El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFyA) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reparar el daño cometido a Teresa González Cornelio, indígena condenada injustamente a prisión por el supuesto secuestro de seis miembros de la ya desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), informaron Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Agustín Prodh.
Las organizaciones explicaron mediante un comunicado de prensa conjunto que esta resolución es de carácter inapelable y ordena a la Procuraduría a difundir en los medios de comunicación la inocencia de Teresa González.
La mujer de origen indígena hñahñu fue condenada a 21 años de prisión en 2006 acusada por el presunto secuestro de seis miembros de la AFI, quienes realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis de Amealco, Querétaro.
Teresa fue liberada después de tres años de encarcelamiento tras la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atrajo y resolvió el recurso de apelación interpuesto por la queretana con el acompañamiento legal del Centro Prodi.
No obstante, la Procuraduría General de la República se negó a reconocer su inocencia.
Junto a González fueron detenidas otras dos mujeres más, Jacinto y Alberta, que también fueron encarceladas y liberadas años más tarde.
En mayo pasado, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la decisión del TFJFyA que ordenaba otorgar la reparación del daño a la indígena Jacinta Francisco Marcial.
Sin embargo, todavía queda pendiente de resolución el caso de Alberta Alcántara Juan, dentro del cual la PGR interpuso un recurso de revisión pidiendo revocar una orden de reparación del daño.
González fue nombrada presa de conciencia por Amnistía en 2010, porque “se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia”.
Amnistía y el Centro Prodh consideran que los casos de Jacinta, Alberta y Teresa, continúan siendo emblemáticos, incluso en el tema de reparación, pues con la lucha de las indígenas, “se puede ganar un precedente fundamental para que la PGR se responsabilice por los daños que genera el ministerio público cuando incurre en actividades irregulares”.