Tras estudiar los documentos entregados por la Procuraduría General de la República en torno al caso de los normalistas de Ayotzinapa, el juez federal Óscar García Vega, determinó que no existen pruebas suficientes para comprobar la existencia del grupo criminal Guerreros Unidos.
De comprobar su teoría, constituye un fuerte argumento contra la “verdad histórica” que el gobierno federal promueve.
Luego de analizar las imputaciones formuladas contra Sidronio Casarrubias, identificado como uno de los principales líderes de Guerreros Unidos, el juez García Vega concluyó que “del caudal probatorio que obra en el sumario (de la causa penal) no se aprecian indicios suficientes para acreditar que existe la organización permanente o reiterada, de forma jerarquizada de tres o más personas”.
“Para acreditar la existencia del conglomerado criminal Guerreros Unidos, la PGR citó como evidencias tres autos de formal prisión emitidos en 2012 y 2013 contra presuntos integrantes de ese grupo delictivo. Sin embargo, la PGR nunca presentó dichos autos de formal prisión, sólo proporcionó la clave de identificación de cada uno de los tres expedientes, y le pidió al juez que rastreara dichos expedientes a través de internet”, explicó el juez federal en su resolución.
“Se considera que la autoridad ministerial debió aportar las copias certificadas de los autos de plazo constitucional (autos de formal prisión) con los que pretende probar la existencia de la organización criminal a la que alude”, lo cual, “no ocurrió”, añade la resolución.
“Pero aún cuando la PGR hubiera presentado copia de dichos expedientes, éstos tampoco habrían sido válidos, ya que, tal como explica el juez en su resolución, un auto de formal prisión se emite contra un presunto inocente, que será juzgado para determinar si es culpable de algún delito. Es decir, el auto es emitido antes de saberse si efectivamente existió delito o no”, detalla Animal Político, medio que difundió la resolución del Juez García Vega.
“Peor aún: las evidencias aportadas por la PGR ni siquiera prueban fehacientemente que dicho grupo criminal exista”, añade Paris Martinez para Animal Político.
Las declaraciones y documentos presentados por la PGR no son evidencia de que los detenidos hasta ahora por el caso Ayotzinapa estuvieran organizados entre sí para delinquir de forma sistemática, sólo son indicios de que cada uno por separado realizaba acciones ilegales.
Por lo tanto, el juez determinó que dichas evidencias “no son aptas para acreditar la existencia del grupo criminal Guerreros Unidos, por las razones expuestas, pero tampoco demuestran la pertenencia del inculpado Sidronio Casarrubias Salgado a dicho conglomerado, toda vez que del análisis de las documentales relativas a las declaraciones ministeriales en cuestión, se advierte que sólo se señalan nombres de algunas personas que se dedican a realizar actividades ilícitas en diversos lugares en el estado de Guerrero, sin embargo, tales desposados son insuficientes e ineficaces para acreditar una estructura (criminal organizada)”.
En septiembre de 2016, la revista Science propinó otro argumento contra la “verdad histórica”: descartó de manera definitiva la hipótesis del gobierno mexicano sobre la supuesta incineración de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, Guerrero, tras experimentos de quema de cuerpos hechos con cadáveres de cerdos y realizados por un reconocido científico.
Los normalistas de Ayotzinapa están desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.