No te dejes engañar por el “acuerdo” del presidente electo Donald Trump con Carrier, el fabricante de sistemas de aire acondicionado. No es un acuerdo, es un soborno, y uno muy malo. Además, es un fraude.
Trump y el vicepresidente electo Mike Pence recompensaron a Carrier con 7 millones de dólares en incentivos fiscales cuando la empresa amenazó con trasladar 2,000 puestos de trabajo al extranjero. A pesar de las duras palabras de Trump, quien ha dicho que las empresas que trasladen puestos de trabajo fuera de Estados Unidos enfrentarían consecuencias, parece que, en la práctica, su plan consiste en llenar los bolsillos de las empresas mientras éstas continúan despidiendo a sus trabajadores.
En efecto, como resultado del acuerdo, alrededor de 850 puestos de trabajo que iban a ser trasladados permanecerán en Indianápolis, al menos por ahora. Sin embargo, miles de puestos de trabajo de Carrier siguen trasladándose a México. Lo que es peor, los trabajadores que quedan no tienen absolutamente ninguna garantía de que sus empleos no desaparecerán el mes próximo, o el año próximo. Esto forma parte de una tendencia corporativa más amplia a centrarse en el corto plazo, en la que se busca obtener ganancias rápidas a expensas de la estabilidad a largo plazo.
Es posible que Trump le haya dado un poco más de tiempo a esos trabajadores, pero de ninguna manera les ha ayudado a asegurar su futuro. Mientras tanto, Trump ha establecido un peligroso precedente para otras empresas. Si amenazas con trasladar empleos al extranjero, el gobierno te sobornará para que mantengas algunos de ellos en Estados Unidos.
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Si este acuerdo es una señal de la manera en que el presidente electo Trump habrá de gobernar, los trabajadores deberían estar sumamente preocupados. La intervención de Trump se centra en ofrecer sobornos corporativos y no en empoderar a los trabajadores ni crear empleos.
En lugar de utilizar fondos públicos limitados para enriquecer a las grandes corporaciones que trasladan puestos de trabajo de clase media al extranjero, una solución real para los trabajadores consistiría en aumentar su poder político y económico. La opinión de los trabajadores debe tener más peso en las decisiones importantes de la empresa que tienen que ver con ellos. Dar más poder a los trabajadores hará que resulte más difícil que los objetivos de obtener ganancias a corto plazo de las empresas influyan en su estrategia de trasladar puestos de trabajo al extranjero.
Charles Floyd y Hatice Lancaster, dos de los 1,400 trabajadores de Carrier Corporation en Indianapolis, Indiana, el 17 de febrero. Floyd y Lancaster perderán su empleo cuando la empresa traslade su producción a México. El anuncio realizado el 9 de febrero por Carrier, subsidiaria de United Technologies Corp. de que trasladaría su producción a México desde Estados Unidos puso la tendencia a largo plazo del declive de los empleos de fabricación en Estados Unidos en el primer plano del programa de trabajo del año electoral. Foto: Reuters/ Nick Carey.
Una manera sencilla de lograr esto sería garantizar que los trabajadores estuvieran en la mesa cuando se tomen tales decisiones. Las corporaciones alemanas, por ejemplo, no pueden crear estatutos sin contar con la representación de los trabajadores en el Consejo directivo. Sin embargo, en Estados Unidos, el sindicato que representa a muchos de los trabajadores afectados de Carrier ni siquiera fue consultado durante las negociaciones.
Si los trabajadores de la fábrica de Carrier hubieran tenido mayor voz en las decisiones importantes de la empresa, es posible que Carrier no hubiera amenazado con trasladar sus empleos a México.
Aunque podría ser demasiado tarde para los 1,000 trabajadores en Indiana, en Carrier y en su empresa matriz, United Technologies, que están a punto de perder su empleo, existen formas más efectivas que el gobierno de Indiana pudo haber utilizado para ayudar a suavizar los efectos de la subcontratación en el extranjero. Por ejemplo, el gasto de 7 millones de dólares para salvar 850 puestos de trabajo pudo haberse empleado de mejor manera proporcionando capacitación a todos los trabajadores si éstos enfrentaran el cierre de la fábrica.
El apoyo del gobierno a los programas de capacitación es una mejor inversión pública que las condonaciones de impuestos para empresas que sacan sus empleos de Estados Unidos. La capacitación ayuda a los trabajadores a obtener nuevos empleos, aumenta su productividad y favorece sus carreras. Este tipo de inversiones en las personas también ayuda a garantizar la estabilidad económica a largo plazo de los trabajadores.
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La capacitación a los trabajadores para que realicen empleos modernos favorece a toda la economía. Dicho proceso desarrolla industrias de alto crecimiento e impulsa la demanda agregada, lo cual genera el tipo de crecimiento económico que la zona industrial de Estados Unidos necesita después de más de 30 años de decadencia económica. Este es el tipo de acuerdo que la economía de Indiana necesita, en lugar de perder ingresos fiscales sin ningún beneficio a largo plazo, dejando atrás a los trabajadores y a sus familias.
El presidente electo Trump enfrentará muchos desafíos como este en los años por venir. Este acuerdo deja claro que él está dispuesto a renunciar a inversiones que favorecerán al capital humano de los trabajadores y a la economía estadounidense en conjunto, a favor de acuerdos con las corporaciones estadounidenses que hacen poco por ayudar a las familias trabajadoras a seguir adelante.
Aún peor, esto crea un mal precedente a futuro, pues alienta a otras corporaciones a tener el futuro de sus trabajadores como rehén para perseguir acuerdos apresurados con estados bien dispuestos o con el Gobierno Federal.
Quizás esa sea la forma de dirigir un negocio. Sin embargo, no es la forma de dirigir un país.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek