La frontera entre Guatemala y México se convirtió en la ruta del despojo y la violencia contra personas migrantes y refugiadas, que en su intento por llegar a Estados Unidos son agredidos y sometidos a distintas formas de injusticia.
Los primeros hallazgos documentados por la Misión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en la Frontera Guatemala – México (MTMG) evidencian que los migrantes viven una “violencia estructural generalizada”, que en la mayoría de los casos afecta a las mujeres.
“La criminalización, persecución y represión a mujeres, migrantes y personas defensoras de DDHH y del territorio pueden culminar en la privación de su libertad y hasta en su asesinato”, destaca la Misión en un comunicado de prensa.
Testimonios de migrantes y defensores recabados por los expertos aseguraron sufrir amenazas, criminalización, trata, desapariciones, secuestros, robos, asaltos, tratos crueles e inhumanos, tortura y asesinatos masivos.
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Durante seis días un grupo internacional de 24 defensores de derechos humanos monitoreo el paso de los indocumentados por dos rutas a lo largo de 2211 kilómetros de la zona fronteriza.
A partir de la visita en 30 lugares, documentaron que 1600 personas sufrieron “patrones comunes de despojo”. Además, los pobladores de las diferentes etnias, entre ellas: mam, quiché, q’anjobal, kakchiquel, tseltal, tsotsil, tojolabal, zoque, chol y mestizos, sufren del saqueo de sus bienes naturales.
Según la Misión Internacional como consecuencia de proyectos energéticos, mineros, agroindustriales, turísticos y de infraestructura aumentó el desplazamiento forzado de las comunidades locales, también se han alterado los ecosistemas y la contaminación de las zonas agrícolas.
En diversas ciudades de Centroamérica, la violencia es una de las principales razones de migración. Foto: AFP
Autoridades y crimen organizado juntos contra migrantes
Los expertos mexicanos y extranjeros determinaron otro “patrón común” en la consolidación de un enfoque de seguridad nacional que controlan los flujos migratorios, aumentando la militar, de puestos y retenes de control migratorio que no protege la seguridad humana.
Autoridades públicas y entidades incrementaron estrategias de desarticulación de las identidades culturales campesinas e indígenas y del tejido comunitario y social, acentuando la división dentro de las comunidades, mencionan.
La Misión identificó -en la mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos escuchados-, la responsabilidad directa de autoridades públicas, en colusión con el crimen organizado y de empresas nacionales y transnacionales.
“Actúan mediante la cooptación y la corrupción del sistema de justicia, apoyándose con la presencia de empresas de seguridad privada y grupos de civiles armados”, destacan.
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Además falta el acceso al derecho de asilo y protección internacional para las personas que se están desplazando desde Centroamérica a causa de la violencia generalizada, y para quienes no existe aún un sistema de integración adecuado que permita asegurar condiciones mínimas de seguridad vital.
Integrantes de la Misión Internacional de Observación señalaron que durante ambos recorridos, fueron vigilados y hostigados en algunos puntos por parte de agentes de seguridad e inteligencia en ambos países.