Políticos y funcionarios públicos de Aguascalientes ya no podrán negarse a entregar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.
La nueva Ley de Transparencia eliminó la confidencialidad que protegía las declaraciones 3 de 3 de todos los servidores y funcionarios públicos en el artículo 19 de la antigua ley, aunque no los obliga a hacerlas públicas de oficio. Es decir, tendrán que ser solicitadas por los ciudadanos.
“La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales y fiscales de los servidores públicos que así lo determinen en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable, además de sus respectivas declaraciones de no conflicto de intereses”, matiaz la fracción XII del artículo 55 de la nueva Ley.
Entre los funcionarios locales renuentes a presentar su 3 de 3 está el propio gobernador, Carlos Lozano, quien incluso respondió molesto a un reportero que, hace unos meses, le preguntó si la haría pública.
Esta nueva ley entró en vigor con la publicación tardía, por seis meses, de una reforma a la Constitución local que además dota de autonomía técnica y financiera al Instituto de Transparencia, por primera vez desde su creación.
El decreto 335 apareció en una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado (POE) el 8 de noviembre, el mismo día que Newsweek Aguascalientes diera a conocer que la vigencia de la nueva ley de Transparencia, publicada el lunes pasado, estaba supeditada a la de esa modificación a la Constitución local.
Con su publicación y entrada en vigor, los comisionados que dejarían el cargo el próximo 31 de diciembre fueron ratificados por un año más. Además, se obliga a la próxima legislatura a elegir a cinco miembros de un Consejo Consultivo.
La reforma también da autonomía constitucional al Instituto Estatal Electoral (IEE), al Tribunal Electoral (que todavía no existe como tal), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del estado.
Esta autonomía constitucional estaba pendiente desde 2008 y había sido exigida por los anteriores comisionados del ITEA en 2010. Establecerla en la carta magna, argumentaron entonces, garantizaría su autonomía, su independencia del poder para tomar decisiones y ejercer su presupuesto.