De acuerdo con el informe trimestral de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, al cierre de septiembre, la mayoría de las principales dependencias federales gastaron a un ritmo mayor al que autorizaron los legisladores.
Así lo revela una publicación del diario Reforma, que dice afirma que “las promesas del Gobierno de ‘apretarse el cinturón’ no se han traducido en una austeridad real en muchas dependencias, que han gastado más de lo que les aprobó el Congreso de la Unión”.
Reforma destaca el caso de Presidencia que hasta septiembre había desembolsado 63.4 por ciento más, es decir mil 11 millones de pesos extras.
La justificación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es el costo de las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad de Enrique Peña Nieto.
El informe también releva que la Secretaría de Turismo se excedió con 50.7 por ciento; la Función Pública, con 50.5; la propia Hacienda, con 49.3; la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con 48.5; Relaciones Exteriores, con 35.3, y Gobernación, con 29.3 por ciento.
A inicios del mes de octubre, el secretario de Hacienda, Antonio Meade Kuribreña, pidió apoyo y solidaridad a los legisladores en el Congreso de la Unión, así como a los representantes de los partidos políticos, para lograr alcanzar sin demasiados problemas los objetivos trazados en el Presupuesto 2017.
Sin embargo, las principales bancadas de oposición en el Congreso respondieron que “el gobierno ajuste su gasto” y pidieron que sea Hacienda la que “asuma una actitud de generosidad para que el presupuesto 2017 privilegie el gasto social, con recortes a la burocracia y recursos superfluos”
El 8 de septiembre, José Antonio Meade entregó el paquete de Presupuesto 2017, asegurando que en condiciones de vulnerabilidad de ingresos, el mayor sacrificio se realizará en Pemex, y en materia de educación, comunicaciones y transportes, y salud.
El gasto neto total que propuso fue de 4.8 billones de pesos, 1.7 por ciento menos que en 2016 en términos reales, lo que representaba una reducción del gasto público programable por 239 mil millones de pesos.