un socio del vicepresidente Mike Pence, y a su colega Craig Burkhardt, para hacer cabildeo para la exportación de armas de fuego de Estados Unidos.
El negocio en México
Sig Sauer entregó 7384 armas de fuego a México en el 2015, de las cuales 3060 eran rifles de asalto, 505 ametralladores y 3819 pistolas, todas ellas con un valor aproximado de 71 millones de dólares, de acuerdo con la declaración formal de México del 2015 bajo el Tratado de Comercio de Armas.
Ese año Colt Defense recibió una licencia para vender mil rifles de 5.56mm para el uso de fuerzas estatales de México por 3 millones de dólares; Glock obtuvo una licencia para comercializar 11,231 pistolas a la Sedena y distribuirla a otras corporaciones militares por el mismo monto; y US Ordnance, Inc. recibió un permiso para vender lanzadores de granadas y ametralladoras para uso de la Secretaría de Marina (SEMAR), con un valor de 1 millón de dólares.
La organización American Friends Service Committee, cuyo objetivo es trabajar por la justicia social, la paz y la reconciliación, indicó que el gobierno mexicano, en específico la Sedena, también adquirió un número no determinado de pistolas de Sig Sauer en 2008, presumiblemente derivado de un acuerdo anterior, mientras que el año pasado se hizo de más pistolas de esa empresa.
Las cifras aportadas por la organización indican que entre 2006 y 2016, Sedena vendió 12,541 armas de fuego que había adquirido de Sig Sauer a corporaciones policiales y particulares, por un valor de casi 10 millones de dólares. Más de 800 armas fueron transferidas a policías estatales y municipales entre 2014 y 2016, incluso en aquellos donde se ha documentado la colusión de policías con el crimen organizado como es el caso de Veracruz y Tamaulipas.
Los estados donde las policías recibieron el mayor número de armas de Sig Sauer desde 2006 fueron el Estado de México (2319), Michoacán (2005), Hidalgo (1369), Querétaro (736), y Tamaulipas (508), entidades la mayoría de ellas que han enfrentado graves problemas en materia de seguridad y violencia relacionada con el crimen organizado.
American Friends Service Committee menciona que el Departamento de Estado no impuso restricciones geográficas para las armas que Estados Unidos exporta a México, aún cuando puede negar por completo una transacción, basado en informes fehacientes de violaciones de los derechos humanos por parte de los usuarios finales de las armas. La organización afirma que no hay indicio de que lo haya hecho. Por otra parte, agrega, la licencia de exportación de armas no contiene una exclusión de unidades policiales o militares como usuarios finales.
El reporte menciona que las autoridades de Estados Unidos han realizado algunas inspecciones de las armas transferidas a las fuerzas armadas mexicanas, las cuales son conocidas como ‘Linterna Azul’. De acuerdo con esta información de las 52 investigaciones de este tipo realizadas desde 2010, México ha tenido resultados ‘desfavorables’ en 17, por razones que incluían inventarios incorrectos y la falta de respuesta por parte de los que recibieron las armas.