El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció esta semana un nuevo plan contra la escasez, denominado “Gran Misión de Abastecimiento”, el cual está a cargo del ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, y en el que los ministros quedarán subordinados a los militares.
Al lanzar la “Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro”, Maduro dijo la noche del lunes que el objetivo es “acabar con los sistemas y mecanismos de comercialización que atacan, irritan y roban al pueblo”, en referencia a prácticas como el “bachaqueo” o reventa de alimentos subsidiados, que terminan en manos de contrabandistas con la complicidad de funcionarios corruptos.
Según Maduro, ese delito, castigado con cinco años de cárcel, hace parte de una “guerra no convencional” de la oposición y empresarios de derecha para derrocarlo. Frente a ese desafío, el presidente ha invocado la necesidad de otorgar más poder a los militares.
Los militares venezolanos comenzaron a fiscalizar este martes la distribución de alimentos en puertos, aeropuertos y empresas, un día después de que el presidente Nicolás Maduro les delegara un plan para paliar la aguda escasez.
“Hemos ocupado algunos puertos y hemos comenzado a visitar algunos silos, almacenes, empresas públicas, privadas, para ir teniendo (…) un gran diagnóstico nacional que nos permita poner orden”, declaró el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en un acto público.
El funcionario señaló que aunque no es partidario de la “intervención militar” en cuestiones civiles, “este es un asunto de seguridad y defensa de la Nación
Maduro argumenta que los militares pondrán orden, pues acusa a la empresa privada de controlar el 93 por ciento de la distribución de productos básicos y están “está pulverizando” todo el sistema con el acaparamiento y la especulación.
“No hay ningún cambio relevante, excepto la profundización de ese modelo que hasta ahora lo que ha hecho es destruir la capacidad productiva del país”, afirmó el economista Luis Vicente León, de la firma Datanálisis.
El aumento del poder militar en la política -comandan 10 de una treintena de ministerios- y en la economía desató fuertes críticas en sectores del país.
Amenaza “la tranquilidad y la paz”, consideró este martes la Conferencia Episcopal; en tanto que el presidente del Parlamento -de mayoría opositora-, Henry Ramos Allup, señaló se refuerza “la nefasta imagen del pretorianismo”.
En tanto, la Iglesia católica denunció este martes un aumento amenazante del poder militar enVenezuela, y atribuyó la crisis del país a un “proyecto totalitario” implantado por el chavismo.
“El acrecentamiento del poder militar es una amenaza a la tranquilidad y a la paz”, señalaron los obispos venezolanos en una declaración emitida tras su reunión anual en Caracas.
El episcopado añadió que los problemas del país -sacudido por una crisis política y económica, y altos niveles de criminalidad- hunden sus raíces en la “implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizador que el gobierno se empeña en mantener”.
La Conferencia Episcopal subrayó que “la democracia enVenezuela está resquebrajada” y acusó a Maduro de no hacer lo suficiente “para reconstruirla”.
Pese a sus críticas al oficialismo, los obispos reiteraron la disposición de interponer sus “buenos oficios” para “facilitar” un diálogo entre el gobierno y la oposición, que domina el Parlamento.
Los obispos llamaron igualmente a las autoridades a no bloquear el referendo revocatorio que la oposición promueve contra Maduro, porque pone en peligro “la estabilidad del país”.
Asimismo, tildaron como una “necesidad” que “se abra de manera permanente” la frontera con Colombia, cerrada desde hace casi un año y abierta solamente durante la jornada del domingo pasado.
Maduro, a quien la oposición busca sacar del poder mediante un referendo revocatorio, ya había advertido de la necesidad de “un poder militar cada vez más grande” para librar una “guerra no convencional” enVenezuela.
Crisis económica
El cierre de la cuenta que usaVenezuela en el banco estadounidense Citibank para sus pagos internacionales y de operaciones de varias multinacionales acentúan la crisis económica del país petrolero, cuyo gobierno intenta salir a flote dándole más poder a los militares.
Citibank confirmó este martes en un comunicado su decisión de cerrar una cuenta de pago que usa el Banco Central deVenezuela (BCV), tras realizar una evaluación de “gestión de riesgo” en el país, lo que el presidente Nicolás Maduro calificó como un “bloqueo financiero”.
A través de Citibank,Venezuela paga en 24 horas todas las cuentas en Estados Unidos y en el mundo, advirtió Maduro, lo que pone al país en serios aprietos pues debe buscar con urgencia otro banco corresponsal para evitar quedar al margen del sistema financiero internacional.
“Esto agrega una complicación porque dificulta los pagos exteriores y hace más compleja las transacciones externas en un país ya en severa crisis”, declaró a la AFP el diputado opositor José Guerra, exdirectivo del BCV.
La decisión de Citibank se suma a la seguidilla de anuncios de cierres o recortes de operaciones de empresas enVenezuela, como Coca Cola, los grupos estadounidenses Kraft Heinz y Clorox, o las aerolíneas Lufthansa, Aeroméxico o American Airlines.
Empezando a cumplir su amenaza de intervenir las empresas que cesen operaciones, el gobierno se hizo el lunes con el control -y la entregó a los trabajadores- de la planta de la empresa estadounidense de productos de higiene personal Kimberly-Clark, que suspendió operaciones argumentado “el deterioro” de la economía venezolana.
“AVenezuela no la detiene nadie. Con Citibank o sin Citibank, nosotros vamos. Con Kimberly o sin Kimberly,Venezuela va”, advirtió el mandatario.
“Las empresas se van porque no reciben divisas, no tienen con qué importar insumos y dejan de producir. La respuesta es tomar la planta, pero con qué van a producir los trabajadores”, aseguró a la AFP el economista Pedro Palma, director de la firma Ecoanalítica.
Analistas críticos del gobierno y la oposición sostienen que la crisis es resultado del modelo socialista y del régimen de control de cambio que rige desde 2003, pero Maduro asegura que es víctima de una “guerra económica” que busca provocar malestar popular para derrotarlo.