En 1997, un hombre que no podía comprar un arma en Nueva York viajó más de 1600 km a un estado donde si podía hacerlo: Florida. Aprovechando las laxas leyes de ese estado con respecto a las armas de fuego, se hospedó unos días en un motel, consiguió una identificación del estado de Florida, compró una pistola y regresó a la ciudad de Nueva York.
Hoy hace exactamente 20 años, ese hombre abrió fuego en el mirador del edificio Empire State, hiriendo a seis personas y asesinando a una antes de suicidarse.Mi hermano menor, Matthew Gross, resultó herido en el ataque: recibió un tiro en la cabeza. Mucho tiempo después de que las cámaras de los medios de comunicación miraran hacia otro lado, mi familia tuvo que enfrentar las consecuencias de ese terrible día: recibir la noticia de que mi hermano podría morir, verlo soportar varias cirugías cerebrales y un largo coma y, para Matthew, toda una vida afrontando valientemente una lesión cerebral traumática.
Matt y yo hemos cambiado mucho en estas dos décadas, pero no ha ocurrido lo mismo con las leyes federales sobre armas de nuestra nación.
Los terroristas, o las personas sospechosas de serlo, así como cualquier otra persona peligrosa, pueden comprar un arma de fuego sin una revisión de antecedentes de acuerdo con la Ley Brady en Florida y en la mayoría de los estados. En lugar de construir muros y prohibir que ciertas personas entren en Estados Unidos, el Presidente y el Congreso deberían enfocarse en soluciones que mantengan a las armas lejos de las manos de personas peligrosas, soluciones que realmente podrían prevenir verdaderos ataques terroristas como el tiroteo en el edificio Empire State, así como los ocurridos en Oak Creek, Charleston, Colorado Springs y Orlando.
Han pasado casi nueve meses desde el tiroteo masivo más mortífero ocurrido en el país en el club nocturno Pulse. Decenas de políticos tuitearon sus reflexiones y oraciones, diciendo que esto “no puede volver a ocurrir”. Aunque varios estados votaron para fortalecer las leyes de armas de fuego en otoño pasado, la única acción emprendida por el Congreso ha consistido en debilitar dichas leyes y hacer que sea MÁS FÁCIL que las armas caigan en manos peligrosas.
A menos de un mes del inicio de la presidencia de Trump, el Congreso aprobó un histórico proyecto de ley (H.J. Res. 40) para debilitar la revisión de antecedentes según la ley Brady. Los congresistas aprobaron una cruel resolución que pondría en riesgo a los estadounidenses vulnerables si es aprobada por el Presidente. Los políticos falderos desobedecieron al pueblo estadounidense para ampliar la base de clientes de la industria de las armas de fuego, a expensas de aquellas personas que se encuentran en riesgo de dañarse a ellas mismas o a otros. Estas son las consecuencias reales y de vida o muerte de un Congreso comprado y pagado por los cabilderos de la industria de las armas.
Pero en la prensa, en las Cortes, en Capitol Hill y en cada rincón del país exigiremos cuentas a cualquier persona que continúe poniendo en riesgo la seguridad pública en nombre de la obtención de ganancias por intereses especiales. Esto significa considerar a la violencia por armas de fuego como la epidemia de salud pública que es en realidad, deteniendo a los distribuidores de armas “corrompidos” que introducen las armas de fuego de los criminales en nuestras ciudades, y expandiendo la revisión de antecedentes según la ley Brady para mantener a las armas de fuego lejos de las manos de terroristas y otras personas peligrosas. El Congreso y la Casa Blanca tienen la capacidad de hacer todo esto y realmente salvar vidas. Nosotros tenemos el poder de presionarlos hasta que lo hagan.
En cada aniversario, cuando recuerdo el día en que mi hermano recibió el disparo, el 23 de febrero de 1997, sigo sintiendo listeza y rabia. Pero también me siento afortunado. A diferencia de muchas otras víctimas de la violencia por arma de fuego, mi hermano salió con vida. Noventa y tres estadounidenses mueren por disparos cada día en este país. La mayoría de esos tiroteos no generan grandes encabezados en la prensa. De hecho, pasan escandalosamente desapercibidos por la nación y por el Congreso, que ha llegado a aceptar una vergonzosa epidemia de salud pública como algo normal.
Me integré a este movimiento cuando el asunto se volvió personal. Desafío al presidente Trump a que haga lo mismo. Antes de que emprenda alguna acción en relación con el proyecto de ley H.J. Res. 40 o con cualquier otro que los cabilderos de la industria de las armas pongan en su escritorio, lo desafío a que realmente pase un tiempo con los sobrevivientes y las familias devastadas por la violencia por armas de fuego. Basta de hablar, basta de tuitear.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek