La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación tras analizar las conclusiones de la investigación interna de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) en relación a las irregularidades cometidas durante la integración del caso Ayotzinapa asegurando que cuenta con elementos respecto al quebranto del derecho a la verdad.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigó la desaparición de 43 normalistas concluyó en un informe final que el entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, tergiversó la realidad al decir que representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas atestiguaron el 28 de octubre de 2014 la visita que realizó, con un detenido clave, al río de San Juan.
La ONU se manifestó “extrañada” y se deslindó de las diligencias realizadas por Zerón. Lo mismo sucedió con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que colaboraba en las investigaciones.
Zerón, quien renunció en septiembre pasado a la AIC para ocupar el cargo de secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, era investigado por la Visitaduría de la PGR, junto con otros funcionarios, debido a presuntas irregularidades cometidas durante la investigación del caso Ayotzinapa, el cual aún se mantiene abierto sin que se sepa el paradero de los 43 jóvenes.
Según la información con la que cuenta la Oficina del Alto Comisionado, la investigación conducida por la Visitaduría General habría identificado únicamente faltas leves, todas ellas calificadas como administrativas, sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna investigación penal.
“Las faltas administrativas habrían sido cometidas por nueve funcionarios de la PGR, en su mayoría mandos medios (peritos y ministerios públicos), así como por su exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio”.
Sin embargo, recordó que desde el inicio del caso la ONU-DH documentó graves violaciones a derechos humanos y patrones en la comisión de las mismas ligadas a la integración del caso.
“En este sentido, la Oficina cuenta con elementos de convicción respecto a la comisión de actos de tortura contra numerosas personas procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad, cometidas, entre otros, por funcionarios de la PGR”.
La Oficina del Alto Comisionado dijo que esos hallazgos fueron compartidos con las autoridades correspondientes de PGR desde el año pasado y con el Mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa de la CIDH.
“A pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, es lamentable el viraje que se produjo, cuyo resultado final significa una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa”, dijo Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado.
La ONU-DH indicó que desea reiterar su apoyo a las familias de las víctimas “en su búsqueda de verdad y justicia, así como a las organizaciones que las acompañan; destacar la necesidad de contar con órganos de control interno e instituciones de procuración de justicia autónomas, independientes, imparciales y profesionales, capaces de investigar con perspectiva de derechos humanos”.