Activistas de derechos humanos exigieron al alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, devolver al condado el estatus de “santuario” para los indocumentados, luego de que obedeciera las órdenes de Donald Trump en materia migratoria.
Giménez ordenó a las cárceles locales detener a los indocumentados si así lo pide el gobierno federal, con el fin de limpiar su reputación de ciudad santuario y no poner en riesgo el ingreso de fondos federales.
Tras la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el viernes, cerca de 300 ciudades santuario corren el riesgo de que el gobierno les corte los fondos federales.
Mientras Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago prometieron resistir y seguir protegiendo a los inmigrantes, en Miami su alcalde se apresuró a acatar la orden del presidente Trump.
En respuesta, organizaciones civiles protestaron el viernes frente a la alcaldía. A la par, otras organizaciones de derechos humanos y de defensa de los inmigrantes alzaron la voz.
“Es vergonzoso que el alcalde Giménez se una a esta ola de ataques racistas que están causando pánico entre la gente”, dijo la activista María Bilbao, de United Families.
La organización United We Dream está reuniendo firmas en una página web para forzar al alcalde a “resistir a Trump y sus políticas antiinmigrantes, que destruirán familias y dañarán nuestra economía”.
En tanto el capítulo de Florida de ACLU, la mayor organización de derechos humanos del país, escribió en un comunicado que está “desilusionado” por la medida de Giménez, un republicano nacido en Cuba que dice haber votado por la demócrata Hillary Clinton.
“La decisión de Giménez es un golpe en la cara a la larga historia de Miami como una ciudad de inmigrantes… Resistiremos todos los intentos de nuestro gobierno de castigar a los inmigrantes, sin importar su estatus”, dijo Howard Simon, director de ACLU de Florida.
—