YA SE HIZO NOCHE en la casa del migrante La 72 de Tenosique. Situada en el extremo sur del caluroso estado de Tabasco, la ciudad fronteriza se ha vuelto la principal entrada de las nuevas rutas de los miles de migrantes centroamericanos que cada día cruzan la frontera sur de México. Después de la cena, a base de sopa de tomate y tortillas, algunos migrantes juegan cartas, otros platican entre ellos esperando las nueve para que los encargados del albergue den las colchonetas. Hay más de 150 migrantes y las camas no son suficientes.
En la entrada, cerca del portón que se abre cientos de veces cada día, dos jóvenes miran el gigantesco mapa de México dibujado en la pared: las vías, las casas de los migrantes, los puntos rojos de zonas de peligro. Con el dedo índice de la mano derecha Manuel recorre todo lo que le falta, “la parte más difícil es el territorio de México para llegar a la frontera sur de Estados Unidos… primero Dios voy a estar aquí —indica la zona fronteriza de Tijuana— en un mes”, dice el muchacho de apenas 15 años mientras se quita el sudor de la frente. A pesar de la oscuridad nocturna, el calor de Tenosique no cesa.
Tampoco hay espacio para procesos de paz y de construcción democrática en el Triángulo Norte de Centroamérica: aquí, en esta pequeña y estratégica parte del continente americano, la guerra del neoliberalismo comercial ha tomado el lugar (o, mejor dicho, se ha puesto al lado) de las guerrillas armadas. En ello, Estados Unidos juega un papel fundamental al tomar forma de soldados armados o de tratados de libre comercio. Todo esto en un escenario de continuas peticiones de asilo y deportaciones masivas.
“Me fui de Honduras por la situación tan peligrosa de las maras y del crimen organizado. Si un joven como yo no sale del país se mete en problemas porque ellos te amenazan si no te unes, o si no quieres consumir las drogas que te venden… Mi meta es poder ayudar a mi mamá porque la situación económica es bastante fea y también hacer dinero para poder regresar a mi país, quizá cuando las cosas estén mejor”. A pesar de ser su primer viaje, Manuel tiene las ideas claras: trabajar y ayudar a su familia desde Los Ángeles, donde lo espera su hermano mayor.
Es un adolescente como los miles que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos a inicios de 2014. La crisis de los niños migrantes llevó el asunto a la mesa del Departamento de Estado de Estados Unidos. “Los padres de estos niños tienen que saber lo peligroso que es el camino y el hecho de que es muy difícil que sus hijos se puedan quedar”, así destacó el presidente Obama la crisis cuando ya no se podía ignorar. En 2016, más de dos años después, la situación no ha cambiado mucho.
Un grupo de jóvenes migrantes camina en la carretera cerca de la frontera Corozal que colinda con la frontera con Guatemala. Esta es una de las rutas nuevas más transitadas que lleva hacia Palenque, Chiapas. Foto: Ángel Hernández
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“Soy de la ciudad de San Pedro en Honduras y ahí los hijos de gente humilde como yo son destinados a la violencia, o a ser matados por ella o a cederle. Rodrigo es mi único hijo y me partió el alma cuando le dije que tenía que irse rumbo al norte… Junté unos 150 dólares y se fue. Cerca de la frontera con Estados Unidos mi hermana lo ayudaría, pero la pesadilla es llegar a esa maldita frontera. Es que no hay de otra”, dice Lluvia, de 32 años, que va camino hacia el norte para ver a su hijo después de dos años y medio.
A pesar de que los niños desaparecieron de la agenda política de los países implicados, la migración sigue, con la única diferencia de las políticas implementadas por Estados Unidos en el sur, en la tierra de nadie que es el sur mexicano.
En julio de 2014, en Plan Frontera Sur “fue el comienzo de una verdadera caza al migrante, que obligado a dejar la Bestia —tren de carga que había sido el principal medio para viajar— buscó otras rutas mucho más peligrosas y más largas”, resume el sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca. “Hoy se habla de al menos 18 rutas diferentes que pasan por los montes, por los ranchos más lejanos, y que hacen caminar a los migrantes por semanas, destruyéndolos física y psicológicamente […] Fue un plan claramente empujado por Estados Unidos para dejar a México el trabajo sucio de detención. Así, México, que siempre había sido una tierra de acogida, se ha vuelto una tierra de represión y miedo”.
Antes de ello, México había dado un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes con la emanación de la Ley de Migración de 2011, realizada después de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2010. La ley plantea “el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuera su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como víctimas del delito”. Una disposición excelente si no fuera letra muerta.
El tamaño del flujo de migrantes no ha bajado, y aunque no existan cifras oficiales, algunos activistas del fenómeno hablan de un promedio de 350 000 migrantes que entran por la frontera sur cada año. Según el informe presentado por la Redodem (Red de Documentación de las Organizaciones de Migrantes), en 2015 el 51.93 por ciento de los migrantes fueron de origen hondureño, y gran parte son de los departamentos de Cortés, Atlántida, Yoro y Comayagua; conforme a la información del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), estas zonas tienen la tasa parcial de homicidios más alta, en particular Cortés, con 70.1 por cada 100 000 personas, y 49.3 en Atlántida.
Las cifras de la migración hondureña cuentan casi dos millones de migrantes y las causas principales de la salida —o más precisamente, huida— son la pobreza y el incremento de la violencia. Las zonas más violentas son las grandes ciudades de San Pedro Sula (que frente a un promedio mundial de diez homicidios por cada 100 000 habitantes registra 171.20) y Tegucigalpa, donde el enfrentamiento de las pandillas es la mayor causa de miedo y de sucesivo desplazamiento. A diferencia de los otros países del Triángulo Norte, Salvador y Guatemala, que tienen una larga historia de bandas más o menos violentas, Honduras era un territorio más virgen. Los problemas de violencia comenzaron con las deportaciones masivas de pandilleros desde Estados Unidos.
JOVEN HONDUREÑO en su largo caminar, de más de dos días, desde El Ceibo, en la frontera de Guatemala, hasta el albergue de La 72, en Tenosique, Tabasco. Foto: Ángel Hernández
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Las pandillas, además de ataques violentos, se ocupan ahora de cobrar el impuesto de guerra, una suerte de renta para todos los que trabajan en su territorio. “Tengo dos hijos. Mira: están ahí” —me dice Heidy mientras voltea hacia el portón del albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec—. “Vendía empanadas en San Pedro y podía sacar adelante a mis hijos, pero el impuesto de guerra era muy alto y un día no tenía nada que darles de comer a los niños… Claro, les pagué porque ya sabemos que no juegan y no hay una segunda vez. Decidí venirme rumbo a Estados Unidos, donde tengo una tía que nos puede echar la mano. Para un futuro mejor, ¿sabes?”.
Aun en las zonas menos afectadas por la violencia, fuera de los grandes centros urbanos, vivir en Honduras es cada día más complicado por los bajos salarios. Los datos del Observatorio del Derecho Humano a la Alimentación en Centroamérica (DHAC) afirman que el salario mínimo en el sector de comercio y servicios cubre ajustadamente el costo de la canasta básica, y después de cubierto solo se dispone de 197.9 lempiras (9.40 dólares) para dedicarlos a otros bienes básicos.
Hedras tiene 28 años y es la primera vez que camina hacia el norte. “Jamás pensaría estar aquí, lejos de mi esposa y de mis dos hijos. Pero el dinero ya no nos alcanzaba para las cosas más básicas”, cuenta. “Trabajo en el campo desde que tenía 16 años y el salario se ha quedado lo mismo o ha bajado un poco mientras que las cosas suben de precio”. Estamos en el comedor FM4 de Guadalajara, donde cada día pasan varios migrantes por un plato de comida, asistencia médica y cambio de ropa. Es la misma historia de siempre: “Solamente quiero quedarme un par de años para juntar dinero y poder vivir bien en mi país; quiero tener una casa para mi familia”, dice Hedras.
Pero los hechos son, muchas veces, diferentes: quien no viene deportado se queda y empieza una nueva vida lejos de su hogar y de sus afectos, a veces queriéndose olvidar de lo que ha dejado atrás.
Durante el camino de “El Ceibo”, entre la frontera de Guatemala con Tabasco, los migrantes se esconden entre montes y matorrales huyendo de la migra. Foto: Ángel Hernández
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En seis meses de búsqueda sobre la ruta migratoria, las condiciones de los ciudadanos hondureños, tanto en violencia como en ausencia de trabajo, han empeorado después del golpe de Estado de 2009, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya fue obligado a salir del país y refugiarse en Costa Rica. Las elecciones que siguieron en medio de una protesta civil enorme fueron declaradas democráticas a pesar de la abstención del 70 por ciento de los ciudadanos en condición de votar. El Departamento de Estado de Estados Unidos nunca reconoció el golpe y, en una entrevista posterior, Hillary Clinton dijo que el gobierno hondureño actuó “conforme a la ley”. La derrota jurisdiccional fue la excusa con la cual los militares pudieron actuar con la pretensión de “defender el orden constitucional” amenazado por la voluntad de Zelaya de cambiar la Constitución. Ya en 2009 la administración de Obama había rechazado el golpe de Estado al aprobar las elecciones que dieron el poder al conservador Porfirio Lobo Sosa.
Antes el escenario había sido diferente. Durante el gobierno de Zelaya Honduras tuvo un promedio de crecimiento del 6.7 por ciento (2007-2008); se incrementó una política de red solidaria y de escuela gratuita. En una entrevista de 2011, Zelaya hizo referencia a algunos hechos que caracterizaron su mandato. “Mi ruptura del monopolio de energía eléctrica que teníamos con Estados Unidos y Europa y que había vuelto nuestra energía eléctrica la más cara de América Central fue el motivo de mi diferendo con el gobierno [estadounidense]”, dijo.
Este cambio acercó al país centroamericano con la Venezuela de Hugo Chávez, el gran enemigo comunista de Estados Unidos. Otto Reich, exdiplomático estadounidense en territorio latinoamericano, declararía poco después: “Si el presidente Zelaya quiere ser aliado de nuestros enemigos, déjenlo pensar en lo que podrían ser las consecuencias de sus acciones y palabras”. Y, refiriéndose al asunto de los energéticos, afirmó que “Honduras debería tener mucho cuidado porque el problema del petróleo y de Chávez es muy similar al de los que venden drogas: primero regalan drogas para que las víctimas se conviertan en adictos y luego tengan que comprar esa droga al precio que exige el vendedor”.
Los datos de crecimiento indican, sin embargo, que el golpe de Estado hundió al país en la violencia y la miseria, volviéndolo el más violento del mundo, con la deuda más alta de su historia y el más pobre de América Latina con el 65 por ciento de la población en estado de pobreza y un total de cuatro millones de personas en pobreza extrema, de acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2015.
El desplazamiento provocado por ello en los últimos años mantiene a una cuarta parte del país fuera de sus fronteras. A la cantidad de asesinatos que hay no le corresponde la aplicación de la justicia. Honduras mantiene con ello una de las tasas de impunidad más alta del continente.
“La impunidad endémica empeoró de manera increíble después del golpe de Estado, cuando hubo una salida completa del Estado de derecho. Desde ese momento, el ejército empezó a jugar un papel fundamental, pues el gobierno está apostando mucho en los militares a la seguridad. Esto es altamente peligroso porque ellos son formados para enfrentar al enemigo, no para servir al ciudadano, que termina convirtiéndose en su enemigo”, dice Leticia Salomón, investigadora de la Universidad Autónoma Nacional de Honduras (UANH).
“El involucramiento de las autoridades en el crimen organizado está presente en todos los niveles, y el aumento de presencia del narcotráfico cambió algunos equilibrios en las relaciones internacionales. Estados Unidos ha establecido el narco como uno de los enemigos principales: Honduras se ha vuelto un país consumidor que, además, se encarga de mover una gran cantidad de droga, lo cual ha motivado que Estados Unidos quiera meterse más en las políticas nacionales”, se extiende Salomón.
Además, un dato destacado por la Organización de Derechos Humanos y Solidaridad con los movimientos sociales en Latinoamérica SOAWatch: Honduras está entre los países que envían más oficiales a Fort Benning, en Georgia. Aquí se encuentra el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (WHINSEC, por sus siglas en inglés), antes conocida como Escuela de Asesinos o Escuela de las Américas (SOA), donde solamente en 2013 —último dato disponible- Honduras envió 113 oficiales, volviendo así una buena parte del ejército hondureño adiestrado directamente por Estados Unidos.
Es difícil la vida de los hondureños. Lo mismo da que estén dentro o fuera de su país. Como migrantes son criminalizados y cazados por todos lados. Foto: Ángel Hernández
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La impunidad y la corrupción son asuntos fundamentales que han cambiado las dinámicas dentro del país a causa de una siempre mayor desconfianza en el poder y en la voluntad de hacer justicia. Ya no se denuncian crímenes graves, como los homicidios o el secuestro. Quien no puede conseguir justicia por su cuenta tiene como única alternativa la huida.
“Cada tarde, cuando mi esposo regresaba del trabajo, llevaba a los niños a comprar un refresco a la esquina de la casa. Ese día se fue solamente con mi hija, de apenas seis años, y cuando estaban ahí ella se fue detrás de la bodega porque tenía que hacer pipí. En ese momento llegaron dos en una moto y le dispararon tres balas por detrás a mi esposo. Cuando la niña salió, les dice llorando: ‘¡No hagan daño a mi papi…!’. Le dieron dos balazos y cayó al suelo cerca de su papá”. Así le contó la señora de la bodega a Ofelia. Desesperada y sin saber qué hacer con el miedo a que también la mataran, se fue en el lomo de la Bestia con su hijo de dos años hasta el albergue Casa de Caridad Cristiana, de San Luis Potosí, en donde se está quedando.
“No tenía de otra. Mi familia es de un pueblito en el departamento de Olancho, donde no llueve desde hace un año y medio. Apenas hay un poco de frijolitos, así que decidí irme. ¿Y ahora qué puedo hacer?”, sigue hablando Ofelia parada en la cancha de fútbol del albergue, en donde destaca un mural gigante en el que se lee: “I was here”. Desde lejos parece simplemente una gran pinta, pero acercándose se puede notar que cada cuadrito fue dibujado por un migrante. Cada cuadrito tiene una historia, un mensaje de esperanza para alguien que ha dejado el sur o para alguien a quien se espera encontrar en el norte.
Por muchos que salen, otros regresan. Según datos de autoridades estadounidenses y mexicanas, en 2015 más de 76 000 hondureños fueron deportados a su país. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, declaró que están enviando de seis a diez vuelos por semana para deportar a los migrantes.
“Este es mi tercer viaje. Vivía en San Antonio, Texas, y ahí tengo mi familia y la posibilidad de trabajar. Las condiciones no son muy buenas, pero pagan bien, y sobre todo, si ahí pasa algo me deportan o me meten en la cárcel. Pero si pasa algo en Honduras, me matan”, dice Danny, de 32 años, sentado en una banca del albergue de Saltillo, en el estado fronterizo de Coahuila.
A pesar de lo que deriva de un Estado dirigido prácticamente por los militares, en 2014 el Fondo Monetario Internacional (FMI) negoció un acuerdo con Honduras para ayudarlo a salir de la recesión económica. La receta propuesta fue de impronta neoliberal: una suma de 189 millones de dólares conferidos en tres años, a cambio de reformas estructurales que incluyen privatizaciones y corte del gasto público y de las pensiones. La meta es bajar la deuda pública a través de la reducción del déficit presupuestario del sector público, la misma solución de décadas que en América Latina produjo fracasos continuos sin lograr subir los niveles de crecimiento.
Según un análisis del Center for Policy and Economics Research (CEPR) —centro de estudio independiente enfocado en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina-, el nivel de desempleo se incrementó del 35.5 por ciento en 2008, año de inicio de la resección, a 56.4 por ciento en 2014. En el análisis se destaca también la preocupación de que los costos de la consolidación fiscal —uno de los puntos principales del plan- recaigan sobre los más pobres del país. Los recortes, cuya parte más significativa se refiere a los gastos salariales, afectan a los trabajadores del sector público, donde trabaja la mayoría de la muy escasa clase media hondureña. El proceso de privatización de una buena parte de la economía avanza sin que lleguen los resultados esperados.
En el plan no hubo mención alguna sobre el respeto de los derechos humanos, ni una parte dedicada a la violencia o a la seguridad. Solamente una cláusula se refería específicamente a proteger a la mayoría empobrecida: un gasto social de 1.6 por ciento del PIB, insuficiente en su valor absoluto y en su aplicación.
Aun si Honduras lograra los términos del acuerdo, se quedaría con la dependencia de las Inversiones Extranjeras Directas (IED), que por un lado resuelven los persistentes déficits de cuenta corriente y, por el otro, van hacia la privatización y liberación extrema. Pero a un año y medio del inicio del acuerdo, las cosas no han cambiado para la mayoría de la población. El país sigue muy lejos del crecimiento. Incluso, en varios aspectos la situación ha empeorado. Por ejemplo, la facilidad con la cual las multinacionales pueden entrar en el país con sus maxiproyectos ha causado el desplazamiento de mucha población, especialmente de origen negra garífuna, que vive en la zona costeña de La Ceiba.
Ello ocurre no solamente por el extractivismo y la agroindustria, que con los tratados de libre comercio genera el monocultivo y la dependencia alimentaria, sino también un instrumento legal que permite el despojo. La facilidad a través de la cual las empresas extranjeras pueden entrar en el país se agravó con la entrada del programa de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), instituidas mediante decreto en 2013, que crea de facto una suerte de repúblicas casi independientes en lo que se refiere a la administración y tercerización de la justicia.
“Parece que no podamos encontrar paz”, me dijo una señora hondureña que después de haber vivido 20 años en Estados Unidos fue deportada hace ocho e intenta el camino de retorno para poder ver a su hija, ciudadana estadounidense. “Me agarraron mientras estaba regresando del trabajo, la misma ruta que hacía todos los días… pero esa vez fue diferente. Cuando me pidieron los documentos sentí como un golpe en medio del esternón, una sensación que aún no puedo quitarme”.
Es difícil la vida de los hondureños. Lo mismo da que estén dentro o fuera de su país. Como migrantes son criminalizados y cazados por todos lados. Diariamente se registran ataques perpetrados por los diferentes cuerpos de policía, las pandillas y el crimen organizado. “Los centroamericanos son muy fuertes, de espíritu y de fuerza física; huyen de una situación donde no hay esperanza ni posibilidad de vida, y regresarán por ello mismo cada vez que se les deporta”, dice sobre ello Fray Tomás, el director de La 72 en Tenosique.