En México toda persona tiene derecho a manifestarse y registrar el acto sin ser perturbada, pero los periodistas, cuyo trabajo es documentar, padecen en Baja California violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades que limitan su labor informativa.
Al respecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California, abrió una investigación sobre las agresiones a periodistas del sábado 07 de enero en Playas de Rosarito, mientras cubrían el bloqueo a la terminal de Petróleos Mexicanos.
Con esta, la CEDH espera abrir puertas para la creación de un protocolo de interacción entre periodistas y la autoridad, que establezca el actuar de ambos en situaciones de cobertura mediática.
Estos manuales ya existen a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la titular de esta comisión, Melba Adriana Olvera Rodríguez, considera importante definir uno específico para Baja California, de modo que las policías lo conozcan y lo puedan cumplir.
“Deben entender que el periodista cumple con una labor que implica garantizar el derecho a la información”, dice Olvera. En Baja California no existe una ley para regular el uso de la fuerza y las armas, lo cual es preocupante, según Melba Olvera.
En agosto de 2016, la CEDH realizó un foro sobre el tema, y contó con la participación de autoridades de las distintas corporaciones policiacas del estado, quienes coincidieron en la necesidad de legislar y capacitar a sus agentes.
Sin embargo, la ley en cuestión no ha llegado al congreso del estado. Tampoco ha derivado en un protocolo que marque el actuar de las policías municipal y estatal.
Según la estadística de la misma comisión, la mayoría de las quejas en contra de servidores públicos por violentar derechos humanos, son hacia policías.
El sábado 07 de enero, un grupo de bajacalifornianos protestaron frente a la terminal de almacenamiento y despacho de Pemex en Playas de Rosarito, para exhibir su inconformidad hacia el alza al precio de la gasolina, que elevó su valor de 13.16 pesos por litro a 16.04 pesos tras el “gasolinazo”.
Ese día, a lo largo de una jornada de manifestaciones civiles en Rosarito, agentes de la policía federal, estatal y municipal, agredieron física y verbalmente a ciudadanos entre los que se encontraban reporteros de medios locales y nacionales, que cubrían la protesta.
La CEDH registró al menos 18 casos, para integrar al expediente 47/2017, en atención a los atropellos que se cometieron aquel día.
Según su comisionada, en las revueltas se violentaron leyes como el derecho al trato digno, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la libertad de expresión, derecho a la seguridad e integridad personal y el derecho a la libertad, entre otras.
Daniel Ángel Rubio, reportero de Newsweek en Español Baja California, Síntesis y El Sol de Tijuana, fue uno de los afectados. Se le negó un trato decente. Además intentaron privarlo de su libertad en el ejercicio de su labor periodística.
Cuenta que un oficial, vestido de uniforme camuflado, le arrebató el teléfono celular y lo arrojó contra el suelo, dejándolo inservible. Enseguida fue sometido. Una bota sobre su cara lo mantuvo doblegado. El impacto al caer y la presión entre su rostro y el piso, lastimaron la zona derecha de su rostro, cerca del ojo.
Recuerda que también intentaron quitarle su tableta, dispositivo electrónico, con el cual realiza su labor periodístico, aunque Ángel Rubio se negó a entregarla. Fuera de ello, no opuso resistencia al sometimiento.
Se presume que el policía implicado en la agresión contra Daniel, era federal. Y es por eso que el caso, no le compete a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No obstante, Olvera Rodríguez, como titular del organismo estatal, cree que su intervención es necesaria, y apunta que tiene al menos tres propósitos: agilizar el proceso de investigación, fortalecer la estadística institucional y visibilizar la relación entre periodistas y autoridades encargadas de la seguridad ciudadana en el estado.
“Lo que va a hacer la CEDH es tomar las quejas, ponerles elementos de lo que podamos integrar en el expediente y remitirlos a la CNDH, porque estas se derivan de actuaciones donde interviene la autoridad federal”, dijo Melba Olvera, quien pide no normalizar la violencia.
No todos los periodistas fueron golpeados, pero todos fueron agredidos.
Entre ellos, Iván Molina, un periodista independiente, que aquel día, fue acorralado por elementos de la policía estatal, contra una pared. Molina supo que eran estatales porque alcanzó a ver sus placas antes de que estos lo amedrentaran y cegaran con una luz, que usaban para impedir el registro fotográfico y de video, de la protesta.
Molina llevaba un gafete que lo identificaba como prensa, pero la policía se negó a reconocerlo como tal. No pudo librarse de ellos sino después, gracias a compañeros periodistas, que a gritos informaron que era un colega.
Manuel Ayala, de Agencia Fronteriza de Noticias y colaborador de Newsweek en Español Baja California, vivió el mismo problema.
“Alguien me golpeó en la espalda baja y mi reacción fue voltear, era un policía pero no recuerdo de qué corporación era. En eso, se paró uno enfrente, federal, alto, moreno, no traía la cara cubierta y dijo, ‘A ese cabrón también llévenselo’, les dije ‘No, soy de prensa’ y uno me jaló el gafete como queriéndolo arrancar” cuenta Ayala.
Mientras esto pasaba, él no dejaba de recibir golpes con macana.
“Les decía: ‘Soy de prensa’ pero no dejaban de hacer eso. Sentía que me iban a romper el gafete. Lo que hice fue soltarme. Agarré mi gafete y se lo puse de frente [al policía], y le dije: ‘Mira soy de prensa, tengo mi gafete, ¿por qué me vas a llevar?’ Y me dijo: “No, tú eres un pendejito que anda de revoltoso aquí desde la mañana.’”
Tras insistir con su gafete en mano, Ayala pudo librarse de la detención, y fue a apoyar a otros compañeros.
Recuerda que las policías arremetieron contra la gente, sin discriminar entre prensa, mujeres y niños.
Algunos, dice, llevaban bates de béisbol.
En 2016 registraron 11 quejas. Mientras que este 2017, si llegan a comparecer todos los periodistas agredidos, serán 18 quejas en lo que va del año. Y apenas inicia.
Por la gravedad del asunto en materia de derechos humanos, Article 19 publicó este martes 10 de enero, una nota informativa donde exige tanto a la CNDH como la CEDHBC, “que investiguen y se pronuncien en contra de las posibles violaciones de derechos humanos contra comunicadores y manifestantes” a cargo de federales, estatales y municipales.
Article 19 es un organismo independiente “que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión”.
Al gobierno de Baja California, le demanda tomar cartas en el asunto para frenar este tipo de violencia. Y al nivel federal de gobierno, que “garantice el derecho a la protesta y a la libertad de expresión” en movilizaciones alrededor del país.
Mientras que a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), le solicita “que investigue a los elementos de la policía local, implicados en las agresiones”.
Al momento de esta publicación, solo la CEDH ha condenado las agresiones a civiles y periodistas, e iniciado su respectiva averiguación.
“Restringir el trabajo de un periodista es no entender cuál es su labor, la función social de un periodista. Estos hechos tienen que deben servir de sustento, para replantear la relación entre las autoridades y los medios de comunicación en Baja California”.