El procedimiento para deportar migrantes indocumentados de Estados Unidos será más rápido a partir de este martes debido a los nuevos lineamientos establecidos por la administración de Donald Trump.
El gobierno estadounidense, a través del Departamento de Seguridad Nacional, anunció la contratación de 10 mil nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de 5 mil más para la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP).
Las nuevas directrices firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, también incluyen la eliminación de exenciones aprobadas previamente por la administración de Barack Obama.
Entre los lineamientos más destacados están que no sólo se deportará a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, si no también a aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y nacional”.
De acuerdo con dos documentos firmados ayer y dados a conocer hoy, la prioridad seguirá siendo la captura y deportación de inmigrantes en situación irregular y con antecedentes criminales, como había sido práctica desde el anterior gobierno, de Barack Obama.
No obstante, el documento añadió que, “con extremadamente pocas excepciones limitadas, el DHS no eximirá ninguna clase o categoría para remoción de extranjeros de la potencial aplicación de la ley”.
“Todos aquéllos en violación de las leyes de migración pueden ser sujetos a procedimientos de aplicación de la norma, incluyendo la remoción de Estados Unidos”, apunta el documento.
“El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur sobrepasó a las agencias y los recursos federales y creó una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de Estados Unidos”, se explica dentro de las nuevas reglas de deportaciones.
Estos memorandos internos son el primer paso para la aplicación de la promesa de campaña de Trump de expulsar del país a los inmigrantes en situación irregular -unos 11 millones en total, la mayoría mexicanos- independientemente de que hayan o no cometido crímenes violentos en su país de origen o en territorio estadounidense.