Durante la administración de Francisco Olvera Ruiz cuatro contratistas fueron sancionados por irregularidades en la prestación de servicios. Tres de estas empresas están inhabilitadas por cinco años; una más, por siete.
Una de las empresas, cuya representante es María de los Ángeles Suárez Ocádiz, fue contratada para proveer 175 mil kilogramos de cacao y 175 mil kilogramos de azúcar en 2015, insumos que entregó caducos.
De acuerdo con el expediente P/4904, disponible en el portal de transparencia del Poder Ejecutivo, su suspensión para ser beneficiaria de cualquier contrato con la administración pública inició el 13 de octubre de 2015 y culminará el 13 de octubre de 2020, en el tercer año de gobierno de Omar Fayad Meneses.
La empresa de suministro de oficina y artículos de escritorio El Puente Compro Fácil SA de CV recibió una sanción por cinco años, del 27 de septiembre de 2011 al 27 de septiembre de 2016, por presentar documentos apócrifos en una licitación pública para bienes informáticos. La sanción, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, fue impulsada por María Teresa López Pérez, entonces directora general de Normatividad de Licitaciones y Política Gubernamental, como consta en el expediente P/0233.
Los dos proveedores restantes que están vetados para beneficiarse con cualquier convenio para prestar servicios son Jesús Roldán Flores, quien presentó un registro falso de contratista para participar en una licitación, en 2011, y su sanción concluye el 16 de diciembre de 2017, y Anselmo García Zambrano, que también presentó documentación fraudulenta con la que resultó seleccionado para proporcionar el servicio de fumigación.
La penalización fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 12 de octubre de 2015, y entró en vigor un día después. El 13 de octubre de 2020, según el expediente P/4056, culmina su inhabilitación.
Además, la Contraloría emitió circulares –cuyas copias posee Criterio– a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública, así como a los presidentes municipales, para que se abstuvieran de recibir propuestas de o celebrar contrato alguno sobre la materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios con estos proveedores.