Citlali, una niña indígena de 13 años, fue abusada sexualmente por un compañero de trabajo de su padre. Los exámenes médicos que le fueron practicados dieron cuenta de la violencia física y el daño psicológico que sufrió la menor. Sin embargo, las autoridades del estado de Sonora le negaron su derecho a abortar.
Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), denunció, en declaraciones a la prensa, que al momento de que la menor fue a ir a denunciar la agresión el Ministerio Público no le dijeron que tenía derecho a la anticoncepción de emergencia ni a los medicamentos antirretrovirales para evitar enfermedades de transmisión sexual.
“[Posteriormente] pidió la interrupción y estuvieron en comunicación Ministerio Público y Salud, y Salud le dijo a Ministerio que no iba a interrumpir”, lamentó Tamés en una entrevista al diario Reforma, pese a que, explicó, por ley la niña indígena debería tener acceso a la interrupción.
“Hoy en día en México a pesar de que la ley autoriza a niñas violadas a interrumpir el embarazo y está sustentado por normas técnicas y científicas avaladas por la Secretaría de Salud federal, las autoridades con la mano en la cintura están diciéndoles a estas niñas: ‘Tienes que continuar con el embarazo’”, lamentó la directora de GIRE, en declaraciones al medio mexicano.
La menor vive en un poblado de bajos recursos y pertenece a la etnia huichola, informa el diario español El País. La misma información proporcionada por el medio indica que el juez que recibió el caso, reclasificó el delito como estupro, lo que significa que la joven, engañada, habría dado su consentimiento.
“Ella fue víctima de una agresión sexual, y como tal, es irrelevante lo que el juez estime como delito penal. No hay impedimento legal para que las autoridades la apoyen”, dijo Tamés a El País. La directora de GIRE explicó al diario que la Norma mexicana 046 sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres “no establece la obligación de denunciar la agresión sexual para poder acceder al aborto legal por violación”.
Regina Tamés explicó a Reforma que una niña de esa edad tiene muchos más riesgos durante el embarazo y el parto. “Las niñas tienen un riesgo dos veces más que las mayores de 18 años”, dijo.
Mencionó que la niña indígena tendrá que viajar a la Ciudad de México para que le realicen el procedimiento. “Lo más probable es que viaje a la Ciudad de México para interrumpir, lo cual es absurdo”.
De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en México una de cada cuatro menores sufre abuso sexual antes de cumplir los 18 años.