Un capricho caro

La famosa promesa del presidente Donald Trump por construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos costaría tres veces más que lo invertido en cercos que ya existen en sus límites con México.

Desde que se instaló el primer muro en 1994 y hasta la fecha, Estados Unidos ha invertido más de 7 mil millones de dólares en cercos diversos, calcula un reporte de la firma de investigación Bernstein, publicado en junio pasado.

Esto es apenas el 33% de una frontera sur con muro.

Los cercos que ya separan a México de los Estados Unidos apenas cubren 654 de las casi 2,000 millas de frontera.

Pero esos muros han servido de poca cosa.

De 2010 a 2015, estos cercos han sido evadidos más de 9,200 veces por boquetes, han sido brindados o atravesados por túneles, revela un reporte de la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO).

Y aunque no se cuente con argumentos que justifiquen su construcción, el proyecto está en fase de licitación.

Un informe interno del Departamento de Seguridad Nacional calcula que construir una nueva barrera en su límite sur, costaría alrededor de 21 mil millones de dólares.

Para iniciar con su construcción lo más pronto posible, se pensó en buscar fondos existentes, pero nuevamente, el gobierno estadounidense topó con pared.

Únicamente se han identificado 20 millones de dólares que pueden ser destinados a este proyecto, es decir, apenas 0.1% del total.

No se sabe de dónde saldrían los miles de millones necesarios, pues el presidente de México, Enrique Peña Nieto ha dicho que no pagará por un muro, como insiste Trump.

Aún si se tuviera tiempo y presupuesto, Alan Bersin, uno de los estrategas del Operativo Guardián, duda de la rentabilidad de otro muro como proyecto de seguridad fronteriza.

“El pueblo estadounidense no ha considerado el costo comparado con los beneficios”, dice el excomisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante la administración del presidente Obama.

Bersin fue representante de la frontera para la fiscalía federal (1995-1998) cuando inició el Operativo Guardián.

El exfuncionario dice que el muro por sí mismo no soluciona la seguridad de Estados Unidos, pues la estrategia debe combinarse con el despliegue de oficiales y tecnología de vigilancia.

A más de dos décadas de la implementación del operativo que derivó en la instalación de un cerco en la región San Diego-Tijuana, el excomisionado considera que la frontera “es la más
segura que ha existido en una generación”.

Y dice que añadirle un nuevo muro “no sería necesario”.

“La situación hoy día es mucho más segura que en el pasado”, dice en entrevista, después de participar en un panel de seguridad fronteriza organizado por la Universidad de California San Diego (UCSD).

El antiguo zar de la frontera cree que es más segura porque el Congreso ha invertido en seguridad fronteriza y por la colaboración con México en el combate a la inseguridad.

“El nivel de cooperación es el más alto que ha existido en la historia entre los dos países, me parece que no sería fácil destruir la sociedad en seguridad pero hay una amenaza de que la
política podría hacerlo”.

Además de eso, si el Congreso aprobara el presupuesto, construir el muro sería apenas el inicio de una costosa inversión por mantenimiento.

Los mismos datos matan la idea desde antes de colocar la primera piedra.

Los flujos migratorios se encuentran en los niveles más bajos en los últimos cuarenta años y las ciudades fronterizas se mantienen dentro de las más seguras en el país, según agencias federales.

Un muro tampoco se considera una estrategia efectiva contra el trasiego de drogas y el alto costo de la obra hace creer que el proyecto caerá por su propio precio, coinciden analistas.

Esto no solo hace de la propuesta un malgasto de recursos, sino que a la larga traería más problemas que soluciones, afirma David Shirk, director del programa Justicia en México de la Universidad de San Diego (USD).

“Sería mucho más efectivo simplemente dar directamente en efectivo ese dinero a cada uno de los migrantes que quiere cruzar a Estados Unidos por razones económicas”, menciona.

Un reporte de GAO señala que cada vez que una persona hace un hoyo en el cerco fronterizo, se invierte alrededor de mil 300 dólares en la reparación.

En 2009, se contemplaba que el mantenimiento en las 654 millas que cuentan hoy con un tipo de cerco, costaría cerca de 7 mil millones de dólares en los siguientes veinte años.

Otro factor es el hecho de que la mayoría de los indocumentados que llegaron a los Estados Unidos no lo hicieron atravesando un muro.

Un artículo del Centro de Estudios de Inmigración estima que el 66% llegó al país con una visa y se quedó después de su vencimiento.

Pero Donald Trump insiste en una nueva división entre México y Estados Unidos.

“Lo bueno de un muro es que nos da una oportunidad muy buena de tomar una foto y decir que se ha hecho algo aunque no funcione”, considera Shirk.

La construcción de una barrera física a lo largo de la frontera con México no solo fue la primera promesa del presidente Donald Trump, sino también, una de las más mediáticas.

Pese a ello, no hay ningún argumento sustentado en los hechos que demuestre la necesidad de un muro.

El actual cerco que divide los dos países ha demostrado ser una política fallida, el problema, es que la mitad de los Estados Unidos no lo sabe y apoya la idea “por ignorancia e intolerancia”, considera el catedrático.

“Donde hay muros hay túneles y otros mecanismos, como barcos, etcétera para cruzar mercancía, entonces lo que realmente funda la idea de un muro es el miedo y el mal entendimiento que existe en muchas partes de Estados Unidos de cómo funciona la frontera y la
relación bilateral”, afirma Shirk.

Desde 1990, se han localizado 220 túneles a lo largo de la frontera, según datos oficiales.

Por lo pronto, Estados Unidos ha iniciado el proceso de licitación y recibirá propuestas de “diseño y construcción de varios prototipos de estructuras de muro” a través del portal de Oportunidades de Negocios Federales hasta finales de marzo.

Para principios de este mes, se habían enviado cerca de 300 propuestas, según un reporte del Washington Post.

La agencia Associated Press citó una serie de compañías de construcción que lucen como posibles candidatas.

Algunas son Vulcan Materials Co., de Texas; Martin Murrieta Materials Inc., de Carolina del Norte; Granite Construction Inc., de California, y Kiewit Corp., de Nebraska.

Estas dos últimas cuentan con experiencia en construcción de cerco fronterizo al participar en obras tanto en Arizona como California.

AP también menciona a Cemex SAB como “beneficiaria potencial”. La cementera mexicana luce como opción debido a su presencia en la zona fronteriza, pues no es económicamente factible transportar material de construcción a distancias largas.

A la interrogante de presupuesto se suma el terreno agreste en las más de mil millas sin muro entre los dos países.

Incluso, si el gobierno quisiera edificar, tendría que compensar a los dueños de la tierra fronteriza.

Únicamente un tercio del terreno en donde se construiría el muro pertenece al gobierno federal o a tribus nativo americanas, según un informe de GAO citado por el Washington Post.

La intención de militarizar y dividir aún más la frontera ha generado rechazo en la región San Diego-Tijuana, que aún recuerda los estragos de las últimas dos veces que se adoptaron operativos de la misma índole.

En octubre de 1994, el gobierno del entonces presidente Bill Clinton puso en marcha el Operativo Guardián como una estrategia para frenar el cruce de indocumentados.

En aquel entonces, gran parte del flujo migratorio se concentraba en esta región. En 1993, el sector San Diego reportó 531 mil 689 detenciones del millón 263 mil 490 que fueron registradas a nivel nacional, según un reporte de la Oficina del Inspector General (OIG).

A raíz de ello, se instaló en esta frontera una cerca de acero desde Playas de Tijuana hasta la zona montañosa de Otay.

Este cerco de diez pies de altura instalado en 1994 fue construído por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos.

Las láminas oxidadas que hoy vemos como barda fronteriza a lo largo de 52 millas, antes fueron pistas de aterrizaje en la guerra de Vietnam.

Con la implementación de esta medida también se agregaron cientos de oficiales de Patrulla Fronteriza y se equipó la zona con tecnología de vigilancia.

Para que esto fuera posible, el presupuesto del antiguo Servicio Nacional de Inmigración (hoy Departamento de Seguridad Nacional) incrementó a 4 mil 600 millones de dólares al año.

Si bien el gobierno federal ahuyentó el cruce de indocumentados por la esquina oeste de la frontera, esta estrategia resultó ser mortal, pues obligó a inmigrantes a arriesgar su vida por zonas más peligrosas tanto en terreno como en condiciones climáticas, en su intento por alcanzar el sueño americano.

Pese a que no hay estadísticas oficiales, activistas defensores de derechos humanos estiman que el operativo ha dejado un saldo de por lo menos 7 mil muertes.

Las detenciones por el sector San Diego disminuyeron, pero al mismo tiempo, se multiplicaron por la zona de El Centro, California que de registrar alrededor de 30 mil detenciones en 1993, pasó a más de 200 mil en el año 2000.

A consecuencia de los atentados a las Torres Gemelas en 2001, las estrategias de resguardo se intensificaron y durante la segunda administración de Bush se aprobó una ley —con oposición bipartidista— que autorizaba la construcción de más muros.

Con ello llegó el reforzamiento de casi 100 millas de cerco en California, Arizona y Nuevo México construidas en su mayoría por la Guardia Nacional.

Entre 2008 y 2009 el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, que supervisaba las obras, contrató a empresas privadas para continuar la construcción, detallan reportes de prensa de aquel entonces.

Fue en la gestión del presidente George W. Bush cuando se dio entrada a la inversión privada para proyectos públicos de este tipo.

La historia se repite en la frontera, solo que ahora, no hay argumentos para justificar otro muro.

“Nuevamente nos enfrentamos a esta situación que en sí misma, es muy desafortunada”, señala Marcela Celorio, cónsul general de México en San Diego quien en 1994 formó parte de la delegación mexicana que atestiguó el impacto de esta medida en la frontera.

A raíz de este operativo es que comienzan a gestarse los denominados mecanismos de enlace fronterizo (MEF), conformados por autoridades de los tres niveles de gobierno de ambos países, recuerda.

“Dentro de lo terrible que fue la Operación Gatekeeper, al mismo tiempo se mantuvieron los canales de diálogo y creo que eso es muy importante y con esa experiencia es lo que tenemos que seguir fomentando ahora”.

Y es que Estados Unidos necesita a México si realmente quiere disminuir el flujo de drogas que amenaza a sus comunidades.

Las muertes por heroína en el condado de San Diego se han duplicado en la última década, mientras que aquellas por consumo de metanfetamina han incrementado en un 80% entre 2011 y 2015, señalan datos proporcionados por la fiscalía federal.

“El decir al principal socio en la lucha contra el narcotráfico que no queremos trabajar con ustedes, eso envía un mensaje que nos va a perjudicar en cuanto a nuestros propios esfuerzos”, considera el catedrático David Shirk.

Por otro lado, datos revelan que el cruce de indocumentados desde la frontera sur se encuentra dentro de los niveles más bajos de las últimas cuatro décadas.

Estadísticas de Patrulla Fronteriza señalan que durante el año fiscal 2015, se registraron 331 mil 33 detenciones en la frontera desde San Diego hasta Texas.

Cuatro años atrás, se reportaron 327 mil 577 aprehensiones. La última vez que se registraron números dentro de ese rango fue en 1972.

Quienes saldrían beneficiados con el muro, son las organizaciones delictivas pues cobrarán más caro, dice el historiador Marco Antonio Samaniego.

“Los que han terminado ganando son los que se dedican tanto en México como Estados Unidos al tráfico de personas”.

Y paradójicamente, Samaniego dice que México se podría beneficiar en el ámbito internacional.

“Va a ser un reclamo constante y curiosamente un tema de solidaridad para con México”.

A la larga, el doctor en historia por el Colegio de México ve otras implicaciones para la Unión Americana como afectaciones en el tema de medio ambiente, pérdidas económicas y de turismo.

“Yo pensaría que ese dinero que van a invertir mejor lo usen en campañas para no usar drogas y con eso se solucionan más cosas que con el muro y Estados Unidos no perdería todo lo que va a perder”, dice.

Por otro lado, no hay evidencia para mostrar que la violencia que aqueja a algunas ciudades mexicanas en el norte del país haya cruzado la frontera.

Según estadísticas del Buró de Investigaciones Federales (FBI), ciudades en estados fronterizos como San Diego (California), Phoenix (Arizona) El Paso y Austin (Texas) se mantienen dentro de las más seguras a nivel nacional.

Los vecindarios colindantes al muro no se sienten vulnerables. Lisa Cuestas, directora ejecutiva del grupo comunitario Casa Familiar ha vivido y/o trabajado en San Ysidro por 17 años y dice jamás ha sentido inseguridad.

“Un muro es una ilusión que se está vendiendo, una ilusión irresponsable para decir que un muro de ese tamaño va arreglar los problemas que tenemos, así no son de sencillas las cosas”, considera la activista.

En lugar de invertir miles de millones de dólares en un muro, las comunidades de San Ysidro demandan inversión que agilice el cruce legal en la garita más transitada del mundo, algo que además, detonaría el motor económico de esta región binacional.

Un estudio de la Asociación de Gobiernos de San Diego (Sandag) señala que cada año la región pierde 7 mil millones de dólares y 60 mil empleos a consecuencia de las demoras al cruzar la frontera.

Además de no parecer necesario ni factible económicamente, la propuesta del muro tampoco luce muy querida.

Un sondeo realizado en febrero por el Centro de Investigación Pew indica que un 62% de los encuestados se opone a su construcción, mientras que un 43% considera que no cumplirá su propósito de reducir el cruce de indocumentados.

Moisés, un trabajador de construcción que recientemente fue deportado a Tijuana tras vivir más de 18 años en Nueva Jersey coincide con esa visión, pues dice que no habrá barrera
que le quite la ilusión de regresar al lado de su esposa e hijo.

“Eso no va a detenernos, (Trump) puede poner cuatro o cinco muros, nosotros vamos a buscar la manera de regresar con nuestras familias”.