La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) colaborar con las indagatorias e iniciar el proceso de reparación de daños a los familiares de las 22 personas ejecutadas arbitrariamente por elementos de la Policía Federal. La CNS por su parte, respondió al informe que los “federales respondieron en legítima defensa”.
Asimismo, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales dijo que Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, está “firme en su cargo”.
“Esa determinación (la renuncia de Galindo) tendríamos que analizarla. En este momento no está puesto sobre la mesa. Se tiene que ser muy claro en el tema, hay presunción de inocencia para mandos policiacos y también para policías, quien determina si una persona es responsable o no, no es más que el Poder Judicial Federal, quien tendría que decir si hay delitos que perseguir y que sancionar”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
“Si hay pruebas de que hay una manipulación de horas, de cuerpos, si se determina que hay una alteración en el lugar de los hechos y se determina que una actuación irregular de un servidor, se le va a sancionar”, añadió.
Dijo también que están dispuestos a atender las recomendaciones de la CNDH y que si se confirma que hubo violaciones o delitos por parte de agentes de la PF, se acatará la ley.
La PF ejecutó extrajudicialmente a 22 civiles en un operativo antidrogas efectuado en mayo de 2015 en Tanhuanto, Michoacán, donde en total fueron abatidas 42 personas y un oficial, reportó el jueves la CNDH en un informe, donde también advirtió que se llevarán a cabo denuncias por las ejecuciones arbitrarias.
“Las violaciones a derechos humanos que se acreditaron no sólo implicaron actuales en contra de la ley que se tradujeron en la pérdida de vidas y en la afectación de la integridad física y mental de las personas”, explicó Luis Raúl González, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante la presentación del informe de los hechos ocurridos en el Rancho del Sol, en Tanhuato.
“Por su propia naturaleza y alcances, se verificaron conductas que dificultan que en el presente asunto haya un efectivo acceso a la justicia y se pueda llegar plenamente a la verdad, al haberse manipulado elementos y evidencias, alterándose las condiciones que permitirían realizar debidamente las investigaciones en el ámbito penal”, añadió.
En los 31 tomos del expediente de la CNDH se llegó a la conclusión de que la Policía Federal mintió en los informes que emitió sobre los hechos en Tanhuato, pues manipuló la escena del crimen, colocó armas a 16 cadáveres y reubicó 7 cuerpos. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM) incurrió en violaciones menos graves, pues las necropsias que realizó contienen irregularidades.
González aseguró que se tienen identificados a los 100 elementos de la PF que participaron en el operativo.
“Este organismo no se opone ni busca inhibir las acciones que las autoridades lleven a cabo para garantizar la seguridad pública ni rechaza el empleo de la fuerza cuando los cuerpos policiales enfrentan situaciones en las cuales su única opción sea repeler una agresión real en defensa de su integridad física, circunstancia que no los exime del respeto irrestricto a los derechos humanos, ni de observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad y oportunidad inherentes al uso legítimo y debido de la fuerza”, dijo.