Integrantes de las fuerzas de seguridad de México “han estado implicados en reiteradas y graves violaciones de derechos humanos” como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas durante la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, denuncia Human Right Watch (HRW) en su Informe Mundial 2017.
La organización defensora de derechos humanos destaca además que el gobierno mexicano ha conseguido pocos avances “en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la ‘guerra contra el narcotráfico’ en México”.
El documento menciona cómo México ha usado activamente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que ha llevado a que “militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos”.
Con base en cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el reporte da cuenta de casi 10,000 denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2000 durante el gobierno actual.
Al respecto se destaca el hecho de que nadie ha sido condenado en el caso de Tlatlaya, donde 22 civiles murieron a manos de soldados en 2014, y según testigos y la CNDH, 12 de las víctimas fueron ejecutados extrajudicialmente.
Otros problemas que de acuerdo con HRW persisten en México son los ataques a periodistas y el acceso limitado a derechos reproductivos y atención de la salud. Asimismo, se destaca que desde 2006, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada.
El reporte da cuenta del informe emitido en abril pasado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado mediante un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el cual documentó “gravísimas falencias en la investigación del caso”, además de que refutó las principales conclusiones de la Procuraduría General de la República e instó a las autoridades a iniciar nuevas líneas de investigación.
“Solamente uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela de formación docente de Ayotzinapa, que desaparecieron en 2014 y se cree que habrían sido asesinados, fue identificado entre los restos que el gobierno afirma que pertenecen a los estudiantes”, dice HRW sobre el caso.
La organización refiere que hasta julio pasado, más de 100 personas habían sido imputadas por presunta participación en los secuestros y asesinatos, pero a la fecha de la redacción del presente informe, ninguna había sido condenada.
En ese sentido el reporte afirma que en México es habitual que el sistema de justicia penal no proporcione justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos.
“Esto se debe a causas que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos. La aplicación ineficaz de la ley ha contribuido al surgimiento de grupos armados de autodefensa ciudadana en numerosas regiones del país”, dice.
En otro de los temas tratados, HRW señala que numerosos periodistas, “especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios”, han sido víctimas de persecución y agresiones.
Dice que es habitual que los comunicadores opten por la autocensura ante los ataques por parte de autoridades o grupos delictivos. Asimismo indica que de acuerdo con cifras oficiales, 124 periodistas han sido asesinados entre 2000 y julio de 2016.
La organización denuncia además que el derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual.
“Algunas disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la ‘castidad’ de la víctima, contravienen los estándares internacionales”, explica.