Tres mujeres mexicanas, sobrevivientes de tortura sexual perpetrada por elementos de la Marina y presas durante cinco años tras un proceso penal injusto basado en pruebas ilícitas, fueron liberadas este jueves por orden del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz.
Denis Blanco, Korina Utrera y Wendy Hernández fueron detenidas sin orden de aprehensión en Villahermosa, Tabasco, por elementos de la Marina Armada de México y llevadas a una instalación militar en Veracruz.
“Ellas fueron violadas, humilladas, sometidas a semiasfixia y a descargas eléctricas, incluso sufrieron insultos por su orientación sexual, esto con la finalidad de obtener una confesión autoinculpatoria y de involucrar a personas que no conocían en la comisión de diversos delitos”, precisó la organización Amnistía Internacional.
Tras salir de prisión, Denise Blanco dijo que es “tener de nuevo vida que se suspendió sin sentido, rehacer el tiempo perdido”.
“La libertad es volver a nacer junto a mi familia y la gente que me apoyó. Hoy es una nueva vida para mí, estoy de frente y de pie, quiero justicia”, exigió Korina Utrera. Por su parte, Wendy Hernández explicó que para ella, la libertad significa “estar con la mirada al frente y con sed de justicia”.
A los abusos cometidos en contra de las tres mujeres, se suma la incomunicación y la tardanza en la puesta a disposición ante las autoridades competentes.
Amnistía Internacional refiere que las tres fueron llevadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) en Veracruz y no en Tabasco, donde fueron detenidas.
“Las tres fueron señaladas ante los medios de comunicación como pertenecientes a un grupo delictivo en un proceso lleno de irregularidades e integrado por pruebas ilegales basadas en la detención arbitraria y tortura sexual. Al ser detenidas, estas mujeres pierden la oportunidad de denunciar sus crímenes y acusar a los culpables de la violencia cometida contra ellas”, indicó.
En ese sentido, tanto Amnistía como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ambas organizaciones acompañantes del caso, reconocieron que la liberación de las sobrevivientes de tortura representa un primer paso para la Justicia.
Los organismos civiles exigieron que la PGR no apele la decisión del juez en el caso, investigue las denuncias de tortura, garantice que las sobrevivientes puedan interponer recursos efectivos y recibir reparación integral.