Pedro Pablo de Antuñano, exdirector Jurídico de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, cuya administración encabeza Ricardo Monreal, fue detenido el pasado 16 de septiembre cuando circulaba en su automóvil en Polanco con 600 mil pesos en efectivo, y ya es investigado por la Contraloría General del gobierno de la CDMX por posible cobro de “derecho de piso” a dueños de bares y restaurantes en la demarcación para permitir su operación.
En una nota publicada en el diario Reforma, se menciona que De Antuñano, el “brazo derecho” de Monreal en la delegación Cuauhtémoc es investigado por dar autorizaciones irregulares y ser omiso en la supervisión de obras en la delegación gobernada por Morena, misma que presenta un crecimiento de condominios insostenible para la capacidad de los servicios que puede prestar la Ciudad de México.
Luego de que De Antuñano no comprobara la procedencia del dinero en efectivo que traía cuando fue detenido mientras circulaba, se determinó la separación de su cargo y se inició la investigación por parte de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México por el delito de recursos de procedencia ilícita.
Pedro Pablo de Antuñano, director jurídico de gobierno de la delegación Cuauhtémoc, ofreció una conferencia en dónde habló sobre su detención la noche del 16 de septiembre por encontrar en su vehículo una caja de cartón con 600 mil pesos en efectivo. Foto: Claroscuro
A su vez, diversos reporteros de vecinos del corredor Roma-Condesa en la delegación Cuauhtémoc, señalan que diversos establecimientos comerciales operan de manera irregular y sin permiso de uso de suelo, además de que mencionan que en la delegación existen un sin fin de obras con sellos de clausura violados y un crecimiento problema de invasión de áreas públicas por ambulantes.
La información señala que en lo que va de 2016, existen al menos 9 denuncias contra el exdirectivo y colaboradores cercanos en dependencias que estaban bajo su mando, como Verificaciones, Mercados, Calificación de Infracciones y Vía Pública, mismas que se encuentran archivadas en la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones, departamento que encabeza Martín Pedro Cruz Ortiz.
Bajo anonimato, diversos propietarios de bares y restauranteros de la colonia Condesa, Roma y la Zona Rosa han señalado que los funcionarios de la administración de Ricardo Monreal cobraban cuotas que van desde los 20,000 hasta los 100,000 pesos mensuales para permitir la operación irregular.
“Todo se arregla en una vertiente que no es la legal. Todos operan igual, no importa cuántas veces denuncies, y el delegado (Monreal) se ha negado a tener un acercamiento siquiera a los vecinos a pesar de que se lo pedimos desde abril”, dijo uno de los afectados por la corrupción que impera en los procedimientos en que incurren los funcionarios de dicha demarcación.
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Con información de Reforma y Proceso.