El presunto operador financiero de los Zetas, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, aseguró durante el juicio que se sigue en Estados Unidos a Marciano Millán, exlíder criminal de Los Zetas en Piedras Negras, Coahuila, que el gobierno de ese estado dio contratos oficiales a este grupo criminal, según revela el diario fronterizo San Antonio Express News en un resumen que hizo sobre el juicio de dos semanas que se hizo a Millán.
“Los Zetas evadieron arrestos sobornando a la Policía Municipal. Evadieron impuestos mediante el soborno de los funcionarios de hacienda…. Obtuvieron contratos del gobierno para sus empresas de construcción y permiso para usar la cárcel de Piedras Negras como una casa de seguridad, e incluso utilizaron helicópteros estatales para huir de la persecución de los infantes de marina mexicanos mediante el soborno a altos funcionarios en Coahuila”, testificóHumberto Uribe, de acuerdo a la información publicada este fin de semana por el diario estadounidense.
La publicación, basada en los testimonios del juicio, indica que los Zetas estaban involucrados en la minería del carbón y tenía contratos con el gobierno para pintar y renovar las escuelas y construir carreteras. “Una vez que lavaban el dinero a través de esas operaciones comerciales aparentemente legítimas, los principales líderes de los Zetas evitaban el pago de impuestos”.
Los mismos reportes dan cuenta de que un testigo federal conectó por primera vez a los Zetas con Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que es investigado como parte de una diligencia de EE.UU. sobre de lavado de dinero.
Uribe dijo que él estuvo involucrado en la entrega de 2 millones de dólares en efectivo hecha a uno de los ayudantes de Moreira en un hotel en Saltillo.
El medio indica que Humberto Moreira ha puesto en duda la credibilidad de Uribe y ha exigido que los medios dejen de vincularlo con los Zetas, organización a quien él responsabiliza del asesinato de su hijo.
El San Antonio Express News refiere que los fiscales estadounidenses se han apoderado de decenas de millones de dólares en cuentas bancarias y bienes raíces de Texas que supuestamente fueron comprados con el dinero de los sobornos pagados a funcionarios del estado de Coahuila.
El testimonio de Uribe Tapia en el juicio de dos semanas de Marciano Millán Vázquez reveló que la larga investigación realizada por los fiscales federales en San Antonio centrada en el ex gobernador de Coahuila y las acusaciones de que las autoridades estatales lavaron decenas de millones de dólares en Estados Unidos está conectado a su investigación de los Zetas y sus actos violentos, como la matanza de Allende donde cientos de personas fueron asesinadas, entre ellas mujeres y niños inocentes.
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El juicio además de revelar el funcionamiento interno y salvaje de los Zetas, arrojó dudas sobre la versión de los hechos ofrecida por el gobierno de Coahuila, el cual asegura que durante la masacre de Allende ocurrida en 2011, sólo 27 personas fueron secuestradas. Sin embargo, una serie de testigos que comparecieron en San Antonio hablan de cientos de personas que fueron asesinados a manos de este cártel por una venganza entre Miguel y Omar Treviño, máximo líderes de ese grupo criminal, y un ex integrante de Los Zetas que colaboró con la justicia de Estados Unidos.
Sin embargo, la Masacre de Allende no fue un incidente aislado, según los testigos. “Era parte de un patrón de secuestros y homicidios cometidos por las personas que tenían más poder en la frontera que cualquier gobierno reconocido”, publica el medio.
La misma información explica que Moreira había dejado el cargo cuando tuvo lugar la matanza de Allende. El político se separó del gobierno local para arribar a la dirigencia nacional del PRI a la cual renunció por la acusaciones de la megadeuda que dejó a su paso en Coahuila. En su ausencia, el gobierno fue ocupado en ese momento por Jorge Juan Torres López, quien había servido en el gabinete de Moreira. Torres ahora es un fugitivo que ha sido acusado de conspiración de lavado de dinero en Corpus Christi.
Ese caso se refiere a alegatos de que millones de dólares fueron malversados del estado de Coahuila y lavados a través de cuentas bancarias en Texas, no obstante los documentos de la corte no contienen ninguna mención al tráfico de drogas.