Entre la Ley estatal del agua que fue abrogada y la que está vigente, hay poca diferencia sobre cuándo la autoridad puede reducir el suministro.
Aunque las protestas ciudadanas hayan echado abajo la iniciativa del gobernador Francisco Vega de Lamadrid en enero de este año, muchas personas podrían quedarse sin el servicio de agua si se retrasan en el pago.
La gente logró evitar que al tercer mes se le cancelara el abasto después de acumular dos meses sin pagar y que hubiera incrementos anuales a la tarifa, como planteaba la ley abrogada.
La legislación permitía la instalación de un reductor en la tubería en el segundo mes de adeudo, y la suspensión total en el tercero. Actualmente solo pueden instalar reductores hasta el tercer mes de adeudo.
Por eso ahora la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), busca cómo recuperar la mayor cantidad de dinero con la instalación de reductores que permite la ley vigente.
“Dijimos que íbamos a ser más agresivos en ir a cobrar”, sentencia el director de la CESPT, Miguel Lemus Zendejas.
Y lo están cumpliendo. Cuando años atrás instalaban un promedio de cinco mil reductores mensuales, para cuando termine este mes habrán instalado 25 mil, según estimaciones de la misma paraestatal.
“No es porque queramos, es porque miramos que la gente se está retrasando en los pagos”, justifica el director.
Así le pasó a Soledad Alfaro López que vive en la colonia Villa del real, al este de la ciudad. Le pusieron un reductor porque tenía una deuda de ocho mil pesos.
Ella recuerda lo complicado que fue seguir con su rutina diaria, como lavar la ropa. “Llenas una lavadora, la pones a las ocho de la mañana y como a las doce del día se llenó”, recuerda.
Pero aparentemente por la ubicación de su casa en lo alto de la calle, se quedó sin agua. “A mí me la han cortado cuatro veces, y la han cortado total”, asegura.
El problema empezó cuando rentó su casa y los inquilinos dejaron una deuda que escaló hasta que buscó un convenio de pago.
Como ella, un 19% de los 620 mil usuarios con que cuenta la CESPT en Tijuana y Playas de Rosarito, deben el servicio del agua.
Esa cartera vencida representa cada año unos 200 millones de pesos según el arquitecto Miguel Lemus.
Dice que el 80% de las cuentas son de hogares, y es allí donde más fallan con su pago mensual.
El investigador Erick Velázquez reconoce que el acceso al agua es un derecho humano, pero su interpretación ha sido objeto de controversia en distintos países.
“En teoría no puedes cortarle el agua a la persona aunque no la pague. Tiene que haber una manera de negociación. Eso es a nivel jurídico, ya de implementación es otra cosa”, menciona.
El agua y su saneamiento fueron reconocidos como Derecho Humano por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2010.
En la resolución A/RES/64/292, los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a reducir en 50% el número de personas que entonces no tenían acceso al agua.
El documento dice que en el mundo había 884 millones de personas en esa condición, y más de 2 mil 600 millones no tenían acceso a saneamiento.
En el punto número dos de los tres acordados, la ONU “exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento”.
Velázquez, que ha investigado durante años el uso del agua, y actualmente es candidato al doctorado de la Universidad libre de Amsterdam en estudios de políticas ambientales con la investigación Gobernanza del agua a nivel transfronterizo, dice que el documento es ambiguo.
“No define qué significa por ejemplo acceso a agua potable, ni define tampoco saneamiento. Con base en eso los países empiezan a hacer sus directrices”, dice.
Considera que la instalación de reductores es controversial y resalta que en algunos países ha llegado a tribunales.
Todos los tratados internacionales que México firma están al nivel de la Constitución, recuerda, pero en este país nadie ha buscado la vía legal.
Hasta el momento la inconformidad ciudadana sólo ha llegado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). El organismo confirmó que en 2016 recibió nueve quejas relacionadas con la instalación de reductores.
Seis de esas quejas son contra la Comisión de Servicios Públicos en Tijuana y las tres restantes contra su homóloga de Mexicali.
Fuentes oficiales de la CEDH informan que seis casos siguen en proceso y tres más culminaron sin recomendación. Las partes pudieron haber desistido o llegado a un acuerdo.
La Comisión Estatal asegura que no viola ningún derecho humano reduciendo la cantidad de agua que llega a las casas de quienes no pagan su recibo.
“Realmente lo que se cobra en la tarifa no es agua, se cobran los gastos de la transportación”, destaca su director.
Afirma que la pieza instalada en la tubería está certificada y por eso la Secretaría de Salud y el Gobierno Federal permiten su comercialización.
Un reductor, detalla, permite el paso de 50 litros diarios por persona. Pero la falta de presión en la tubería puede alterar el flujo.
“La ley habla del derecho humano al agua; tienes agua en tu casa. Pero no te dice que es lo suficiente para que llenes una alberca, ni para que mantenga la presión de un jacuzzi”, asienta Lemus Zendejas.
Usuarios reconocen que cuando deciden no pagar es porque no hay una suspensión del servicio como pasa con la energía eléctrica, la telefonía celular o el internet.
Este último servicio es considerado por la ONU como un derecho humano que forma parte de la libertad de expresión, pero la red digital no es un servicio básico para el desarrollo de las personas.
La CESPT asegura que cuando un usuario ve interrumpido el abasto regular de agua, tarda entre tres y siete días en ir a las cajas de cobro.
“Desgraciadamente funcionan”, dice el director Miguel Lemus Zendejas de la instalación de reductores como herramienta para conseguir el pago.
Soledad Alfaro cuenta que consiguió tres mil pesos de los cuatro mil pesos que le pidieron para hacer un convenio y recuperar el abasto. Al fallar en el pago del convenio o el consumo, regresaba el reductor.
“Han tardado hasta una semana, semana y media para instalármela”, asegura.
La Comisión cobra al usuario 48 pesos por instalación y retiro de los reductores que pagan a las empresas.
La ley del agua abrogada, permitía a la CESPT cobrar 125 pesos por quitar un reductor y cobrar otros 129 pesos por “reconexión del servicio”.
Las órdenes de instalación de un reductor, dice Lemus Zendejas, son enviadas automáticamente vía digital y no hay errores en la selección de los usuarios.
Frente a la falta de personal que cumpla con la instalación de reductores, la paraestatal firma contratos con empresas o personas regularmente del ramo de la construcción, dice.
En los últimos tres años un grupo de trece empresas y siete personas físicas recibieron por adjudicación directa: 74 contratos por un valor total de 22 millones 182 mil 629.67 pesos.
“Tenemos que tener un resultado de cómo tratan al usuario. Hay que informarle al ciudadano de la instalación del reductor, hay que darle la oportunidad de que pague ese día”, menciona Lemus Zendejas.
Soledad pagó horas antes de que llegaran a ponerle el reductor y asegura que de nada sirvió mostrar el recibo pagado.
“El señor muy groseramente me dijo: ‘yo no sé nada de eso, yo traigo esa orden y lo voy a hacer’. Le dije hasta groserías, lo mandé a la fregada”, platica.
La Comisión de Servicios Públicos de Tijuana ahora está recurriendo a la tecnología con la instalación de micromedidores.
Las piezas son de aleación de plástico para evitar la compra-venta clandestina, y no hacen falta empresas para instalar reductores, ni de cuadrillas para llevar recibos.
El titular de la CESPT explica que un sistema vía satélite permite operar el nivel del flujo desde una oficina, y enviar el recibo de cobro vía correo electrónico.
“Hay unas zonas de Tijuana en las que sería imposible ponerlas. Más tardarías en ponerlo, que en que te roben la antena”, anota.
Asegura que en febrero instalaron 18 mil micromedidores, pero el dinero no alcanzó para el sistema operativo y el dispositivo que controla el flujo de agua.
“En cuanto podamos lo vamos a hacer. 2017 no es prioridad, 2017 por los recortes presupuestales nuestra prioridad es la reposición de redes”, apunta Miguel Lemus.
El cobro de cartera vencida no es la única fuente de ingresos que podrían servir para aumentar o reparar la red de suministro en la ciudad.
El director señala que hogares y comercios violan y retiran los reductores. También que alteran la conexión para que no haya registro del flujo de agua en el medidor.
“Es un clandestinaje claro, los estamos detectando. Traemos una coordinación muy estrecha con la Comisión Federal de Electricidad, porque donde ellos están detectando que les están robando energía eléctrica, el 100% seguro que se están robando el agua también”, subraya.
La sanción es según el daño hecho a la red o al medidor, además del pago por el servicio basado en el consumo histórico del mismo usuario.
La CESPT enfrenta problemas financieros para reparar o renovar infraestructura a pesar de tener un importante presupuesto.
De acuerdo con fuentes oficiales de la Comisión, para este 2017 tienen un presupuesto de 3 mil 107 millones de pesos, y todo depende del pago de los usuarios.
El ente ha sido causa de disputas político partidistas por el control de su operación, y más de un político se ha recargado en ella para tratar de empujar sus aspiraciones.
José Guadalupe Osuna Millán, ex gobernador de Baja California y ex alcalde de Tijuana, fue antes Director de la CESPT. Jorge Ramos también dirigió la paraestatal antes de llegar al Ayuntamiento y hoy es diputado federal por Acción Nacional.
Otro panista, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, prometió en su campaña el programa conocido como “Borrón y Cuenta Nueva”, y en 2014 firmó el decreto.
Esto significó la condonación de adeudos por consumo hasta 2012 y la eliminación de multas y recargos del 2013 a cambio de un convenio de pago por el consumo del mismo año.
“Con este decreto se han condonado más de 2 mil 362 millones de pesos a cerca de 221 mil cuentas”, informó el gobierno estatal en un comunicado de prensa emitido en febrero de 2014.
Otro que estuvo activo, pero desde la oposición, fue el ex regidor del Partido del Trabajo (PT) en Tijuana, José Cañada García.
Como líder de su partido reclamó a la CESPT por altos cobros indebidos y suspensión del servicio. Después como candidato a diputado local en 2016 ofreció repetir el programa “Borrón y Cuenta Nueva”.
El investigador Erick Velázquez advierte que promesas de no pagar por el servicio, aunque suenan muy bien para los ciudadanos, únicamente son demagogia.
“En un corto plazo se puede subsidiar con otro tipo de recursos, pero no se puede construir un suministro municipal o estatal de agua si no hay una fuerte base de recaudación. Es un problema cultural, también de corrupción, falta de transparencia. Pero definitivamente aún resolviendo todos esos aspectos, es necesario mantener una base de pagantes”, establece.
Considera una opción diseñar una tarifa escalonada según condiciones socioeconómicas para así conseguir lo necesario para la operación, mantenimiento y aumento de la red.
“Hay mucha ineficiencia en cómo distribuyes los recursos públicos para ese tipo de obras”, anota.
La ley abrogada aseguraba que no dejaría a los usuarios sin agua al término del tercer mes de adeudo. Pero los ciudadanos tendrían que acercarla a sus domicilios.
Lemus Zendejas dice que una opción era llevar pipas que los usuarios pagarían al precio de cada vendedor. Otra era instalar una toma comunitaria para que las personas acarrearan el agua a sus casas.
“Si tú no pagaste los costos de transportación y operación, entonces por qué vamos a estar transportando y operando agua para ti que no la pagas”, cuestiona el director de la CESPT.
Para Erick Velázquez estas posibilidades podrían traer otros problemas como la disponibilidad de pipas o tomas, además del grado de cumplimiento de la autoridad de esas obligaciones.
Para la nueva ley de agua que será presentada al Congreso local, diputados, el ejecutivo y especialistas han levantado la mano para aportar a la nueva legislación.
El arquitecto Miguel Lemus responde que no tienen definido de qué manera garantizarán el pago del servicio de agua potable.
“Buscaremos que el próximo documento se someta a consideración a través de los foros con la ciudadanía, y que lo que propongan los especialistas en el tema del agua, sea lo que se plasme”, responde.
Mientras la nueva ley se concreta para Baja California, la Comisión ya inició con su política recaudatoria instalando más reductores.
Por lo pronto, menos agua para morosos y más dinero para la CESPT.