El Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes (STJ) recibió en 2015 una camioneta X-Trail, un Versa y otra camioneta que costaron casi un millón de pesos, pero los devolvió hace seis meses porque fueron adquiridos y asignados irregularmente por la Secretaría de Seguridad Pública.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que los vehículos costaron 932,100 pesos y fueron adquiridos por el gobierno del estado mediante adjudicación directa sin acreditar “las mejores condiciones para el estado, ni los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad” en el proceso. Además, no fueron utilizados para los fines con que fueron adquiridos.
Juan Manuel Ponce Sánchez, magistrado presidente del STJ explicó el Poder Judicial no maneja los fondos y que todo se debió a la incompatibilidad de las reglas de operación locales con las de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec).
“Efectivamente, a nosotros, de ese fondo, nos fueron asignados, directamente por la Setec, tres vehículos. Esos vehículos llegaron con nosotros y después se hizo una observación de que, en base a la normatividad que habían señalado aquí las normas técnicas para la implementación y el manejo del fondo de seguridad, no podíamos tener esos vehículos”, detalló.
Los fondos, dijo, fueron asignados directamente por la Setec a través de Secretaría Técnica de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, que adquirió y asignó los vehículos durante la administración de Carlos Lozano. Indicó que en otras entidades se han asignado a los jueces vehículos con el Fondo de Aportaciones a la Seguridad.
“La Setec, a nivel nacional, autorizó que se asignaran también vehículos a los poderes judiciales de los estados. A todos los poderes judiciales de los estados les han sido asignados vehículos; en el caso particular de Aguascalientes, había un problema con la normatividad federal respecto a la normatividad local. Había un apartado por ahí que señalaba que los vehículos solamente (eran) para la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía, no para los Poderes Judiciales”, explicó.
Reconoció que salvo el caso de los automóviles, el Supremo Tribunal de Aguascalientes ha recibido apoyo financiero de Setec para la operación del sistema acusatorio.
De acuerdo con la página del Órgano Implementador del nuevo sistema en el estado, solo en 2016 se destinaron seis millones 14,641.62 pesos al Poder Judicial, entre infraestructura, equipamiento y capacitación.
Mientras tanto, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirecu) abrió expediente desde junio de 2016, para deslindar las responsabilidades administrativas.