Hallan irregularidades en obra de la Villa Charra

La actual administración estatal podría dejar inconclusa la obra en la fracción del predio que el gobierno conservó tras perder la Villa Charra. El problema son retrasos por que equivalen a 10 millones de pesos.

José de Jesús Altamira, titular de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (Sicom), reconoció que aunque se evalúan posibles modificaciones al proyecto original, que consiste en un foro y un parque, el faltante supera el presupuesto del que dispone la dependencia.

“Fue un proyecto originalmente mal calculado. Ahorita, preliminarmente, traemos un monto faltante de 10 millones de pesos para terminar esa obra, que obviamente se desfasa totalmente de una meta inicial (…) Ahorita no hay un presupuesto asignado para esa obra porque estábamos en un proceso de finiquito y calcular bien los cierres de este contrato”, explicó.

Altamira Acosta apuntó que además de Sicom, la decisión de reasignar recurso para que el espacio comience a operar dependerá también de la Dirección de Planeación y el Patronato de la Feria.

“Vamos a cerrar, a tapiar esa obra, a generar la seguridad para que no pueda tener acceso nadie. Estamos viendo si hay manera de generar algún recurso o se queda suspendida por lo pronto”, dijo.

La parte que se detendría sería el foro, que ocupa el lado poniente del terreno, mientras que el parque se entregaría al Patronato o incluso al ayuntamiento.

Por otro lado, el secretario informó que este mes se definirá la posible sanción a Constructora y Urbanizadora Bonaterra, por los presuntos pagos en exceso de alrededor de seis millones de pesos en el paso a desnivel en López Mateos.

“Es como un proceso de finiquito de un contrato que se lleva su tiempo en la conciliación de los números, precisamente por parte de la Contratista y la Sicom, para precisar el número y hacerle el requerimiento correspondiente”, señaló.

Al concluir este proceso, explicó, la Sicom podría pedir el reintegro del pago excesivo. La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas impondría alguna sanción administrativa e incluso penal, si resultara procedente.

Mientras tanto, la compañía puede seguir participando en procesos licitatorios del gobierno, pues no ha habido ninguna resolución.