La Procuraduría General de la República anunció la renuncia de Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuestionado por su manejo del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014.
Horas después, la Secretaría de Gobernación notificó la designación de Zerón como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, cargo que depende directamente del presidente Enrique Peña Nieto.
Zerón es investigado actualmente por la Visitaduría de la fiscalía, junto con otros funcionarios, debido a presuntas irregularidades cometidas durante la investigación del caso Ayotzinapa, que se mantiene abierto sin que se sepa el paradero de los 43 jóvenes.
Para los padres de los desaparecidos la salida de Zerón era una condición indispensable para encontrar justicia y que ellos volvieran a cooperar con las autoridades.
En entrevista, el subprocurador de Derechos Humanos de la fiscalía Omar Betanzos negó que la salida de Zerón fuera en realidad un despido.
Las presiones en contra del funcionario se iniciaron la última semana de abril, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el caso Ayotzinapa por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó su informe final.
Mancha caso Ayotzinapa
En abril pasado, el gobierno mexicano informó que investigaba a Zerón y a otros funcionarios, por irregularidades en las indagatorias del caso Ayotzinapa. Un área de asuntos internos de la fiscalía fue instruida para “investigar la actuación de los servidores públicos de la institución en estos hechos y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes”.
El anuncio llegó poco después de que el GIEI señalara que Tomás Zerón manipuló y tergiversó la realidad al decir que representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas atestiguaron el 28 de octubre de 2014 la visita que realizó, con un detenido clave, al río de San Juan.
Según la versión oficial, en esa vía fluvial del estado de Guerrero habrían sido arrojadas en bolsas plásticas las cenizas de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, cuya suerte aún se desconoce.
Los expertos cuestionaron que en el expediente oficial no existan registros de esa diligencia, así como de la recolección de evidencia en el lugar, y que el inculpado que fue llevado a la margen del río hubiera sido torturado antes.
El GIEI pidió a Zerón apartarse de las indagatorias para garantizar un proceso imparcial. Por su parte, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos solicitaron al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que separara a Zerón de Lucio por “obstrucción de la justicia”.
Por su parte, la ONU se manifestó “extrañada” y se deslindó de las diligencias realizadas por Zerón, y lo mismo sucedió con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que colaboraba en las investigaciones.
Diversas organizaciones -incluido el propio GIEI- se unieron a la voz de los padres de los normalistas y recomendaron que Zerón fuera apartado del caso para permitir una investigación imparcial.
Tras el anuncio, los familiares de los 43 desparecidos convocaron a una conferencia de prensa para el mediodía del jueves.
Zerón de Lucio estuvo al frente de la Agencia desde la creación de este organismo, en septiembre de 2013.
La agencia integra tres áreas de la fiscalía: la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI).
De acuerdo con su perfil en la página web de la fiscalía, Zerón “ha innovado en el modelo tradicional de la policía reactiva de investigación, con un modelo de investigación y análisis”.
En 2007 el jerarca había sido removido del cargo de coordinador de control policial de la Secretaría de Seguridad pública Federal junto con otros cinco mandos, responsabilizado de “falta de coordinación logística”.
El 16 de mayo de ese año, en Cananea, estado de Sonora, 22 policías municipales resultaron muertos tras haber sido atacados por sicarios.