Inmobiliaria Imagen Visión se salió con la suya. Este sábado taló mezquites y huizaches del Ejido Ojocaliente que un juez federal le había ordenado no tocar.
Según el abogado Marco Ramírez, promotor del amparo que consiguió la suspensión de la tala, no solo la empresa estaría cometiendo un delito, sino también la Semarnat, representada en Aguascalientes por Gilberto Gutiérrez.
“El jueves a la 1 de la tarde se notificó a la Semarnat, al delegado. Yo vi las constancias en el expediente. Entonces, es un delito conforme con la Ley de Amparo (…) Si bien el delegado no hizo el derribo, él, cuando ya tiene la notificación de la suspensión, tiene que cumplirla y llevar a cabo todos los actos y obras tendientes a evitar que se realice el derribo. Él no hizo nada y su omisión es un delito y es una violación a la suspensión. Vamos a interponer el incidente en el Juzgado Tercero”, explicó Ramírez Rodríguez.
El artículo 262 de la Ley de Amparo establece penas de tres a nueve años de prisión, multas de 50 a 500 días y la destitución e inhabilitación por hasta nueve años del servidor público que, entre otras cosas, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado o se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a órdenes dictadas en un juicio amparo, si es autoridad responsable en dicho juicio o en el el incidente de suspensión.
El ecocidio
El último árbol indebidamente derribado cayó poco antes de las 3:00 de la tarde de este sábado. Para entonces, según los vigilantes de la empresa de seguridad privada Matrax, el derribo de los 221 árboles comenzó desde el viernes por la noche y fue avalado por la Semarnat. Sin embargo, no mostraron el documento con ese permiso.
Argumentaron que el permiso lo tenía ‘el ingeniero’ y, aunque uno de ellos dijo que le llamaría por teléfono, tanto él como su compañero dijeron ignorar cuál era su nombre y el de la compañía que ordenó el ecocidio.
La tala del último ejemplar tardó unos 25 minutos. A excepción del personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (Semadesu) del ayuntamiento, durante ese lapso ninguna autoridad hizo acto de presencia en el lugar. Solo tres activistas acudieron, pero todos permanecieron fuera de la malla que protege el predio al ser propiedad privada.