CHIHUAHUA, CHIH.- El discurso que brindó Javier Corral Jurado en el acto de protesta como gobernador de Chihuahua llevaba varias interrupciones por los aplausos de la audiencia que llegó para escucharlo al centro de convenciones de la ciudad. El político panista de 50 años había iniciado su larga intervención, de una hora y once minutos, planteando un escenario en el que la rendición de cuentas será permanente, apoyado en la ausencia de compromisos deshonrosos con la que, sostiene, alcanzó la victoria electoral. Citó pasajes de su historia personal, de una infancia difícil tras quedar en la orfandad a los 11 años, para exponer la responsabilidad con la que habrá de trabajar por las víctimas inocentes de lo que llamó una “estrategia fallida” de gobierno. Lo dijo estremecido y así recordó, con nombre y apellido, a quienes lo impulsaron en su ascenso, algo que piensa retribuir desde el poder a los menores de edad desposeídos. En ese eje, que condensa maniobras financieras y el despliegue de una ambiciosa agenda social, se finca buena parte de lo que hará los siguientes cinco años. Pero la multitud esperaba la ratificación de lo prometido en campaña, el reverso en la moneda de las emociones: castigo para su antecesor.
“He ofrecido a todos los chihuahuenses llevar ante la justicia a César Duarte y sus cómplices”, dijo en el minuto veintisiete para ser interrumpido al instante con la ovación de la mayoría de los diez mil invitados en pie. “Porque para nosotros la verdadera reconciliación pasa necesariamente por la verdad y la justicia. Si es un crimen robarle el dinero al pueblo, es aún peor no hacer nada. Por eso aquí, en Chihuahua, ni impunidad y menos amnistía”.
La pobreza se mantiene estática desde comienzos de la década. Un porcentaje abrumador de los habitantes del estado sobrevive con carencias tan elementales como alimento, educación y medicina. En 2014, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), registró que el porcentaje de pobreza extrema en Chihuahua alcanzó a 47 por ciento de la población. Junto con ella, el crimen y la violencia convierten a la entidad en una zona devastada, con desplazamientos masivos provocados no solamente por células delictivas, sino por empresas públicas y privadas que invierten en la red de gasoductos y megaproyectos concebidos en el marco de la reforma energética, desde los corredores de la sierra tarahumara hasta municipios colindantes con Texas, como Guadalupe y Praxedis G. Guerrero.
Es por ello que la corrupción y la impunidad no tendrán cabida en el gobierno que principia, dijo Corral. “El gran reto que tenemos en Chihuahua es romper el pacto de impunidad que atraviesa a los más disímbolos actores políticos, económicos y sociales. Transversal a partidos, poderes, niveles de gobierno. [Voy a] desmantelar el sistema de corrupción y parar la escalada de ilegitimidad del poder. Porque juntas, corrupción e ilegitimidad, son las precursoras seguras de la violencia política. […] A todo aquel que sea descubierto en mi gobierno en actos de corrupción, saqueo, robo hormiga, será conducido a la justicia sin protección especial, así sea mi colaborador más cercano, mi asesor principal o mi compañero de hace muchos años en el partido”.
En la teoría, no le ve mayor problema a tales propósitos: presentará una iniciativa ante el Congreso local para eliminar el fuero del que goza el gobernador, y propondrá a la misma legislatura que promueva ante el Congreso de la Unión instituir la revocación de mandato a nivel federal. “Para que nuestro gobierno alcance su aspiración de ser reconocido por su honestidad y eficiencia, me comprometo a diseñar el Sistema Estatal Anticorrupción más eficiente del país, estableciendo altos estándares en la investigación penal y en la aplicación de sanciones por hechos de corrupción. El objetivo es que ningún acto de corrupción en el estado de Chihuahua quede impune, y que todos aquellos que hayan utilizado para su beneficio personal los bienes de todos los chihuahuenses, enfrenten la justicia”, resumió.
Con esa base, el gobernador habló de procesos licitatorios que podrán supervisar los ciudadanos, de fomentar acuerdos con empresas que garanticen mejores salarios a sus trabajadores y utilicen energías renovables; de mejorar el sistema de procuración de justicia, la investigación policial y la consolidación de los derechos humanos; de abatir los fenómenos del desplazamiento y desaparición forzados, la autonomía del Poder Judicial, la libertad de expresión en el marco de nuevas leyes que regulen las pautas publicitarias con las empresas de información; lo hizo también con el tema salarial, al que se propone revertir para dotar de dignidad a la clase obrera, de crear programas emergentes para madres solteras e infantes inmersos en los circuitos del abandono, para jóvenes que, en ese mismo contexto, victiman o son victimados. Se comprometió con el magisterio, para impulsarlo en su desarrollo y en garantizar el real acceso a la educación, a generar desarrollo rural bajo políticas nuevas, que generen valor agregado a los productos insignes del estado, y a establecer un plan hídrico para las siguientes dos décadas. De garantizar la integridad de los pueblos originales, violentados por autoridades y particulares a través del tiempo, y de frenar proyectos de viviendas diminutas, con las que se han enriquecido un puñado de constructores afines al poder.
Pero, advirtió, el gobierno está en bancarrota, como nunca. Y para que las intenciones cristalicen se requerirá de la participación ciudadana y empresarial, y de los demócratas del país, a quienes pidió ayuda. “No nos dejen solos. No permitamos que este proyecto fracase, porque una parte de la esperanza puede sucumbir”.
“No nos dejen solos. No permitamos que este proyecto fracase, porque una parte de la esperanza puede sucumbir”, clamó Javier Corral en su toma de posesión como gobernador de Chihuahua. Foto: Nacho Ruiz/Cuartoscuro.
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En la primavera de este año, Víctor Quintana Silveyra fue invitado como participante a la reunión sobre el Plan de Pastoral en la diócesis de la Tarahumara. Lo que escuchó en las mesas de trabajo fue la puntual reseña de la realidad que envuelve a las comunidades de la sierra desde hace años, un sometimiento brutal tanto de células criminales como de autoridades municipales, estatales y federales. Vastas zonas boscosas son depredadas para dar paso a cultivos de amapola o traficar madera. Cientos de habitantes, indígenas y mestizos, son víctimas de desaparición forzada y homicidio. Otros cientos abandonaron sus tierras por ese clima de terror, del que forman parte activa agentes municipales, policías estatales, federales y militares. Lo que existe en las cañadas y los pueblos de las planicies es un Estado delincuencial, dijo entonces, en su condición de asesor del Frente Democrático Campesino. Quintana es ahora secretario de Desarrollo Social de Chihuahua. Como tal, enfrenta tan solo uno de los grandes desafíos del nuevo gobierno.
“Creo que es necesaria la intervención de la fiscalía, coordinada con gobierno federal, para poner un hasta aquí al control del crimen organizado sobre varios municipios de la sierra”, dice. “Eso es nomás para aplanar el piso, para que dejen de hacer leva de chavos y que dejen de hacer el pillaje de pinos y la devastación para sembrar amapola. Hay que devolver las condiciones mínimas de convivencia en esas comunidades. Junto con eso, debe hacerse fuerte la presencia del Estado, conjuntando recursos en las zonas de mayor pobreza a través de los municipios y las autoridades tradicionales. Hay que reforzar el tejido social existente. Siempre se habla de sociedad civil, perfumadita y ONG´s, pero la sociedad civil más antigua y resistente está en las comunidades indígenas. Hay que ir con ellos y apoyarlos”.
En una entidad con las arcas rotas, lo que resta es la inventiva. Quintana, recién expulsado de Morena, del que fue dirigente estatal al momento de tejer la Alianza Ciudadana con Javier Corral, anuncia que dará un vuelco a la concepción que se tiene hasta hoy sobre el desarrollo social. “Hay lugares de sierra arrasados, en donde llegó el narco y se instaló sin ningún frente del Estado”, dice. El despojo de la tierra que sufren indígenas tiene como artífices no solo a los narcos, sino a grandes trasnacionales, políticos, funcionarios y empresarios que amañan títulos de propiedad para avanzar con sus proyectos. “Con ellas habrá que aplicar la ley. Esto será una labor mayúscula, subrayada y en negritas, pero debe hacerse”.
La Sierra Tarahumara y la cordillera baja que corre hasta la frontera con Estados Unidos, conforma el gran agujero negro de la entidad por el que han desaparecido miles de jóvenes desde hace una década. El registro de lo que allí sucede lo lleva de manera formal la Fiscalía del Estado, creada bajo el gobierno de César Duarte, quien presumió la disminución del crimen y la violencia a lo largo de su mandato. En otro conteo, emprendido por activistas, las cifras oficiales hablan de persistencia más que de erradicación delictiva.
“El fenómeno de la desaparición forzada no solo se mantiene, sino que se ha acentuado las últimas semanas, los últimos meses”, dice Gabino Gómez, un integrante de El Barzón que da seguimiento a 115 expedientes en poder del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHEM). “Pasa lo mismo con el asesinato y los desplazamientos. Lo que se dice es que es un asunto de mensajes al nuevo gobierno o que son casos creados de manera artificial. La realidad es que los casos van conociéndose, que aflora la verdad que antes se ocultó”.
El Barzón unió fuerzas con el CEDHEM, un organismo fundado ante la desaparición y homicidio de mujeres en la ciudad de Chihuahua, dirigido por la abogada y activista Lucha Castro desde la década de los 90. La razón es que madres, esposas e hijas de las víctimas de desaparición acudieron ante ella para denunciar sus casos, desconfiadas de las autoridades. Desde 2010, el año en que inició funciones la administración encabezada por Duarte, más de 400 hombres han desaparecido de un solo municipio, Cuauhtémoc, el centro urbano que conecta a la sierra con las praderas, distante a unos 100 kilómetros al oeste de la capital. Los 115 expedientes a cargo de Gabino Gómez, provienen de la misma región.
Cada municipio tiene su referencia de dolor y de abandono. Pero no solo la violencia deja un lastre. La corrupción atribuida al gobernador saliente comienza desde el arranque, y abarca desde el tráfico de medicamento hasta la utilización de fondos públicos para la adquisición de acciones en una unión crediticia.
“El nivel de corrupción que se vio con César Duarte no tiene antecedente en gobiernos estatales”, dice sobre ello José Luis Rodríguez Chávez, fundador de la organización civil Ciudadano Vigilante. “Eso es parte de lo que genera también una quiebra total no solo en la entidad, sino en el municipio de Juárez, que es el más importante y más poblado de Chihuahua. A nivel percápita somos el estado más endeudado y Ciudad Juárez se encuentra en las mismas condiciones, si se le compara con los 2500 municipios del país. Duarte asumió el poder en 2010 con una deuda estimada en 12 mil millones de pesos y la deja en más de 46 mil millones. Es una cifra enorme, que para entenderla mejor es preciso ejemplificar nuevamente con Ciudad Juárez, que requiere una inversión en infraestructura urbana de 80 mil millones de pesos, cuando su presupuesto anual es de apenas 3 mil 700 millones. ¿Cuándo la vamos a alcanzar si de ese presupuesto más del 80 por ciento se va en el gasto corriente? El reto para el gobierno encabezado por Corral es mucho muy fuerte. Y aunque diga que encarcelará por ello a Duarte, francamente no lo creo”.
En el acto de protesta, ningún priista notable, ni gobernadores o exmandatarios estatales de ese partido, respondieron a invitaciones. Solo Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, acudió en representación del gobierno de la república. Foto: Ignacio González/Cuartoscuro.
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En el acto de protesta, ningún priista notable, ni gobernadores o exmandatarios estatales de ese partido respondieron a invitaciones. Solo Pedro Joaquín Coldwell, el secretario de Energía, acudió en representación del gobierno de la república. Dos años antes, en octubre de 2014, Coldwell fue un entusiasta promotor de las bondades que ofrecía Chihuahua tras la reforma energética. No solo por la nueva red de ductos para importar gas natural de Texas, sino por la proyección del más grande parque de paneles solares que habrá en América Latina. Como invitado aquella vez al Cuarto Informe de Gobierno que brindó César Duarte, retrató una administración opuesta a la descrita por Javier Corral. “Las buenas cuentas que ha rendido el gobernador, los extraordinarios avances en materia de seguridad, de generación de empleos; la reconversión del estatus sanitario, del cambio a la ganadería para que pueda exportar ganado Chihuahua, el crecimiento a la infraestructura de salud… estamos muy satisfechos por estos avances”, declaró entonces.
Coldwell fue un testigo inexpresivo del discurso del nuevo gobernador, que estuvo recargado de matices emocionales. Corral sin embargo abandonó el guion para enaltecer su presencia, anteponiéndole el Don. “No solo es el representante del presidente de la república, es en enlace permanente del gobierno federal comisionado para atender al estado de Chihuahua, y nos da mucho gusto que un personaje de su estilo, de su talante, de su experiencia y de su inteligencia sea nuestro interlocutor”, dijo.
Los territorios por los que se teje la nueva red de gasoductos y se proyecta el parque de paneles solares quedaron desolados tras la violencia atribuida al narco. “La zona más deshabitada es justo la que se tiene prevista para el desarrollo de estos megaproyectos”, expuso también en 2014 Martín Solís, el dirigente estatal de El Barzón. “Primero hubo un vaciamiento que produjo la depreciación de ranchos y enormes extensiones de territorio desértico”.
Solís fue contemplado por el gobernador para ocupar el cargo de subsecretario de Desarrollo Rural. Lo rechazó de entrada ante el nombramiento de Rubén Chávez Villlarreal como titular del área. Chávez presidió la Unión de Productores de Maíz, la principal promotora del cultivo ilegal del grano genéticamente modificado, de acuerdo con Greenpeace y el mismo Barzón.
La presencia del secretario de Energía, sin embargo, no tiene mayor relevancia para el panista José Mario Sánchez Soledad, administrador general adjunto de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef). “La realidad es que se presentó el fracking como si fuera un hecho factible en el corto plazo, y cuando verdaderamente te pones a ver los retos que se tienen para llegar a la extracción real, ni siquiera está en los planes federales. Aquí hubo un adelanto por los intereses concebidos para anticiparse en el tema, sin prever el desplome de los precios del petróleo. Pero aquí, con Javier, agarrará otra velocidad”, dice.
El Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua estaba saturado antes de las 11 de la mañana, en que se fijó el inicio de la toma de protesta de Javier Corral. Las horas previas, sin que lo supiera el equipo de Comunicación Social, César Augusto Peniche, recién nombrado Fiscal General, dio posesión a Javier Benavides como director de la Policía Estatal. Benavides había ostentado ese cargo durante el gobierno de Francisco Barrio Terrazas y fue también el primer director operativo del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD). Su trayectoria policial terminó en 2001, tras renunciar al cargo de secretario de Seguridad Pública Municipal en Ciudad Juárez. Se trata de un personaje ligado a homicidios, tortura y protección de traficantes de droga que recomendó el propio Barrio con quien, dijo el nuevo gobernador en su discurso, lo “guía el vínculo indisoluble de la amistad”. El escándalo sobrevino justo en ese instante, no solo por las oscuras credenciales de Benavides, sino porque Antonio Pinedo, el nuevo director de Comunicación Social, amigo y socio de Corral, amagó con renunciar si se le ratificaba como director de policía. En el 2000, Benavides mandó encarcelar a Pinedo y al periodistaLuis Villagrana, tras la publicación de un reportaje que daba cuenta de sus presuntas ilegalidades en la revista Semanario, que aún dirige Pinedo.
Al día siguiente, el mismo gobernador salió a declarar que el nombramiento era temporal, en tanto se elige al director de la policía.
La polémica continúo. Pablo Cuarón Galindo, el encargo de la cartera de Educación y Deporte, dijo que la gratuidad en la inscripciónde la Universidad Autónoma de Chihuahua, una de las banderas en campaña, era imposible. “Fue una promesa que se hizo con el corazón, no con la razón. […] No es viable una universidad que no tenga ingresos propios y menos en las condiciones económicas y financieras como en las que está el estado, que está quebrado”, explicó el funcionario.
Previo a todo ello, Javier Corral se mantuvo encendido en sus objetivos. “Pondré todo mi tesón, inteligencia, integridad y la influencia de mi gobierno para calmar la violencia, el desorden y la injusticia que han causado tantas pérdidas humanas y materiales, tanto dolor para todos”, prometió entre aplausos.