La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Mariana Selvas Gómez y otras 10 mujeres que fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a tortura sexual por elementos de policía del Estado de México durante los operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, cuando el ahora presidente Enrique Peña Nieto era gobernador de esa entidad.
El organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) refirió mediante un comunicado de prensa fechado este martes que la detención de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos
El operativo policial de mayo de 2006 fue ordenado por el entonces gobernador Peña Nieto para contener las protestas contra el proyecto de un nuevo aeropuerto en San Salvador Atenco. Como resultado de la operación dos personas murieron, más de 200 fueron detenidas y 20 mujeres fueron sometidas a tortura sexual, de las cuales 11 denunciaron los hechos que ahora son turnados a la Corte Interamericana.
La Comisión, que tomó el caso en noviembre de 2011, consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las once mujeres, y de violación sexual en el caso de siete de ellas.
De igual forma consideró acreditado que estos actos fueron cometidos por agentes estatales del Estado de México, calificó estos hechos como tortura y determinó que las once mujeres fueron víctima de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención.
La CIDH también estableció que el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable. Finalmente, la Comisión determinó que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas.
El pasado sábado 17 de septiembre, el gobierno de México indicó tener conocimiento de que el caso sería llevado a la Corte IDH y aseguró que se ha realizado y se continúa realizando todos los esfuerzos a su alcance para impulsar la investigación del caso, sancionar a los responsables, y adoptar medidas de reparación y otras medidas para evitar la repetición de hechos similares. “Como resultado de estos esfuerzos, a la fecha, hay más de 30 personas detenidas y sujetas a proceso penal por este caso”, afirmó.
Sin embargo, la CIDH dijo que hace más de diez años de ocurridos los hechos, “no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las once mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto”.
Explicó que este caso es una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos.