La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que efectivos del Ejército y la Policía Federal transgredieron la ley al detener arbitrariamente y torturar física y psicológicamente a una mujer, cuyo caso fue exhibido en abril del 2016 a través de redes sociales.
La CNDH emitió una recomendación a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, por el cateo ilegal y la detención de dos hombres y una mujer, en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
El caso de tortura contra la mujer se difundió en redes sociales en abril de 2016, en un video donde dos personas con uniforme militar y una más con el de Policía Federal, colocaron una bolsa en la cabeza de la mujer, la golpearon y torturaron con el fin de obtener una declaración.
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En el expediente CNDH/2/2016/2793/Q la Comisión acreditó que en febrero de 2015 efectivos del Ejército detuvieron a tres personas sin contar con mandato expedido por la autoridad competente.
En la vivienda donde ocurrieron los actos de tortura, también estaban otras cuatro víctimas: la madre de la mujer que detuvieron, dos de sus hijos de 8 y 6 años, y el propietario del inmueble, de 74 años de edad.
Los agraviados fueron trasladados a instalaciones militares donde, según declaración de la mujer torturada, fue golpeada por tres mujeres, dos vestidas con uniforme del Ejército y una con el de la Policía Federal.
En un cuarto, dice el informe de la CNDH, la mujer fue obligada a desnudarse y recibió más agresiones y fue interrogada por un hombre con uniforme militar.
Después “fue llevada a un taller mecánico abandonado, donde continuó el interrogatorio sobre armas y personas, al no proporcionar información la amenazaron con dañar a su familia; la mujer policía la obligó a hincarse, la esposó con las manos hacia atrás y le colocó una bolsa de plástico en la cabeza e intentó asfixiarla en dos ocasiones, cubriéndole con la mano boca y nariz”, se lee en un comunicado emitido por la CNDH.
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Posteriormente la trasladaron en una patrulla a Iguala, Guerrero, y en el trayecto la uniformada le dio toques eléctricos en una pierna en cuatro ocasiones.
La Comisión también acreditó que el sufrimiento causado a la mujer fue intencional y con el objetivo de obtener información, lo que le provocó graves afectaciones psicológicas y emocionales.
Aunque el video se difundió en abril de 2016, la Sedena tuvo conocimiento del caso desde diciembre de 2015, pero fue hasta el año siguiente que cumplimentó una orden de aprehensión contra un capitán y una soldado de la Policía Militar.
La CNDH solicitó que se investigue si más servidores públicos, tanto de la Policía Federal como de la SEDENA tuvieron participación, ya sea por acción o por haber tolerado tales conductas.
Acreditadas las violaciones a derechos humanos, la Comisión Nacional recomendó a la SEDENA y a la CNS coordinarse para reparar el daño de forma integral a las siete personas agraviadas.
También, ordenar que los elementos de ambas instancias empleen, en todos sus operativos, cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio; capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos, en especial sobre prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles.
A la CNS le pide, además, instruir a los servidores públicos de la Policía Federal para que elaboren sus partes informativos apegándose a la verdad y se fomente en ellos la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.