Desde hace
cuatro años, Julian Assange ha estado atrapado en una embajada rodeada de
policías. Ayer, la junta editorial de The
New York Times pidió volver la atención hacia los “graves temas legales,
éticos y de seguridad” que están en juego en el caso contra Assange. Estamos de
acuerdo.
Igual que el
autor clandestinoque da nombre a El hombre en el castillo (The Man in the High Castle) de Philip K.
Dick, Assange es un escritor que disemina su obra proporcionando información
crítica sobre la realidad política y la historia colectiva de sus lectores. Y
los actores poderosos hacen denodados esfuerzos para silenciarlo.
WikiLeaks
analiza y publica información interna y auténtica de las organizaciones más
poderosas y corruptas del mundo.
Las filtraciones
más recientes en Estados Unidos demostraron que la Convención Nacional
Demócrata alteró las primarias presidenciales a favor de Hillary Clinton sobre
Bernie Sanders; lo cual, por supuesto, ha provocado especial irritación entre
los actores clave y las agencias mediáticas que se han visto implicadas.
Si bien estas
revelaciones han dominado los titulares, cabe recordar que en el último año
WikiLeaks ha divulgado también los métodos de financiamiento del terrorismo;
los tratos corruptos y los crímenes ambientales de las mineras chinas que
operan en la República Centroafricana; los planes del FMI para doblegar a la
canciller Angela Merkel en la crisis de deuda griega; el espionaje económico de
la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos en Francia, Alemania y Japón;
y los borradores de importantes acuerdos secretos de “comercio” multilateral ,
incluidos el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), el Acuerdo
sobre el Comercio de Servicios (TISA) y el Tratado Transatlántico para el
Comercio y la Inversión (TTIP).
Assange ha
seguido revelándonos la verdad a pesar de estar detenido ilegalmente, sin que
le formulen cargos. Como reconoció la junta editorial de The New York Times, sus “largos años en la embajada ecuatoriana no
han silenciado a WikiLeaks”.
Fue arrestado en
diciembre de 2010, pocos días después que WikiLeaks comenzara a publicar el
“Cablegate”. Lo metieron en la cárcel, pero siguió publicando.
Le pusieron
grilletes electrónicos y estuvo bajo arresto domiciliario durante 18 meses.
Siguió publicando.
En estos últimos
cuatro años, ha estado rodeado por un cerco policial en un intento de sabotear
sus derechos de asilo. Sigue publicando.
En febrero, ONU dictaminó
que su detención era ilegal, y que los gobiernos del Reino Unido y Suecia
debían liberarlo y otorgarle una compensación. Aunque ONU dirigió una carta a
los editores informando que su decisión era “legalmente vinculante”, muchos
reporteros se limitaron a repetir el argumento del Reino Unido, proclamado a
través de la BBC y afirmando que no era tal.
Después de
resoplar, bufar, y jurar que hará pedazos el sistema de derechos humanos de
ONU, el Reino Unido ha hecho todo lo posible para sepultar el fallo de Naciones
Unidas. Incluso recurrió a la diplomacia de cañón, amenazando a Ecuador con
graves consecuencias comerciales y de cooperación si no entrega a Assange. No
solo eso. El Reino Unido le ha negado a Assange acceso seguro a un hospital
para practicarse estudios y recibir tratamiento. Sin duda con la intención de
que, con el tiempo, su salud se deteriore a tal grado que el “problema Assange”
desaparezca por sí solo.
Estas tácticas burdas
y abusivas no son sorprendentes, si consideramos la revelación de que el Reino
Unido y Estados Unidos presionaron secretamente al Grupo de Trabajo ONU que
investigó el caso de Assange durante 16 meses, en intento indebido –y fallido-
de influir en sus juristas.
Por su parte, Suecia
se despidió definitivamente de sus días de gloria como defensora de los
derechos humanos y el respeto de las leyes internacionales cuando,
obedientemente, siguió los pasos del Reino Unido.
Este mes se
cumplen cuatro años desde que Ecuador otorgó asilo político a Assange luego que
Suecia y el Reino Unido se rehusaran a prometer que no lo extraditarían a
Estados Unidos por el asunto de WikiLeaks. Ecuador sabe que enfrenta un destino
parecido al de su presunta fuente, Chelsea Manning, quien fue condenada a 35
años de prisión en lo que ONU describió como “condiciones crueles e inhumanas”.
Manning, quien ha estado presa desde mayo de 2010, fue hospitalizada
recientemente tras un intento de suicidio.
El 16 de agosto,
Barry Pollack, abogado defensor de Assange en Estados Unidos, pidió a la Procuradora
General, Loretta Lynch, que cerrara el caso WikiLeaks argumentando el
precedente que ella misma estableció con su decisión de cerrar la investigación
sobre Hillary Clinton en el mal manejo de información clasificada.
Este mes, el
procurador general de Ecuador anunció que al fin están emprendiéndose medidas
para tomar la declaración de Julian Assange en el asunto sueco. El Procurador
Principal de Estocolmo ya había investigado dicho alegato en 2010, y cerró el
caso tras encontrar que Assange “no había cometido crimen alguno”. De hecho, la
presunta víctima dijo que “la policía lo inventó todo”, que “no quería acusarlo
de nada”; que “la policía la había obligado”.
A pesar de reabrir
la investigación preliminar de la misma acusación, en septiembre de 2010, la directora
del Ministerio Público de Suecia, Marianne Ny, ha permanecido cruzada de brazos
durante seis años. Naciones Unidas ha descrito su inacción como un
“aplazamiento indefinido”. Pero el Tribunal de Apelaciones de Suecia ha sido
menos indulgente: condenó a la fiscal por incumplir con su obligación
profesional.
Julian Assange
es El hombre en el castillo de
nuestros días. Su contribución puede parecer sobrehumana, pero él no lo es. Es
un ser humano, privado ilegalmente de su libertad y de su familia. Él lucha por
nuestra libertad. Hagamos de su libertad una realidad.
Margaret Ratner Kunstler es una abogada de derechos
civiles en Nueva York, donde representa al personal de WikiLeaks. Melinda
Taylor es una abogada defensora y jurista internacional por los derechos
humanos, quien también es integrante del equipo legal del Sr. Assange. Stella
Moris es analista legal e integrante del equipo legal del Julian Assange.
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Publicado en colaboración con Newsweek / Published in colaboration with Newsweek