La Ley de Seguridad Interior debe evitar la participación de las Fuerzas Armadas en la prevención e investigación de delitos y bajo ningún supuesto deben intervenir en tareas vinculadas con la seguridad de las personas de forma permanente, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La ley, según la CNDH, no puede restringir o limitar indebidamente el ejercicio de los derechos como protesta social, libertad de expresión o de tránsito. La premisa debe ser reconocer y respetar la dignidad de las personas y preservar el esquema de competencias y atribuciones que contempla el artículo 21 constitucional, señaló el ombudsman Luis Raúl González Pérez durante su participación en el Foro “Seguridad Interior, Seguridad Pública y Derechos Humanos: Análisis de las Iniciativas de Ley de Seguridad Interior”, que se llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México.
González Pérez planteó que la ley debe atender como premisa la formación y capacitación de policías, acciones de Inteligencia financiera e investigación patrimonial, el fortalecimiento de la prevención -privilegiando y fortaleciendo el ejercicio de los derechos sociales-, el combate al tráfico de armas y un replanteamiento del sistema penitenciario.
“Abordar esta problemática de manera parcial, sólo producirá soluciones parciales que no resolverán las cuestiones de fondo”, subrayó el ombudsman.
Las fuerzas policiacas han sido desplazadas en la lucha contra el crimen organizado, así lo muestran los datos más recientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la par que las corporaciones militares han ocupado un lugar más preponderante en la ofensiva contra los “cárteles” de la droga como ha quedado evidenciado en los operativos recientes que ha encabezado la Secretaría de Marina.
Por su parte Julio Ríos Figueroa, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) precisó cuál debe ser el papel de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.
“El objetivo de las Fuerzas Armadas no debe ser eliminar al enemigo o ganar a cualquier costo, sino restablecer el Estado de Derecho mediante el uso legítimo y ejemplar de la fuerza”.