El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, sugirió el pasado 23 de febrero que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) con el recientemente instalado fiscal general Jeff Sessions se inclinará más por hacer cumplir la prohibición federal a la marihuana en estados que han legalizado la droga para uso recreativo.
Una gran mayoría de los estadounidenses, incluida la mayoría de los republicanos, piensa que ésta es una mala idea, según cifras de una encuesta publicada el mismo día que los comentarios de Spicer.
Al responder una pregunta de un reportero de Arkansas quien quería saber cómo el DOJ responderá a la nueva ley de marihuana medicinal de ese estado, Spicer dijo: “Hay dos problemas distintos aquí: la marihuana recreativa y la marihuana medicinal”. Él reiteró el apoyo del Presidente Donald Trump a las leyes que les permiten a los pacientes usar marihuana para aliviar síntomas, las cuales 28 estados han promulgado. Spicer también señaló que el Congreso en repetidas ocasiones ha aprobado una cláusula de gastos que refrena al DOJ de tomar acciones contra los proveedores de marihuana medicinal en esos estados.
Pero él dijo que “hay una gran diferencia entre eso y la marihuana recreativa”, la cual ha sido legalizada por ocho estados, y predijo que habrá “mayor cumplimiento” de la prohibición federal en esos estados con Sessions. “Van a continuar aplicando las leyes en los libros con respecto a la marihuana recreativa”, dijo Spicer.
Aun cuando Spicer enfatizó la diferencia entre la marihuana medicinal y recreativa, él pasó por alto una distinción más importante: entre oponerse a las leyes estatales que permiten el uso recreativo de la marihuana y apoyar la intervención federal destinada a invalidarlas.
Esa distinción es clara en el más reciente sondeo de la Universidad Quinnipiac, el cual halló que 71 por ciento de los estadounidenses “se opone a que el gobierno haga cumplir las leyes contra la marihuana en estados que ya han legalizado la marihuana medicinal o recreativa”. También, 59 por ciento piensa que la marihuana “debería ser legal en Estados Unidos”.
Ello significa que muchos estadounidenses quienes se oponen a la legalización de todas maneras piensan que los estados deberían ser libres de adoptar esa política. Una cantidad desproporcionada de esas personas son miembros del partido de Trump: aun cuando solo 35 por ciento de los republicanos en el sondeo de Quinnipiac apoyó la legalización de la marihuana, 55 por ciento se opuso a la interferencia federal de ella.
Una encuesta de CBS News realizada en abril pasado halló una oposición republicana todavía más fuerte al tipo de intromisión que Spicer predijo. Al preguntarle si las “leyes referentes a si el uso de la marihuana es legal” deberían ser “determinadas por el gobierno federal” o “debería decidirlas el gobierno de cada estado”, 70 por ciento de los republicanos optó por lo segundo, en comparación con 55 por ciento de los demócratas (quienes, como siempre, eran más probables que favorecieran la legalización).
Estos resultados tienen sentido en cuanto a que los conservadores toman con seriedad su compromiso declarado con el federalismo, lo cual Trump también afirma que apoya. En la Conferencia de Acción Política Conservadora de 2015, Trump dijo que favorecía la marihuana medicinal pero tenía preocupaciones sobre una legalización más amplia, una decisión que, no obstante, él dijo que deberían tomarla los estados.
“Si votan por ella, votan por ella”, dijo él. Trump confirmó esa postura en un mitin de 2015 en Nevada: “En términos de la marihuana y su legalización, pienso que debería ser un asunto estatal, estado por estado”.
Sessions, ex senador por Alabama, también habla de boca para afuera del federalismo. Después de la muerte de William Rehnquist en 2005, Sessions dio un discurso en el Congreso en el cual elogió al presidente del tribunal por reconocer los límites del poder federal:
Él entendió que el Gobierno Federal, a través de la Cláusula de Comercio, tiene un poder amplio, pero hay límites en el alcance de la Cláusula de Comercio. No cubre todo asunto individual que el Senado de Estados Unidos pueda desear legislar, al grado que el gobierno federal controle incluso acciones simples y discretas dentro de un Estado. Él restableció un respeto por la ley estatal y la soberanía estatal a través de cierta cantidad de sus opiniones sobre federalismo.
En 2013, Sessions copatrocinó la Ley de Restauración de la 10ª Enmienda, la cual habría facilitado las demandas legales de funcionarios estatales quienes impugnen las regulaciones que ellos crean que exceden los poderes que la Constitución le otorga al gobierno federal.
Como lo explicaba la introducción de ese proyecto de ley: “La 10ª Enmienda asegura que el pueblo de Estados Unidos, y cada Estado soberano en la Unión de Estados, tiene, y siempre ha tenido, derechos que el Gobierno Federal no puede usurpar”. Pero el apoyo de Sessions al federalismo no se extiende a la política de la marihuana.
Durante sus audiencias de confirmación, Sessions fue ambiguo sobre sus planes para hacer cumplir las leyes sobre la marihuana. Pero él es un guerrero a la antigua contra las drogas quien se quejó de la restricción procesal durante la administración de Obama en estados que han legalizado la marihuana, diciendo: “El Departamento de Justicia necesita ser claro” en cuanto a que “la marihuana no es el tipo de cosas que deberían legalizarse”. Cuando el tema es la marihuana, al parecer, Sessions no reconoce ningún “límite al alcance de la Cláusula de Comercio”.
En ese aspecto, Sessions supera a los más famosos activistas contra la marihuana en la historia de EE UU. Harry Anslinger, quien dirigió la Oficina Federal de Narcóticos de 1930 a 1962, presionó a los estados para que prohibieran la marihuana al afirmar que la planta convertía a la gente en violadores y asesinos. Como Sessions, él no era un rigorista de los hechos o la lógica. Pero incluso Anslinger no llegó tan lejos como afirmar que el gobierno federal tenía la autoridad de imponer la prohibición de la marihuana en estados recalcitrantes.
“No hay leyes Federales sobre el cultivo o uso de la marihuana, ya que la planta es cultivada con tanta facilidad que casi no hay comercio interestatal de ella”, reportó The New York Times en 1931. “El Sr. Anslinger dijo que el gobierno, según la Constitución, no puede dictar qué puede ser cultivado dentro de Estados individuales”.
La manera más directa de impedir que Sessions tome medidas duras contra los negocios de marihuana con licencia estatal, asumiendo que Trump no planea cumplir su promesa de campaña, es que el Congreso apruebe la Ley de Respeto a las Leyes Estatales sobre la Marihuana, la cual el representante Dana Rohrabacher (republicano por California) reintrodujo hace pocas semanas.
El proyecto de ley, el cual hasta ahora tiene 14 copatrocinadores, la mitad de ellos republicanos, añadiría una sola oración a la Ley de Sustancias Controladas:
Sin importar cualquier otra disposición de la ley, las disposiciones de esta sección relacionadas con la marihuana no deben aplicarse a ninguna persona que actúe en cumplimiento de las leyes Estatales relacionadas con la producción, posesión, distribución, repartición, administración o entrega de marihuana.
El proyecto de ley de Rohrabacher no sería necesario si los funcionarios federales respetaran la Constitución. Pero no lo hacen; por lo tanto, es necesario.
—-
Este artículo apareció primero en Reason.com
—
Publicado en cooperación con Newsweek /Published in cooperation with Newsweek