La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos aprobó la resolución para integrarse a la investigación del
caso Ayotzinapa por tiempo indefinido, con dos asesores técnicos de la
Secretaría Ejecutiva, quienes “podrán realizar las visitas a México con la
frecuencia y el tiempo que sea necesario para su labor”, todo, sustentado por
el gobierno mexicano.
El documento analizado y
revisado por funcionarios del gobierno mexicano, padres de los normalistas
desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y sus
representantes, aprobado el pasado viernes, señala que “los asesores técnicos
especializados tendrán pleno acceso a información necesaria en los expedientes
y otras fuentes de información correspondientes del caso, de acuerdo con la
normatividad mexicana vigente”.
Asimismo, se informó que el “Estado
dará apoyo económico a la CIDH para asegurar el financiamiento del mecanismo de
seguimiento”, sin detalles del monto. Anteriormente, el gobierno mexicano
invirtió dos millones de dólares para que el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes del organismo indagara en el caso.
“Al final de cada visita y si
se estima conveniente, el relator de país y/o más de los comisionados
designados por la CIDH emitirá/n un comunicado de prensa para informar sobre el
seguimiento y los avances que se hayan registrado”, indica el documento.
La coordinación del nuevo mecanismo,
que dará seguimiento a la investigación preestablecida y no será exclusiva o
limitante de otras, estará a cargo del relator de la CIDH para México, James
Caravallo, o bien, de otro comisionado del organismo, quien tendrá autorización
para realizar tres visitas a México para consulta con el Estado y podría
considerarse una cuarta de ser necesario.
La CIDH ha demandado al
gobierno mexicano que “redoble sus esfuerzos a fin de implementar todas las
medidas necesarias para determinar el paradero o destino” de los normalistas
desaparecidos en septiembre de 2014.